La proyección socioeconómica de una empresa pública debe estar orientada a la gestión eficiente de sus recursos y a la prestación de un buen servicio. Dos aspectos que no deben disociarse, ya que, la prestación de un buen servicio no es sinónimo de derroche de recursos. Y tampoco es una gestión eficiente aquella que a base de mermar su inversión redunda en la mala calidad del servicio.
Por eso, que el Puerto de Arrecife está “mal” gestionado es un argumento inconsistente. Porque se sostiene sobre una falsa premisa: la mala voluntad del organismo público responsable hasta hoy de su funcionamiento, la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
La alternativa a esta situación, ya la conocen. Pasa por crear una Autoridad Portuaria propia para la capital de Lanzarote. Una nueva entidad que, en primer lugar, provocaría un incremento del gasto público. Y que, de por sí, tampoco garantizaría que los servicios prestados mejoraran su calidad.
Esta propuesta sólo ha sido respaldada, además de por la Cámara de Comercio de Arrecife, por los cargos públicos de Coalición Canaria y las administraciones que controla. Mientras que la rechaza abiertamente el equipo directivo de la APLP y el resto de la comunidad portuaria de Canarias.
Sin embargo, para zanjar la polémica, Luis Ibarra (Presidente de la APLP), ha convocado a su Consejo el próximo día 2 de junio, con la intención de que éste solicite a Puertos del Estado (EPPE) un inmediato pronunciamiento sobre el asunto. Así, en caso de que esta entidad se muestre favorable a la segregación, la APLP se “liberaría” de toda responsabilidad, y no pondría ni un obstáculo más al desarrollo del proyecto. O sea, que el señor Ibarra, pese a su oposición inicial, está decidido a “tirar la toalla” si así lo mandan desde arriba.
Este agotamiento súbito podría tener su explicación en la situación de “provisionalidad” que sufre el presidente, quien teme que una mañana cualquiera llegue una orden para su destitución. Aún así, lo más coherente sería continuar defendiendo el modelo de gestión portuaria en el que uno cree, tal y como lo ha hecho hasta ahora, poniendo sobre la mesa argumentos razonables y buscando el respaldo de las personas con más experiencia en materia portuaria. Pero esta es la única razón que se nos ocurre para justificar su repentina fatiga.
Sea como fuere, es muy probable que Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento se pronuncien favorablemente a la constitución de una autoridad portuaria propia para Arrecife. Al partido popular le hacen falta los votos de Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos Generales, entre otras iniciativas parlamentarias. Así que, es posible que solo por eso, estos acepten las condiciones que les planteen los nacionalistas, entre las que podría estar perfectamente esta segregación.
Ojalá estemos equivocados y todas las cábalas aquí expuestas se queden en meras conjeturas. Este disparate de proyecto, que no es eficaz ni sostenible, ni tampoco mejora los servicios portuarios de Lanzarote, puede acabarse si Puertos del Estado se pronuncia desfavorablemente, apostando por una planificación portuaria racional, por una amistosa y honesta cooperación entre agentes y administraciones públicas, y por una gestión eficiente de los recursos en manos de la APLP. Después de todo, a los cargos públicos tan solo se les pide eso; que actúen con sensatez, honestidad y responsabilidad; que todo lo que hagan sea por bien del interés público. ¿Será pedir mucho?
MERI PITA – DIPUTADA DE PODEMOS CANARIAS
FRANCISCO SANCHEZ LA O – GEÓGRAFO