La turismofobia. Esa es la razón del Gobierno de Canarias para negarse a implantar la tasa turística en el Archipiélago. Es la respuesta que recibimos esta semana cuando desde Podemos volvimos a plantear en el Parlamento de Canarias la necesidad de implantar esta tasa ya que supone un importante impulso económico ante el reto que conlleva la regeneración de nuestro modelo turístico. Una respuesta que creemos decepcionante porque implica una negativa a reflexionar sobre ello y también una falta total y absoluta de autocrítica y análisis sobre las deficiencias de nuestro principal motor económico.
Lo que más nos sorprende es la relación que encuentra el Gobierno de Clavijo entre esta necesidad y un problema totalmente ajeno a nuestras islas, la turismofobia. Por suerte, en Canarias existe una consciencia colectiva que identifica las responsabilidades sobre las desigualdades económicas con un gobierno sustentado por un sistema electoral profundamente injusto, y no con el turismo. En todo caso estaríamos hablando de ‘ATIfobia’.
Desde Podemos tenemos claro que lo primero que debemos afrontar es cómo hacer que el volumen actual de turistas sea sostenible, cómo hacer frente a la gestión del impacto que genera en nuestro territorio. Plantearnos cómo diversificar la oferta y cómo añadir valor a nuestros productos.
Nuestro Archipiélago está experimentando un incremento significativo en el número de turistas. Una población de 2 millones habrá recibido a finales de este año a unos 16 millones de turistas. Hablamos de un territorio a la cabeza de España en índices como la desigualdad, el paro, pobreza infantil y donde el sistema sanitario público se encuentra a la cola de todo el Estado. Un territorio con un sector turístico que no revierte en el beneficio de una mayoría social, que no penetra en otras capas sociales y que sólo enriquece a unas élites económicas locales, así como a las grandes tour-operadoras extranjeras que asumen todos esos beneficios. La contribución del turismo no se refleja en la economía real ni en el empleo, funciona como compartimento estanco dentro del modelo productivo canario.
Pero ¿quién paga los costes que genera el impacto de esos 16 millones de turistas sobre el territorio? La respuesta es clara, lo pagamos todos.
El Gobierno de Canarias, principal representante de los intereses privados, no parece manifestar ningún tipo de preocupación por este obsoleto modelo. Al contrario, presumen de su recaudación a través del IGIC. Bien sabe este nuevo consejero de turno, por ahora no sabemos cuantos Festivales de Música resistirá, que dicha recaudación no es suficiente para costear, ni siquiera, la renovación de las degradadas zonas turísticas.
Mientras todos los costes del impacto negativo del turismo de masas son costeados por la sociedad canaria, la realidad es que tenemos los peores sueldos, sufrimos la mayor precariedad y la mayor explotación laboral del conjunto del territorio nacional. Curiosamente gran parte de los empresarios encuentra en las condiciones laborales el mayor hándicap para el crecimiento del sector, por eso recomiendo leer algunas de las entrevistas recogidas en el libro “Canarias, ¿líder turístico?” de Marta cantero y José Carlos Mauricio.
A pesar de la degradación de nuestro marco laboral, de las reformas del PSOE y PP, encuentran en el marco laboral su mayor problema. Esta precariedad no es suficiente porque Canarias compara sus salarios con países como Túnez o Egipto, competidores en el mercado del turismo lowcost.
Por todo ello, creemos que el debate no está tanto en la aversión sino en el miedo irracional que sufren los dirigentes de CC a perder la protección y el amparo de sus amigos, los empresarios turísticos, para los que gobiernan. Por eso, recogen al dictado sus indicaciones y demandas, mientras esperan que el resto de la población acepte su modelo de masas como el único posible.
Sin embargo, ya le advertimos que es un arma de doble filo porque la indiferencia que manifiestan ante los problemas reales de los canarios y canarias es el caldo de cultivo donde se cuece a fuego lento la ‘ATIfobia’.
Juan Márquez,
Diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias y secretario de Acción Institucional del Consejo Ciudadano Autonómico