SB-Noticias.- La Federación Ecologista Canaria Ben Magec- Ecologistas en Acción ha decidido presentar ante el Diputado del Común una queja por la actitud obstruccionista de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en la tramitación de respuesta a las solicitudes de información ambiental presentadas por las organizaciones ecologistas, actitud que es común a los distintos departamentos dependientes de la Consejería como la Viceconsejería de Medio Ambiente o la Agencia de Protección del Medio.
Pero en esta ocasión la queja se formula por la reiterada negativa de la propia Consejera, Nieves Lady Barreto a responder a una solicitud de información ambiental presentada por primera vez el en octubre del año pasado por Ben Magec- Ecologistas en Acción y reiterada en febrero del presente. La pregunta es sencilla para una Consejería que cuenta con tanto personal técnico y jurista a su disposición: pedimos un listado que enumere todas y cada una de las actuaciones urbanísticas que, estando recogidas en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma, se puedan acoger a la previsión contenida en la disposición segunda de la ley 2/2016.
La respuesta, sin embargo, parece que se le atraganta a la Consejera. Ya antes de que la Ley 2/2016, que cínicamente han llamado “Ley de Islas Verdes”, fuera aprobada por el Parlamento de Canarias, Nieves Lady anunció públicamente que la ley vendría a dar solución a las actuaciones aprobadas en el Plan Turístico de La Palma que había sido anulado, recordemos, por el Tribunal Supremo por carecer de evaluación ambiental estratégica, ante un recurso presentado por Ben Magec- Ecologistas en Acción. Efectivamente, la Ley 2/2016 introdujo en su Disposición adicional segunda una vía directa que ampara las actuaciones recogidas en aquel plan carente de evaluación ambiental estratégica, declarándolas de “interés estratégico”, paradójicamente.
Por lo tanto la Consejera, ante la pregunta planteada, se encuentra en la disyuntiva de, o bien reconocer que se ha perpetrado mediante fraude legislativo un acto de desobediencia a una resolución del Tribunal Supremo, con las consecuencias que ello puede acarrear, o bien reconocer lo alejadas de la realidad que están sus declaraciones que pretyenden aparentar una situación de seguridad jurídica con la que tranquilizar a especuladores y políticos locales. Pero por lo pronto, mientras guarda silencio, lo que demuestra la consejera es tener muy poco respeto por el derecho a la información ambiental que nos asiste y que debe garantizar.