Bajo el pretexto de desarrollo para las comunidades indígenas y para los departamentos de Beni y Cochabamba -que unirá la vía-, el pasado domingo 13 de agosto, el presidente Evo Morales Ayma promulgó la Ley 266 con la que elimina la norma que protegía el territorio indígena contra megaproyectos. Este acto fue respaldado por dirigentes desconocidos y cesados por las comunidades indígenas, en un desorbitado acto que ha tenido lugar en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni.
Una traición histórica
Una delegación de indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la Amazonía boliviana, se ha desplazado a la ciudad para denunciar los constantes abusos por parte del dirigente Domingo Nogales, afín al gobierno de Evo Morales.
Los indígenas acusan al dirigente de «traición» por participar en la presentación de un proyecto de Ley impulsado por sectores afines al MAS (partido de Evo Morales), que abroga la actual Ley 180 de protección de su territorio, para dar vía libre a la construcción de una megacarretera que atravesará el territorio indígena, partiéndolo por la mitad.
«¿Quién permite anular la Ley 180 que ha sufrido una marcha, atropello, gasificación, muerte? ¿Quién no valora eso? Nuestros ancestrales ya se fueron, somos nosotros los que tenemos que velar por todo el bienestar de nuestra niñez» declara Marquesa Teco, presidenta de las mujeres indígenas del TIPNIS.
Ley 180, una conquista social
La Ley 180 que prohíbe la carretera «ha sido fruto de la VIII Marcha en Defensa del TIPNIS y ha sido sacrificio de varios pueblos indígenas» declara José Luis Antezana, indígena yuracaré y comunario de Nueva Vida en el TIPNIS.
La VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS tuvo lugar en 2011, transitó desde el departamento del Beni hasta la ciudad de La Paz y duró 65 días. Los marchantes sufrieron represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en la localidad de Chaparina y fueron agredidos por colonos productores de hoja de coca, con la complicidad y el caso omiso de las autoridades gubernamentales. Además, hubieron cuantiosos heridos e incluso muertos en el transcurso de la misma. La movilización indígena tenía como finalidad detener el proyecto carretero que el régimen de Evo Morales quería imponer en la región. Esta acción del ejecutivo, entre otras, ha sido uno de los motivos por los que el “gobierno del indio” ha comenzado a ganarse el rechazo de gran parte de las organizaciones y pueblos indígenas en el Estado boliviano.
La política extractiva en el gobierno de Morales
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure ha sido y es víctima de atropellos por parte de colonos en busca de la ampliación de la frontera agrícola cocalera, cuya producción va destinada al narcotráfico además de la industria maderera ilegal, que viola incesablemente los límites del parque. Recientemente se ha denunciado que casi un tercio del total del territorio indígena se ha convertido en zona de concesiones hidrocarburíferas en favor de PETROBRAS, firma de capital brasileño; y de la empresa YPFB Petroandina SAM, propiedad del estado venezolano y boliviano. No es extraño que el gobierno busque levantar la protección al área. El proyecto de Ley de abrogación de la Ley 180 presentado por movimientos y asambleístas del MAS y ya promulgado por el presidente Morales, tiene como principal objetivo dar luz verde a la construcción de la carretera que satisfará los beneficios de los sectores citados anteriormente.
En 2011 durante el transcurso de la VIII Marcha, la revista de información y análisis crítico, PetroPress, recogió las siguientes declaraciones de Toribia Lero, mujer indígena del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu): «el pueblo de Bolivia, nunca, esperó que el gobierno de Evo -el gobierno del indio como nosotros- iba a ser capaz de masacrar a su mismo pueblo; y no lo creíamos porque todos hemos apoyado este “proceso de cambio”» .
Por su parte, seis años después de la marcha, miembros de la delegación de indígenas del TIPNIS durante una rueda de prensa manifestaron: «realmente es el gobierno del Estado el que está cometiendo errores frente a nuestros derechos», «como es que es un gobierno indígena cuando se le está dando maltrato a los pueblos indígenas» .
Éstas no son las únicas oposiciones indígenas a las políticas extractivistas del gobierno de Evo Morales: en el departamento de La Paz, los indígenas tacanas, tsimanes y mosetenes han manifestado su repulsa a la construcción de dos mega represas sobre sus tierras sagradas:
el Bala y el Chepete.
La dirección que está siguiendo la administración de Morales discurre totalmente de sus discursos reconocidos internacionalmente por la defensa de los pueblos originarios y de la Madre Tierra.
Las organizaciones y pueblos indígenas del TIPNIS expresan que son ellos «los habitantes de este paraíso que da el pulmón a Bolivia y al mundo» y, por lo tanto, son ellos los que deben decidir sobre su territorio, tal y como afirma la Constitución Política del Estado. Reiteran que van «a seguir defendiendo el TIPNIS» y hacen una llamada a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos, otros pueblos indígenas y a toda la sociedad civil para que se sumen a su lucha.
Azarug Justel Arbelo
Jueves 16 de Agosto, 2017
Trinidad, Bolivia