La nueva Ordenanza, entrará en vigor el próximo día 23 de octubre
Podrán acceder a las ayudas las viviendas cuyo valor catastral no supere los 60.000 euros, el doble de lo que se estableció en la primera convocatoria
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 29 de septiembre de 2017. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado hoy de forma definitiva la nueva ordenanza que regula las bases del programa de concesión de ayudas para los gastos por vivienda habitual, conocido popularmente como IBI social, dirigido a las familias del municipio más vulnerables social y económicamente.
La norma fue aprobada inicialmente por el Pleno el pasado 28 de julio, con el voto favorable de todos los grupos políticos municipales, a excepción del Partido Popular. Frente a las Bases que rigieron la convocatoria del pasado año, la Ordenanza introduce importantes modificaciones y, sobre todo, amplia considerablemente el número de potenciales beneficiarios, al duplicarse el valor catastral máximo de las viviendas, pasando de 30.000 a 60.000 euros, e incluir también a los usufructurarios y superficiarios de las mismas, y no sólo a los propietarios.
Para el otorgamiento de estas subvenciones y su cuantificación se tienen en cuenta tres factores: el valor catastral de las viviendas, el número de miembros de la unidad de convivencia y sus ingresos brutos anuales. Combinando estos tres factores no sólo se amplía el abanico de posibles beneficiarios, sino que también se ajusta el importe de las subvenciones a las circunstancias de las familias solicitantes, propiciando así un trato igualitario y equitativo.
Además, se introduce un límite máximo del importe de la subvención, fijado en 300 euros, como factor corrector de los posibles agravios comparativos entre viviendas de menor y mayor valor catastral.
Por otro lado, la Ordenanza introduce dos regímenes especiales, uno para aquellas familias titulares de sus viviendas que se encuentren en una situación acreditada de especial necesidad, concretamente las perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción, Prestaciones Económicas Municipales para Situaciones de Especial Necesidad o de Emergencia y Ayuda a Domicilio, y otro para las arrendatarias de viviendas protegidas calificadas en régimen de alquiler que tengan la obligación de pagar el IBI.
La configuración de la subvención como ayuda de carácter social permite que pueda ser declarada como exenta, a efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no teniendo por tanto que ser declarada como ingreso en la declaración del IRPF.
La nueva Ordenanza fue sometida a exposición pública durante 30 días para que los interesados pudieran presentar alegaciones, sin que se haya formulado reclamación alguna por parte de ningún ciudadano o colectivo. El concejal de Cohesión Social Jacinto Ortega, ha señalado que “nos hubiera gustado haber aprobado antes esta importante herramienta, sin embargo, su entrada en vigor se ha retrasado debido a la presentación de un escrito de alegaciones por parte del PP, pese a que los concejales carecen de legitimación para participar en el trámite de exposición pública.
La convocatoria de las ayudas se publicará una vez entre en vigor la norma, pudiendo presentarse las solicitudes, según el concejal, “previsiblemente, y salvo alguna dificultad de última hora, a partir del 23 de octubre y hasta el 10 de noviembre”.
Según los datos recabados por el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, el número de potenciales beneficiarios de la ayuda teniendo en cuenta sólo el valor catastral de las viviendas podría llegar a los 30.000, si bien a esta cifra habría que restar la correspondiente a aquellas familias cuyos ingresos anuales superen los topes máximos establecidos en las Bases.
Sin perjuicio de ello, sólo los integrantes del colectivo especial de perceptores de ayudas sociales suponen casi 14.000 familias, a las que habría que añadir las arrendatarias de viviendas protegidas en régimen especial de alquiler, que podrían superar las 1.700.
El concejal de Cohesión Social, ha querido poner de manifiesto su “especial satisfacción por la aprobación de la nueva Ordenanza, para cuya redacción se ha contado con la colaboración de los grupos políticos de la oposición de Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria”.
Ortega ha asegurado que “estamos convencidos de que la puesta en marcha de esta herramienta, fruto del consenso entre todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, a excepción del PP, va a suponer un alivio para la economía de muchas personas y familias de nuestra ciudad”.
“En este sentido, añade, no sólo mi concejalía en cuanto impulsora de la Ordenanza, sino también el resto de concejales integrantes del actual grupo de gobierno, hemos aunado esfuerzos para sacar adelante el proyecto, con el objetivo último de contribuir a que aquellas personas que se encuentren en una situación económica delicada puedan estar tranquilas con respecto al pago del IBI”.
Para poder acceder a la subvención es imprescindible que los solicitantes figuren como titulares de las viviendas en el Catastro. A tal efecto, el Ayuntamiento recomienda encarecidamente a todas aquellas personas que no hayan regularizado la información catastral, que procedan a hacerlo en los próximos días, bien en las propias oficinas municipales, bien a través de la Dirección General del Catastro, a través del enlace http://www.catastro.meh.es/esp/procedimientos_tramites.asp.
Para percibir estas ayudas es necesario que los dueños de inmuebles que se acojan al IBI social tengan su recibo domiciliado en una entidad bancaria. En el caso de no tener el IBI domiciliado, el Ayuntamiento facilitará a los solicitantes esa domiciliación en el mismo momento en el que se registra la petición de la ayuda en cualquiera de las oficinas municipales.
Entre el 23 de septiembre y el 11 de noviembre, los propietarios de viviendas podrían solicitar la ayuda en cualquiera de las dependencias municipales o a través de la sede electrónica municipal (www.laspalmasgc.es)