Ante el cese del concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción, acusan al alcalde José Manuel Bermúdez de de connivencia con el polémico edil del PP, en su cruzada por mantener el Mamotreto de las Teresitas, a pesar de las advertencias judiciales y la sentencia firme de derribo.
En un comunicado difundido este jueves, la Plataforma señala como principal responsable de que la ejecución de la sentencia firme de derribo del mamotreto se haya dilatado, artificial e intencionadamente, casi tres años al alcalde José Manuel Bermúdez, «pues en innumerables ocasiones nuestra plataforma ha denunciado los actos de sabotaje del alcalde a esa decisión judicial. Bermúdez ha utilizado torticeramente todos los medios de que dispone el ayuntamiento, incluso dinero público, para mantener en pie el adefesio, un edificio ilegal e ilegalizable convertido en monumento a la corrupción, burlando a la Justicia y al pueblo de Santa Cruz, y coqueteando peligrosamente con el delito de prevaricación».
Acusan a Bermúdez de utilizar como «escudo protector» a Garcinuño al asumir las consecuencias de las acciones más arriesgadas y discutidas del grupo de gobierno, protagonizando conflictos de manera un tanto gratuita y vanidosa con funcionarios, vecinos del Toscal, magistrados y abogados, con la propia plataforma y con numerosos colectivos que defienden los intereses de las clases populares y afirman que José Manuel Bermúdez «le dejaba hacer socarronamente por conveniencia y tacticismo».
Sin embargo consideran que la última salida de tono del concejal de Urbanismo, al votar en contra de la adjudicación de la obra de demolición del mamotreto, le condenó y por ello el alcalde de Coalición Canaria y su propio partido –el PP– lo defenestraron, pues ya no era útil ni como parapeto y acabó revelándose como una fuente de conflictos allí donde intervenía.
Contrariamente a lo que el ex edil de urbanismo ha afirmado en sus últimas manifestaciones, le acusan de no haber defendido nunca el interés general ni el dinero ni el patrimonio de los y las santacruceras: «Señor Garcinuño usted debería saber que la construcción del mamotreto fue un acto delictivo, como dice la sentencia, y lo primordial en estos casos, según el Código Penal, es la reparación del daño ocasionado por el delito. Algo plenamente dotado de sentido, ya que, de otro modo, la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. Así las cosas, la reparación del daño, ahora en la forma de demolición de la construcción ilegal, será, en principio, la regla, por lo tanto, el inacabado mamotreto nunca puede considerarse como un elemento del patrimonio municipal».
Rebaten asimismo a Garcinuño cuando afirma que ha defendido el dinero de los chicharreros «si así fuera -afirman desde la Plataforma- debería haberse abstenido de gastar dinero público en informes absurdos y extemporáneos, dado que la sentencia es firme y ha adquirido la consideración de cosa juzgada con todo lo que ello significa».
Pero además achacan Carlos Garcinuño que en su afán de mantener el mamotreto a toda costa, ha despilfarrado una ingente cantidad de capital humano al depurar, junto con el alcalde Bermúdez y el concejal Díaz-Estébanez, a unas funcionarias, juristas de contrastado prestigio profesional, porque no avalaban las tesis del grupo de gobierno municipal, a pesar de las amenazas recibidas, y contratando a otras que estuvieran dispuestas a firmar los informes deseados.
Para la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción, la activa campaña de Garcinuño de denuncia del Plan Especial del Toscal, al que llegó a calificar temerariamente de fraude -a pesar haber votado a favor en el pleno en el que se aprobó de manera “definitiva con reparos” por unanimidad de los grupos municipales y contar con el apoyo de los vecinos de ese emblemático barrio- ha puesto al descubierto que su intento de regresar al punto de inicio del citado plan no tiene como objetivo la defensa del interés general de la ciudadanía, sino todo lo contrario, abrir aún más la puerta a la especulación urbanística.
Finalmente desde la Plataforma consideran insuficiente el cese del concejal Garcinuño y la entrega “en diferido” de su acta de concejal, ya que tardará varias semanas en hacerla efectiva y advierten de que seguirán vigilantes pues no se fian del alcalde Bermúdez ni de su grupo de gobierno y recuerdan lo que ya en mayo de 2015 afirmaban: “El derribo del mamotreto pone en cuestión los intereses de los poderes económicos a los que ATI-Coalición Canaria y Partido Popular han servido fielmente durante todos los años que han detentado el poder en la ciudad; los intereses del “capitalismo de amiguetes” que hasta ahora no se había encontrado en una situación semejante. El mamotreto no es una infamia urbanística aislada, sino un ejemplo más del maridaje político-económico que durante casi 40 años ha sido la pauta de gobierno en la capital tinerfeña. Es un símbolo de la especulación urbanística y la corrupción política que ha sido la marca oficial de la ciudad.”