La Constitución del 78 configuró un régimen político autoritario, centralista, monárquico y netamente favorable al capitalismo.
En el mismo no quedaron debidamente salvaguardados los derechos democráticos, puesto que pueden ser suspendidos mediante la declaración de estado de excepción; se le asigna al Ejército una misión interior, lo que legalizó su eventual intervención contra sectores populares; se negó rotundamente el derecho de autodeterminación y no fueron reconocidos derechos esenciales de la mujer como el derecho de abortar. Así mismo se aprobó la institución monárquica, sin someterla a consulta por separado al pueblo. En resumen, un auténtico «corsé acorazado» en lo político, en lo económico y en lo social. A lo anterior hay que añadir la reforma del artículo 135 que establecía la prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier otra ya sea sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc., llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular en 2011. Fue una reforma para peor, para mucho peor.
Ahora casi 40 años después el régimen de la Constitución de 1978 afronta su más serio cuestionamiento derivado de la cuestión nacional catalana y con la aplicación del artículo 155 profundiza en el cumplimiento del mencionado papel de corsé que la historia de la llamada Transición le asignó. Y no es solo eso, hay que tener muy presentes las nuevas vueltas de tuerca que ya están anunciadas, los próximos ataques al sistema público de pensiones, el anuncio por el ministro Montoro de que el presupuesto sanitario para 2018 baja del porcentaje crítico del 6%, concretamente al 5,8%, dato que para las organizaciones para la defensa de la Sanidad Pública supone, conforme a todos los estudios sobre viabilidad de los servicios sanitarios, la más seria amenaza al Sistema Nacional de Salud y por ende la sentencia de muerte para muchos pacientes.
Hay que señalar que muchas han sido las luchas que han venido impugnando al régimen del 78, muchas las huelgas generales, las masivas movilizaciones del 15 M y el crecimiento de las expresiones político-electorales de cuestionamiento a los partidos e instituciones de dicho régimen, así como de apoyo a opciones alternativas. Muchos pueden ser los puntos de ruptura con el régimen del 78 para las clases populares y otros pueblos y nacionalidades del Estado español, tanto sus problemas nacionales como también las consecuencias en las condiciones de vida y trabajo de los distintos aspectos esenciales petrificados en la Constitución del 78, de las bases económicas de la sociedad de mercado capitalista, de las restricciones a la democracia y a los derechos sociales y personales.
En Canarias tenemos sobradas razones para aportar todo el esfuerzo posible de cara a la movilización impugnatoria del nefasto régimen del 78. Con una economía estructuralmente descompensada como ninguna otra Comunidad Autónoma, tenemos los mayores índices de paro del Estado Español, los salarios más bajos, las pensiones más bajas, una de las mayores tasas de precariedad laboral, con el mayor acumulado de retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, las mayores listas de espera en los servicios sanitarios, un elevadísimo nivel de fracaso escolar……. Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa del 44,6% de la población, según el VII informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES).
Además en Canarias el déficit democrático se multiplica haciendo posible un sistema electoral en el que un 17% de la población vota la mitad del Parlamento, cosa que no ocurre en ningún sitio del Estado español y tampoco ocurre que para que a un partido se le tenga en cuenta deba superar barreras intolerables que provocan acuerdos con otras formaciones, pactos que no son programáticos, sino para poder superar dichas barreras, dándole un carácter “sospechosamente oportunista” a la representación institucional además de ser un obstáculo objetivo a la expresión cohesionada de las aspiraciones del pueblo canario, como tal, frente al egoísmo insularista y al restrictivo Estado de las Autonomías que impide el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Es necesario romper el «corsé acorazado» del 78, por el bien de los derechos sociales y nacionales, así como de las libertades individuales y colectivas. Con el estallido de la «cuestión catalana» asistimos a un momento histórico que pone la posibilidad de esa ruptura en primer plano, otra cosa es que las clases populares y pueblos y nacionalidades del Estado español seamos capaces de estar a la altura de dicha oportunidad.
¿Para cuándo un llamamiento para iniciar la necesaria confluencia social y política en Canarias? ¿y en el conjunto del Estado?