Santiago Pérez
La propuesta de Pedro Sánchez –que la Constitución defina a España como Nación de naciones– tiene el valor simbólico de expresar una disposición al diálogo con los independentistas catalanes frente al empecinado “cuanto peor, mejor” del PP.
Los ciudadanos españoles hemos presenciado cómo el PP y el bloque independentista catalán le han estado dando fuelle hasta la náusea a un tornado de confrontación del que ambos contendientes obtienen rentabilidad electoral y de la otra: cuando la cohesión de un país –llámese España, Cataluña o Canarias, debido a los recortes en derechos sociales que han practicado con fruición PP, CiU o Coalición canaria– está en quiebra porque se acrecientan las desigualdades, el patrioterismo es siempre una herramienta que el gobernante maneja para tapar sus yerros.
Pero más allá de su valor simbólico, lo de “Nación de naciones” no va a resolver la cuestión; incluso puede acabar empeorándola.
La Constitución española no fue el fruto de un trabajo de laboratorio, sino de acuerdos políticos en tiempos difíciles.
Llenar el texto constitucional de conceptos preñados de ideología (“Nación española patria común e indivisible”, “nacionalidades”…) tal vez fue inevitable políticamente; pero barruntaba futuros conflictos, que hoy están en el epicentro de una crisis política de muy difícil pronóstico. Porque la dialéctica unidad/separatismo ha alimentado buena parte de las más graves confrontaciones entre los españoles durante los últimos siglos. Y la solución no va a venir saturando el texto constitucional, precisamente, de ese tipo de conceptos.
No hace falta echarle demasiada imaginación: desde que se defina a Cataluña como nación, otras comunidades territoriales exigirán lo mismo. Y, aún en el caso de que así no fuera, cualquier independentista catalán proclamará a renglón seguido: si somos una Nación, tenemos derecho a tener un Estado independiente. Porque independentistas va a seguir habiendo. Tendrán o no el apoyo mayoritario de la sociedad catalana; pero la reivindicación de la independencia de una comunidad territorial es perfectamente legítima en una sociedad democrática.
Supongamos que en lugar de saturar la Constitución de términos como Nación, Patria o nacionalidades, los suprimimos. En realidad, en un país de largas tradiciones y hábitos de intolerancia (esos sí que los hemos heredado y compartimos los españoles, incluidos muchos catalanes) son un semillero de disputas enconadas y no aportan nada desde el punto de vista jurídico constitucional, ni desde la preservación del pacto de convivencia refrendado por el pueblo español en 1978.
La Norma fundamental se limitaría a establecer que España se constituye en Estado social y democrático de Derecho, a reconocer la pluralidad y el derecho al autogobierno de las Comunidades que la integran, a proclamar y garantizar los derechos fundamentales que son la base real de la unidad y la solidaridad entre todos los ciudadanos y a distribuir el poder del Estado entre las instituciones estatales y las de las comunidades territoriales. Sería un gran esfuerzo de “laicidad” de nuestro pacto de convivencia, aligerándolo de conceptos impregnados de ideología que los españoles somos muy proclives a ser defender con la intransigencia de los fanatismos religiosos.
Pero eso no va a ocurrir, porque no lo aceptarán los que creen que la única Nación es la española, ni quienes no admiten si quiera que España exista.
Hablemos ahora de lo que parece que no conviene hablar.
La Constitución española se asentó en otros pactos fundamentales. Entre ellos el del Estado Social tuvo una importancia primordial. Fue un pacto suscrito a regañadientes por una derecha española desorientada por la desaparición del dictador y por la decadencia del Régimen franquista, que había sido su instrumento de dominación política y social durante décadas. Sin embargo, cuando echábamos trabajosamente a andar las bases de nuestro Estado de bienestar, durante los años ochenta, ya se había puesto en marcha en todo el mundo occidental la revolución conservadora dispuesta a liquidarlo por todas partes. Que la derecha española se sumara era sólo cuestión de tiempo. Y la crisis económica y el agotamiento de la socialdemocracia se lo han puesto en bandeja.
No fueron los independentistas catalanes los primeros, ni los únicos, que han roto el pacto constitucional. La dimensión de ese pacto integrada por los derechos sociales, por la progresividad del sistema fiscal indispensable para financiarlos y por los derechos laborales está en quiebra. Una quiebra consagrada al constitucionalizar –mediante la reforma exprés, y en mi opinión fraudulenta, del artículo 135 de la Constitución– la regla de oro del neoliberalismo conservador, la del equilibrio presupuestario, que impide mantener en tiempos de crisis económica el Estado Social proclamado en el Título Preliminar.
Hay que intentar recuperar el diálogo.
Quienes representen a las Instituciones estatales en ese diálogo tienen el deber de garantizar: que la soberanía corresponde al pueblo español, los principios de unidad y solidaridad entre las personas y los territorios de España, así como la igualdad sustancial de los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y la necesidad de que las Instituciones estatales tengan los poderes necesarios para la garantía de todo ello.
Por cierto: desde principios del Siglo XX hasta la fecha, en los Estados federales, los órganos de la Federación han estado incrementando progresivamente sus competencias para poder atender mejor los fines comunes, la corrección de las desigualdades sociales y territoriales y los derechos de los ciudadanos.
Los independentistas tienen derecho a seguir defendiendo sus ideales. Los años de crisis les brindaron una gran oportunidad y han intentado aprovecharla a fondo. No lo discuto (así es la condición humana); pero presienten que están ya a contrarreloj.
Tienen derecho, incluso, a tratar de convertir cada elección en un referéndum. Pero a lo que no tiene derecho la mitad menos uno de los que en Cataluña voten en unas elecciones plebiscitarias es a proclamar su victoria sobre la mitad más uno. Y esto es exactamente lo que pasó. Porque la regla de oro de un referéndum es que gana la mayoría a favor del sí o del no.
Y si en un proceso electoral… y en otro, en medio de una crisis económica o en una fase de recuperación y crecimiento, hay una mayoría de catalanes que optan democráticamente por la independencia habrá que respetar esa voluntad y alcanzar los acuerdos políticos que la materialicen.
Pero no se le puede pedir a la Norma fundamental que, en lugar de regular los objetivos y los procedimientos para producir integración política –que es su razón de ser–, se ocupe de regular los mecanismos para la desintegración de España como comunidad política.
Y para terminar:
Muchos habitantes de este país que se llama España consideramos que tiene mimbres más que sobrados para seguir constituyendo una comunidad política, cuya diversidad y cuyo largo y turbulento proceso de formación no han sido excepcionales ni particularmente distintos que los de otros grandes países europeos. Tenemos respecto a España sentimientos que no son más fuertes ni incompatibles que lo que sentimos por Canarias, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Galicia…. Y nos negamos a que desde una ideología, sea la del nacionalismo español o desde cualquiera de los taxones del nacionalismo periférico, nos pretendan imponer nuestras lealtades políticas, culturales o afectivas. Las administramos nosotros, porque tenemos derecho a hacerlo.
Y muchos pondremos especial énfasis en ejercer ese derecho cuando comprobamos tan a diario que el nacionalismo es con demasiada frecuencia una coartada que usan hipócritamente quienes, en España o en cualquiera de las Comunidades territoriales que la forman, degradan la convivencia democrática y sus reglas esenciales o demuelen despiadadamente los derechos de igualdad que nos han hecho sentirnos orgullosos de ser españoles o, como es mi caso, canario. Los derechos que, de un tiempo a esta parte, están siendo liquidados mientras algunos entonan vibrantes himnos patrióticos.
La Laguna, a 3 de agosto de 2017.
Santiago Pérez (ULL)