A estas alturas del “verano de las microalgas”, supongo que nadie podrá afirmar ni negar tajantemente que los vertidos incontrolados y los nutrientes que aportan al medio marino han contribuido al bloom que ha afectado y afeado gran parte del litoral canario.
Bueno: nadie menos Clavijo, Carlos Alonso y la Nomenclatura del Régimen que lo niegan tajantemente y han intentado por todos los medios construir un cortaaguas entre las algas y los vertidos incontrolados al mar. Ese mar que rodea a las Islas que muchos hemos exigido delimitar con las líneas archipielágicas y ponerlo bajo administración autonómica. ¿Para ésto?
La razón de este empecinamiento es que hablar de vertidos incontrolados es hablar de una historia de flagrantes incumplimientos legales (de todo tipo de normas jurídicas, desde la Directiva 91/271/CEE, pasando por las leyes españolas y canarias y llegando a los instrumentos de planeamiento: planes insulares de ordenación y planes hidrológicos insulares, ya que cada isla constituye una “demarcación hidrológica independiente”).
Los incumplimientos incumben especialmente al Gobierno regional y a los cabildos. Les marearía si transcribiera sólo una pequeña parte de las normas incumplidas. Sólo un ejemplo: la Directriz 31.5, con rango de Ley autonómica, que se define como Norma de Aplicación Directa, establece que “el Gobierno de Canarias prestará una especial atención a las circunstancias en que se producen los vertidos mediante emisarios, manteniendo controles regulares del cumplimiento de los requisitos que los autorizaron y colaborará en las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al mar”….
Si buceamos en el Reglamento estatal del dominio público hidráulico o en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife, comprobaremos cómo en la autorización y vigilancia de los vertidos están entretejidas las responsabilidades del Gobierno, a quien corresponde la autorización, y de los cabildos. Y cómo son la isla o las comarcas, y no los municipios, el ámbito de ordenación en esta materia.
Por eso son tan desvergonzados los intentos de Clavijo de escudarse tras la buena imagen de las Islas o el de de Carlos Alonso de echarle el muerto de los vertidos incontrolados a los ayuntamientos. Porque son el Gobierno y los cabildos, singularmente el de Tenerife, presididos por Coalición Canaria desde el tiempo de maricastaña, los grandes responsables de todo este desaguisado contra el derecho constitucional de los canarios al medioambiente, a la salud y contra el futuro de Canarias como destino turístico. Por eso no quieren hablar de vertidos incontrolados.
Por eso no quieren bajo ningún concepto que se hable de los vertidos; porque constituyen una radiografía de las zonas de sombra de un sistema de poder basado en la propaganda, la desinformación y la no asunción –por principio– de ninguna responsabilidad política. Un Régimen del que debemos desembarazarnos y refundar una autonomía del Archipiélago digna de ese nombre.
Clavijo se ha puesto especialmente inquieto. Porque hace poco, muy poco, que ha derogado casi en bloque, siguiendo instrucciones tajantes del lobby de los constructores, las Directrices de Ordenación General mediante la Disposición Derogatoria Única de la Ley del Suelo.
Las Directrices fueron el fruto de una reflexión colectiva, realizada al borde del Milenio, sobre el crecimiento económico de Canarias y sus límites después de la vorágine desarrollista de los años 90. Y fueron aprobadas con un amplio consenso y, para subrayar su trascendencia como decisión política, en forma de Ley.
La Memoria de la Directrices, también derogada sañudamente aunque careciera de valor normativo propio, subrayaba cómo las regiones insulares se enfrentan a una problemática específica en materia de residuos “agravada en las que han experimentado un fuerte desarrollo turístico, circunstancia que incrementa en Canarias la producción de residuos urbanos en un 22% sobre la media estatal” (apartado 2.4.3 Energía y residuos).
Precisamente por eso, la Directriz 85, después de fijar como objetivo básico de las infraestructuras el de contribuir a la sostenibilidad del desarrollo de Canarias, ordenaba que la planificación y ejecución de las infraestructuras deberá dirigirse, preferentemente, hacia las infraestructuras ambientales “como….el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos” (Directriz 85.2.a). La propia Ley definía también esta directriz como Norma de Aplicación Directa.
Las derogaron de un plumazo. Y cuando el Consejo Consultivo señaló el vacío y la inseguridad jurídica que esa derogación iba a producir, rápidamente encargaron (esta práctica es también marca de la casa) otro Informe, probablemente inspirado por los mismos redactores de la Ley aunque llevara la firma de una alta funcionaria, que desdeñaba los reparos de constitucionalidad señalados por el Consejo Consultivo con el “argumento” de que la derogación de las Directrices “en lugar de generar un vacío sirve para clarificar y resolver un ordenamiento confuso”, porque las directrices son un mero “conjunto de recomendaciones”. Y rematando con la genialidad de que no hay tal vacío porque “la situación es análoga” a la que se daba entre 1999-2003, es decir cuando aún no había directrices. Con esa línea argumental podríamos darle a la moviola legal hasta la Edad de Piedra sin “poblema”.
El problema consiste en que los principales lobbys económicos han usurpado el derecho a la autonomía, que es un derecho que corresponde al pueblo canario, y están convirtiendo las leyes en un mecanismo para convertir sus intereses en obligatorios para todos, con consecuencias difíciles de medir para la canarias y los canarios del día de mañana. Y el actual Gobierno es el agente de esa usurpación. Que el mundo empresarial influya en la política es imprescindible. Pero que se adueñe de las Instituciones, desde el poder y la influencia que les da el dinero para captar más beneficios desde el poder, es inaceptable en una sociedad democrática.
Pero lo que se deroga de un plumazo, en un abrir y cerrar de ojos se vuelve a poner en vigor. Se podrá hacer en bloque o Directriz a Directriz. Restablecer de inmediato la vigencia de las Directrices de Infraestructuras y residuos es la mínima respuesta que el Parlamento debe dar a la irresponsabilidad y a la venalidad de este Gobierno.
Y todo esto corresponde a la oposición en esta legislatura. O a un Gobierno al servicio de los ciudadanos en la próxima.