La desigualdad que impera en el estado español, no tiene tan solo una motivación salarial, por más que el salario de las y los trabajadores lleve años depreciándose en favor de las patronales y las multinacionales que los explotan –no digamos si encima trabajan eventuales en la hostelería- en el precariado así como con la ausencia de subsidios de desempleo de más de dos millones de personas.
Siendo todos estos factores muy importantes que incrementan la desigualdad, capitales diría yo, he incluyo en estos factores de desigualdad, el salario de las pensiones, pues son eso, debido a su generación mediante el trabajo y los años cotizados por los y las pensionistas-trabajadoras. Otro factor de la desigualdad son las cargas que de forma obligatoria las clases populares deben soportar quieran o no y de las que son esclavas.
Los copagos sanitarios, estarían dentro de esa obligatoriedad hacía las personas humildes. Otra es el precio de la energía eléctrica, la luz. Las gentes –todas- no pueden calentarse, conservar los alimentos, alumbrarse o refrigerarse aunque sea mediante ventiladores baratos, si no tienen luz. Si no les cortan la luz. Sino pagan el recibo de la compañía eléctrica de turno. En el Reino de España cinco compañías, comercializan el 90% de la electricidad y constituyen un oligopolio (Yo diría un monopolio perfecto, pues el oligopolio dicta las normas y controla el mercado en exclusiva a efectos prácticos). Además UNESA su patronal, es en realidad un lobby político con un inmenso poder político, valga la redundancia, que controla al gobierno del PP y tiene importantes tentáculos en otros partidos.
Pero veamos, como se produce esto. Desde 1997 (y no niego que antes no hubieran ya abusos de las eléctricas privadas) la Unión Europea, insta a España a liberalizar y desregular precios. La UE una vez más trabajando en favor del capital privado, el mercado y favoreciendo la desregulación. Nunca en favor de las personas. Pues bien desde 1997 el problema aparece y el Gobierno de turno deja de regular e incluso negociar con representaciones sociales y de consumidores los precios. Ya solo cuentan las empresas privadas del sector.
Saltando un poco en el tiempo, el ex ministro Soria y el secretario de estado de energía Alejandro Nadal con el impulso político de Aznar y de Rajoy, se convierten en los grandes valedores del negocio-timo-robo de los precios y de la especulación eléctrica.
Las políticas Soria-Rajoy nos han convertido en base a operaciones matemáticas tan complicadas como favorecedoras del interés privado no en consumidores, no, sino en deudores. Se idea un asunto llamado “déficit tarifario” con diversas excusas, como la de la moratoria nuclear al objeto de que en el recibo que se sube a capricho mediante unas subastas, tenga una justificación. Subastas de la luz que es un servicio público, en el que participan las eléctricas siempre. Que provocan las extrañas subidas de las que el personal jamás se entera. Solo cuando paga y como el recibo de la electricidad hay pagarlo si o si, pues las clases trabajadoras, el pueblo humilde y las personas pobres pagan y sufren. Pero si no pagan las consecuencias son terribles. Las empresas trafican con la necesidad imperiosa y el Gobierno de forma corrupta cubre y justifica al oligopolio eléctrico.
Estamos ante un inmenso caso de corrupción de la legitimidad. Puede ser legal, pero ni es legítimo, ni democrático, ni humano. Es la pura dictadura de los mercados, en este caso del mercado eléctrico.
Entonces, ¿cuál es la solución? Desde luego las medidas personales y el ahorro individual son una simpleza que no soluciona el problema y solo sirven para echar la culpa al pueblo acusándolo de despilfarro que es la cantinela para justificar la austeridad impuesta. Las iniciativas de cooperativas de consumidores son importantes e interesantes, pero no llegan a la inmensa mayoría de las clases populares, que cuando más pobres y necesitadas o precarias son, menos se enteran. Las soluciones deben ser colectivas, no individuales ni de incremento de una “competencia” que al final el oligopolio eléctrico acaba cooptando o marginando. La única solución realista es la nacionalización de las eléctricas. Convertir la electricidad en un servicio público y con control democrático, lo cual no quiere decir ineficaz. Para ineficacia la del oligopolio. La privada. Hay comarcas españolas con constantes cortes de luz, comarcas y barrios urbanos enteros donde hace más de treinta años que no se renuevan ni modernizan las infraestructuras eléctricas que sirven a la población. Redes anticuadas e incluso peligrosas. Apagones por cualquier tormentilla y viento racheado de media intensidad. Falta de atención. Mala educación, abuso y vejaciones contra los y las usuarias. Cortes de suministro a personas pobres, ancianas excluidas o familias en el paro que por pura necesidad no pueden hacer frente al recibo (luz o comer). Junto a un robo constante y encubierto a toda la población.
Para un socialista, que el asunto de los servicios públicos y lo público debiera estar meridianamente claro, la nacionalización de quienes cometen fraude constante es una obligación ética y moral. Para cualquier persona honrada y de bien no consentir este expolio ilegitimo es una obligación de primer orden.
Hasta ahora las compañías eléctricas nunca han sido auditadas. Nadie sabe a ciencia cierta de donde sale la deuda y el maldito déficit tarifario. La Unión Europea no puede ser lo que es y que no se si tiene solución (Desde luego para un obrero medio de Gales o del norte de Inglaterra, no), pero lo que está claro que su política de imponer privatizaciones es un fracaso para las personas. La UE es un factor muy activo en el incremento de las desigualdades y lo podemos comprobar no solo en este sector económico, sino en otros.
Por eso hemos de reclamar con fuerza por coherencia, por honradez y por inteligencia la nacionalización de la energía eléctrica. En cuanto a los pagos compensatorios que estas compañías reclamen, pues una auditoria sería y veraz y seguro nos deben dinero a todas y todos los ciudadanos y habitantes del estado español.
Carlos Martínez es co primer secretario de Alternativa Socialista/Socialistas y del Consejo Científico de Attac