El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria sanciona a la empresa Veneguera Costa Canaria del grupo Lopesan, a raíz de una denuncia de Ben Magen-Ecologistas en Acción, por obras sin autorización en el cauce público del Barranco de Veneguera.
La Federación Ecologista espera que las otras instancias a las que se denunciaron los hechos: Medio Ambiente del Cabildo, Fiscalía y Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural, actúen ante la posibilidad de infracción o delito ambiental dentro de un Espacio Natural Protegido.
El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha dispuesto sancionar a la empresa Costa Canaria de Veneguera S.A, del Grupo Lopesan, por «una infracción consistente en la ejecución de obras sin autorización administrativa, en el cauce público del Barranco de Veneguera, en las zonas conocidas como Postreragua y El Inglés». El Consejo insular impone a la empresa mencionada «como infractora» una sanción de 6.010,13 €, a abonar «en el plazo máximo de un mes y se proceda a la restitución de las condiciones de desagüe del cauce afectado, siendo responsable el titular de los daños y perjuicios, que se pueda causar a terceros por la ejecución de las citadas obras».
Los hechos habían sido denunciados en las redes sociales con un vídeo colgado por activistas de la federación ecologista, tras visitar el Barranco de Veneguera el viernes 18 de noviembre de 2016 y constatar que se habían realizado grandes movimientos de tierra y desmontes en dos tramos del mismo, incluida una porción del Espacio Natural Protegido ‘Parque Rural del Nublo’ y en dominio público hidráulico dentro del cauce del citado barranco.
Tras contrastar que las obras, consistentes en grandes movimientos de tierra, desmontes de ladera y modificación del entorno ambiental del Barranco, se desarrollaban en cause público y visto el gran impacto que las mismas había causado sobre un tramo muy bien conservado de mismo que forma parte, además, del Espacio Natural Protegido Parque Rural del Roque Nublo, la Federación decide informar con un video-denuncia en las redes sociales y presentar sendos escritos dirigidos SEPRONA, Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. En ellos, se solicitaba a las autoridades pertinentes que se iniciara una investigación para comprobar si dicha empresa había comenzado a ocupar dicho espacio público y realizar actuaciones estando la solicitud en proceso de exposición pública. Según representantes de la federación «entendíamos que esto último pudiera ser constitutivo de infracción administrativa».
«También solicitábamos que se comprobase si las intervenciones que se realizaban eran acordes a la normativa vigente que establece el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Rural del Nublo para los suelos rústicos de protección hidráulica y a la legislación ambiental, y que si las mismas podían haber ocasionado daños irreparables al patrimonio natural y la biodiversidad del citado espacio, constitutivos de delito o infracción».
La sanción impuesta, con la consiguiente multa de más de 6.000 € a una de las empresas del Gupo Lopesan por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, viene a demostrar, según la organización, que la empresa actuó de manera irregular. Ahora esperan que el resto de las instancias a las que se presentó el escrito, fiscalía, Cabildo y Agencia de Protección resuelvan y aclaren si estas obras, realizadas sin el correspondiente permiso dentro de un cauce público y de un Espacio Natural Protegido, son constitutivas de infracción administrativa o delito ambiental.
La Federación espera que se actúe con contundencia y ejemplaridad ante estos hechos y considera que no se puede permitir que las grandes empresas actúen de manera impune, haciendo caso omiso a los procedimientos exigidos a toda la ciudadanía y actuando sin lo preceptivos permisos en espacios públicos y protegidos. «Nos preocupa esta forma de actuar de empresas que suelen ejecutar muchas obras con fondos públicos, sobre todo ahora que parece que se vislumbra un repunte de las grandes infraestructuras y obras públicas y se está planteando un nuevo proyecto de Ley de Suelo que fomenta este modelo, de megaconstrucciones, depredador y acapador de suelo y totalmente insostenible en un espacio frágil como el Archipiélago Canario».