Charla de Santiago PérezSB-Noticias.- Santiago Pérez disecciona en una reciente charla en la Sala San Borondón, los aspectos estructurales de la controvertida Ley del Suelo, cuya previsible aprobación parlamentaria tendrá lugar el próximo día 22 de junio, desvelando sus trucos y triquiñuelas.
Tras un concienzudo análisis, el profesor de Derecho Constitucional, concejal de Xtf-Nueva Canarias en el ayuntamiento de La Laguna y Asesor de la Plataforma Canarias Territorio Sostenible, concluye que “derogar esta ley debe ser uno de los grandes ejes alrededor de los cuales intentemos de una vez articular una mayoría progresista en el Archipiélago”.
Una ley aprobada por mayoría fraudulenta
Pérez afirma que esta ley va a ser aprobada por una mayoría parlamentaria artificialmente fabricada por un sistema electoral pensado para perpetuar en el poder a Coalición Canaria y permitir que la tercera fuerza en votos sea la primera en escaños.
Y añade que la va a aprobar una mayoría con elementos fraudulentos en su conformación: CC y el Partido Popular, sustentada por los tres escaños de la Agrupación Socialista Gomera.
Santiago Pérez lamenta que Casimiro Curbelo haya utilizado la identidad socialista para acabar aprobando esta nefasta ley que el propio PSOE rechaza, y destaca la importancia de la Agrupación Socialista Gomera con sus diputados en la Cámara Canaria: “Si los tres diputados se comportaran con el reclamo socialista con el que se presentaron, darían al Parlamento una correlación de 30 a 30”.
Una representación en escaños (3 diputados) con solo el 0,3 % (5.800 votos ) mientras que Ciudadanos con 54.000 votos no obtuvo representación parlamentaria “Por eso -afirma- CC seguirá defendiendo a sangre y fuego este sistema electoral, porque interesa a los poderes empresariales a quienes representa”.
“Los grandes constructores y promotores urbanísticos se han tomado el poder”, como decia García Márquez.
Insiste Santiago Pérez en que Coalición Canaria representa a los grandes constructores y promotores urbanísticos, no al empresariado en general sino a clanes poderosos e influyentes, “os que tuvieron la insolencia -afirma- de ordenar a Clavijo que no permitiera que se modificara el proyecto de ley en la tramitación parlamentaria”.
Repudia Santiago Pérez la llamada de atención, el pasado mes de marzo, de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp) que se manifestaba en un comunicado «perpleja» ante el «descafeinamiento sistemático» que, a su juicio, ha sufrido el proyecto de reforma de la Ley del Suelo en lo que definieron como «su paseíllo parlamentario».
Lamenta que ni el Presidente del Gobierno Fernando Clavijo ni la Presidenta del Parlamento, Carolina Darias hayan tenido la compostura de pedir a este influyente grupo empresarial, respeto a la institución que debe representar al pueblo canario.
Pérez indica que la tramitación legislativa en el Parlamento, es donde la democracia representativa tiene su hito mas importante “allí se materializa la contradicción para que la decisión resultante refleje la pluralidad que representa los intereses generales”.
Por ello considera que cuando los empresarios a través de su lobby se permiten estos calificativos están demostrando un talante fascistoide y antidemocrático y lo menos que se puede esperar es que les llamara a capítulo, “pero un subordinado como Clavijo, cumple a rajatabla el encargo de sus jefes naturales”.
La estructura de la Ley supone una vuelta atrás de proporciones difícilmente calculables
Santiago Pérez considera la estructura de la ley del suelo supone una vuelta atrás de proporciones difícilmente calculables “porque esta ley es la versión tropical de la ley de desreguladora de José María Aznar” y hace referencia al catedrático federico Aguilera Klinc cuando afirmó que se trata de una regulación al servicio de otros intereses, que generó atentados ambientales y territoriales irreversibles.
Desmontando las “paparruchas” de Fernando Clavijo
También prestó atención en su conferencia Santiago Pérez a las polémicas declaraciones de Fernando Clavijo, asegurando que el sistema legislativo vigente hasta ahora era propenso a la corrupción y que favorecía a los poderosos.
“Quiero desmontar esta paparrucha, propia de un personaje que lleva su grado de cinismo hasta su grado sobresaliente, por eso he afirmado que o es ignorante o le falta un agua”.
Recuerda que el sistema vigente en Canarias -y que va a tirar por los suelos el proyecto de Clavijo el próximo 22 de junio – “que merecería que lo quemaran en las hogueras de San Juan”- se fue elaborando en varias legislaturas con un amplio consenso parlamentario que se dio en etapas con la presidencia del gobierno siempre asumida por los mismos (Coalición Canaria).
Añade que el actual sistema legislativo fue fruto del consenso y de la reflexión colectiva sobre los limites del crecimiento y de la ocupación del territorio “en un archipiélago pequeño e impregnado de valores ambientales”.
Critica Santiago Pérez la hipocresía de un presidente que en su discurso el Día de Canarias se permitió cantar las alabanzas de Canarias como un lugar excepcional desde el punto de vista de su recursos naturales, mientras por otra parte promueve una ley que puede entrañar la destrucción irreversible de nuestro territorio, en una acción que define como “la penúltima colonización del archipiélago, con protagonistas externos e internos, traidores a la patria canaria”.
La desaparición de las Directrices.
En su disertación Santiago Pérez explica que una de las perverciones de la nueva legislación del territorio es la desaparición de la Ley de Directrices, un instrumento de planeamiento en el que el gobierno debe ejercer sus responsabilidades en la ordenación de territorio y de los recursos naturales.
Por ello asegura que Clavijo deja un vacío legislativo que supone una renuncia a responsabilidades irrenunciables, rehusando a que Canarias tenga unos criterios comunes de ordenación del territorio, una política ambiental para todo el archipiélago y por el contrario abre la puerta al establecimiento de un sistema de siete taifas insulares y ochenta y ocho municipales.
Acabar con la COTMAC
Mientras Clavijo dice que la nueva ley va a ser transparente y que hasta ahora el sistema era de los poderosos, la realidad es todo lo contrario.
En la actualidad existe un órgano, la COTMAC, que entiende el ponente que hasta la fecha ha sido muy cualificado, servido por funcionarios públicos y que antes de que se aprobara cualquier instrumento de planeamiento emitía un informe de legalidad, permitía mantener unos criterios uniformes para todo el archipiélago, un órgano que aportaba seguridad jurídica y control de legalidad y que la nueva Ley suprime.
Insiste en que a partir de ahora los ayuntamientos y cabildos van a aprobar unilateralmente sus planeamientos , “¡puede haber ochenta y ocho interpretaciones de la legalidad y siete versiones de los Cabildos!”, alerta . Pero además, una vez que se establezca entra en vigor y se aplicará.
Es cierto que se podrá recurrir, pero por lógica será muy difícil “¿quién tiene recursos para impugnar un Plan General? y ¿quién representará los intereses de un municipio si el ayuntamiento planifica en contra de los intereses de la mayoría?” se pregunta, aludiendo a que ni la mayoría de vecinos ni las asociaciones, plataformas o colectivos tienen medios para asumir una lucha judicial contra las administraciones.
El caso de La Laguna
Un ejemplo muy claro, el caso del municipio de La Laguna, cuyo concejal y luego alcalde Fernando Clavijo, considera Pérez, fue incapaz de sacar el PGO adelante, por dos razones, porque empezaron a aparecer informes de legalidad de la COTMAC y a partir de ahí se inició una resistencia vecinal contra el Plan General, constituyéndose distintas Plataformas vecinales.
“Clavijo pretende que a través de esta ley, 88 alcaldes como él puedan imponer planes generales como el que él intento aprobar y no pudo en La Laguna”.
Evaluacion ambiental estartegica en manos de ayuntamientos y cabildos
Esta es para el experto, la principal garantía de protección del medio ambiente que se ha ido fraguando a lo largo de los años de experiencia. Se trata de un procedimiento que debe estar en manos de un órgano independiente del que va a aprobar el palneamiento.
Pues con esta Ley, los ayuntamientos podrán designar el órgano ambiental que va a elaborar la evaluación ambiental, lo cual califica de infracción flagrante.
Triquiñuela legal
Otra de las mentiras de la nueva Ley, es la afirmación de que consagra la autonomía nunicipal e insular “pero resulta que después de aprobado el planeamiento, este se puede modificar por decisiones ajenas”.
Como ejemplo, Santiago Pérez pone el Bulevar de Valle Guerra, que ha generado gran resistencia en el pueblo, y que asegura que detrás del mismo hay muchos intereses de poderes que mandan más que el propio Presidente Clavijo. Por ello, el “truco” que la ley permitiría consiste en quitarlo del Plan General de La Laguna, y una vez aprobado reponerlo como proyecto de interés insular o autonómico.
“Aqui caben tantas cosas, que se pueden reponer proyectos a posteriori, escamoteando a los vecinos sus derechos a participar durante la elaboración del PGO e incluso su derecho a impugnar”, concluye.