Cuando el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, fue reprobado el 16 de mayo de 2017 por el pleno del Congreso de los Diputados, por 207 votos a favor y 134 en contra, por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados por la corrupción”, “por haber maniobrado para favorecer los intereses de los cargos públicos y miembros del Partido Popular investigados” y “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”, y cuando, según palabras de la Unión Progresistas de Fiscales, la Fiscalía puede concebirse “como un mero apéndice” del Ministerio de Justicia, es obvio que, la continuidad y permanencia del Sr. Maza, a pesar de la reprobación por el órgano donde reside la soberanía popular, supone que el estado de derecho ha sido abolido por el gobierno de Mariano Rajoy, al subordinar el valor superior de la Justicia a intereses ideológicos partidistas y utilizarla para la persecución y represión de la disidencia política, además de ir contra la libertad de prensa; como está aconteciendo ahora, con más virulencia que en otras ocasiones, en relación a la actuación de asedio a las instituciones democráticas de Catalunya y contra el pueblo catalán.
El estado español, por ello, ha dejado de ser no sólo un estado de derecho –no hay garantías de respeto ni de indemnidad para el ejercicio del pluralismo político ni a la libertad de prensa, con un órgano inquisitorial al servicio de gobierno- sino que, también, ha dejado de ser un estado social. La modificación, en agosto de 2011, del artículo 135 de la Constitución Española, por acuerdo de los partidos unionistas españoles que se turnan en el poder político, PP y PSOE, deroga los derechos económicos y sociales, que se consignaron en el texto constitucional de 1978, al priorizar el pago de los intereses y principal de la deuda pública, en manos del capital financiero, antes que cualquier otro gasto de política social.
Si el régimen surgido de la Constitución de 1978 ha quebrado porque los gobernantes de turno, albaceas políticos del criminal legado franquista -instauración de una monarquìa borbónica que no modera ni arbitra (el “borboneo” de Felipe VI, en relación al conflicto político con Catalunya, es escandaloso), el riesgo de interpretar torticeramente el artículo 8 de la C.E, dando autonomía a las Fuerzas Armadas y la posición política de privilegio de la Iglesia Católica- han derogado el estado social y democrático de derecho que la Constitución Española configura, hace que el gobierno derechista del PP, de Mariano Rajoy, que mantiene en su puesto al reprobado Fiscal General del Estado, ha dejado de ser una autoridad legítima para impulsar el estado de excepción especial del artículo 155 de la Constitución contra la autonomía de Catalunya; pues, como ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional: “Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”. Si esto se dice respecto al derecho, con más razón, cuando este gobierno de Rajoy niega el valor superior de la Justicia, al mantener al reprobado Fiscal General del Estado.