La iniciativa impulsada por Unidos Podemos fue apoyada por PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. Ana Oramas, «la Voz de Canarias en Madrid» según CC, matizó que se trata de una moción y no de un proyecto de Ley.
También aclaró que su partido tiene un acuerdo marco con el PP y que esta iniciativa no afectaba a los compromisos del Gobierno estatal con Canarias.
El conflicto con Catalunya eclipsó la noticia, que situaría las políticas de Coalición Canaria en el ámbito de su defensa del gas como «energía de transición», al menos en Tenerife. La diputada de CC en el Congreso dijo que el Gobierno estatal está manteniendo los acuerdos establecidos en la agenda canaria que pactaron para que los nacionalistas apoyaran la investidura de Rajoy y los Presupuestos Generales del Estado.
Los propulsores de esta iniciativa la sacaron adelante con los apoyos del PSOE y Ciudadanos y contaron con el apoyo a la hora de votar de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias, por lo que salió finalmente aprobada. El PNV se abstuvo y el PP y Foro Asturias decidieron votar en contra.
El texto aprobado medidas como la defensa del acceso prioritario de las renovables a la red eléctrica, eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.
Asimismo, también llama a limitar «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala el texto de la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados». Si bien Unidos Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso».
«Sólo deberían permitirse cuando otras soluciones, como las de la demanda, el refuerzo de las interconexiones, o el almacenamiento, sean insuficientes». En todo caso, con un umbral de emisiones en todas las centrales no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.
Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la UE. Asimismo, también llama a reforzar cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% con el fin de alcanzar en 2050 la meta de edificios y barrios «100% pasivos».
