El sindicato asegura que en el último año, la Agencia Tributaria de Canarias ha dejado de recaudar por vía ejecutiva más de 30 millones de euros y parte de esta deuda corre el riesgo de que prescriba como ya lo han hecho más de 4 millones de euros.
Intersindical Canaria, señala que este disparate tributario se debe a que el programa informático responsable de la recaudación ejecutiva de los tributos en Canarias,incorporado en Magin, encargado a la empresa INDRA, implantado hace un año, no funciona a pesar de haber tenido un coste de más de 4 millones de euros.
Según afirman, muchos expedientes de fraudes fiscales, de deuda pendientes, etc. se han quedado en el sueño de los justos y el dinero está a punto de perderse porque el programa tuvo y tiene muchos problemas en su implantación. De hecho, los técnicos informáticos de la Agencia Tributaria advirtieron que el programa de recaudación ejecutiva de INDRA era inoperativo y causaba muchos problemas. Estos mismos técnicos plantearon que era un gran riesgo implantar el nuevo programa y migrar los datos sin un periodo de ensayo y puesta a punto.
Así, los problemas se han ido acumulando y el resultado de todo este disparate es que la Agencia Tributaria Canaria lleva ahora un año sin capacidad de recaudación ejecutiva, perdiendo dinero, porque el programa no funciona.
«Para colmo de males -expresan- el Gobierno Canario ha habilitado recientemente una partida presupuestaria para adquirir de forma externa una herramienta informática para ayudar en la lucha contra el fraude fiscal a sabiendas de que el sistema informático de recaudación que es el responsable de hacer efectivo la ejecución de los importes defraudados falla. El Gobierno de Canarias creó la Agencia Tributaria Canaria sin una planificación informática tributaria a la altura de las circunstancias y toda la recaudación ejecutiva en Canarias se soporta en un programa informático que no funciona elaborado por una empresa externa».
Intersindical Canaria, denuncia “que por culpa de la inoperatividad de este programa los empleados Públicos de la Agencia Tributaria Canaria no tenemos ninguna capacidad de prestar servicios adecuados a la ciudadanía mientras persista la grave disfuncionalidad del programa informático con el que nos obligan a trabajar elaborado por una empresa externa” .
Este déficit en el programa informático tiene además graves consecuencias sobre la prestaciones que reciben los ciudadanos que ven menoscabados sus derechos tributarios. Añade IC que se dan muchos casos paradójicos. Mientras a algunos ciudadanos se les ha embargado en múltiples ocasiones por el mismo concepto, otros quieren pagar sus deudas y no pueden. No siempre se pueden emitir certificados de estar al corriente de los pagos de los tributos canarios, lo que tiene repercusión sobre la solicitud de subvenciones o los créditos empresariales y privados.
La pregunta que subyace tras este programa inoperativo y es la que se hace el sindicato denunciante es, “¿a quién beneficia esta situación de parada en la recaudación ejecutiva? Como plantea el representante de los trabajadores “no sabemos si este situación está provocada y favorece a alguien o es simplemente el resultado de la incapacidad del Gobierno para recaudar sus propios impuestos”.
Denuncian que la irresponsabilidad del Gobierno no sólo afecta al propio gobierno y a sus administrados sino que se extiende a otras Administraciones Públicas. De hecho la recaudación ejecutiva en muchos ayuntamientos del Archipiélago está conveniada con la Agencia Tributaria Canaria y que la recaudación ejecutiva sea inoperativa por un programa informático que no funciona afecta directamente a los recursos económicos con los que cuentan las administraciones locales.
Francisco Alemán, de Intersindical Canaria afirma que «para rematar el sin sentido de la Agencia Tributaria de Canarias y de la Consejería de Hacienda, en los procedimientos informáticos, incluidos el programa de recaudación de INDRA, queremos denunciar el gran déficit que afecta a la Seguridad Informática. No existe, como establece el Esquema Nacional de Seguridad de obligado cumplimiento para todas las administraciones, ninguna política de seguridad, ni equipos que respondan a la necesidad de proteger los datos , ni procedimientos escritos de seguridad, ni protocolos de seguridad de ningún tipo».
Por todo ello Intersindical Canaria propone que se exija desde la Agencia Tributaria Canaria y la Consejería de Hacienda a la empresa INDRA, a la que se ha pagado por la herramienta informática de recaudación en ejecutiva, que se haga cargo de resolver los numerosos errores detectados y se complete la funcionalidad especificada en los pliegos, se responsabilice de las pérdidas ocasionadas que el mal funcionamiento de su producto ha generado a la Hacienda Canaria en el último año y desde el Gobierno se habilite a los informáticos y al resto de las direcciones generales o departamentos del Gobierno con competencias en informática para que no continúe con la externalización a empresas privadas ajenas al Gobierno de Canarias de una cuestión tan delicada como son los tributos y los derechos tributarios de los Canarios.