El deterioro que se ha venido produciendo en los partidos socialistas y socialdemócratas, es como consecuencia de que se han desvirtuado y perdido su esencia ideológica, abrazando y haciendo suyas políticas conservadoras, produciendo desanimo y desmotivación en sus militantes y decepción en su electorado y simpatizantes.
Por ese motivo no debe extrañar que desde la indignación y rebeldía hayan aparecido movimientos populares de izquierda que han sabido canalizar esas frustraciones, en organizaciones políticas establecidas con el animo de quedarse, son los ejemplos más evidentes los de Syriza en Grecia, Podemos en España y según parece (se comprobará en ésta próximas elecciones presidenciales) Francia Insumisa del candidato Jean –Luc Mélenchon.
Da la impresión que el PSOE (sus jerarcas y dirigentes) no se han enterado e insisten en lo mismo, aunque en realidad lo que hacen es incidir y llevar a cabo las políticas con las que se identifican. Se puede comprobar en los documentos que para las primarias han presentado Pedro Sánchez y Patxi López (Susana Díaz “va de sobrada” y no se ha dignado a tener el suyo propio, dando la impresión de que asume la ponencia marco para el XXXIX Congreso Federal, encargada por la (su) gestora). En los referidos documentos de Pedro Sánchez y Patxi López, como así mismo en la ponencia marco no se reflejan medidas políticas-ideológicas importantes o de calado y se dedican a manifestar de forma inconcreta, reiterativa y grandilocuente “propósitos de intenciones”, pero no acometen y “sin paños calientes” temas y problemas fundamentales o de suma importancia. Eso se podría esperar por parte del documento de Patxi López y de la ponencia marco, como así mismo de los planteamientos de Susana Díaz ya que se encuentran bien con lo establecido, pero no así por Pedro Sánchez que reclama un giro a la izquierda, pero sin suficiencia reflejado o al menos sustancialmente reivindicado.
Es de lógica que nada de lo que no se expone y reivindica, exista o se pueda tener en consideración. Por eso si Pedro Sánchez realmente pretende dar ese giro a la izquierda, más que decirlo, tiene que demostrarlo y hacerlo y por lo pronto debe consignar sus propuestas y reivindicaciones y que sean claras y precisas. El PSOE en su larga trayectoria ha luchado por alcanzar una sociedad más libre, democrática y justa. Hay que ser conscientes de que muchos de sus valores y postulados, debido a que no dependen de si mismo son difíciles y complicados de conseguir, incluso algunos que con anterioridad ya los había logrado, como fue el de un estado republicano, por mediación de la II República que fue sesgada por culpa de un golpe fascista, pero que en su corto recorrido dio muestras y ejemplos de cómo se puede y debe estructurar y organizar la Sociedad en un proyecto el republicano, esperanzador e ilusionante. Ninguno de los tres candidatos ni tan siquiera hacen referencia a éste valor, referente y legado del PSOE y de los miles de sus militantes que para lograrlo y mantenerlo, no lo dudaron y dieron su vida, sufrieron represión y cárcel o se vieron obligados al exilio. Un estado republicano, federal y laico, debe ser consustancial y el objetivo a lograr por todo socialista. El propio Mélenchon en su mitin del pasado día 16 en Toulose reivindicó la bandera republicana cuando la enarbolaban asistentes españoles o descendientes (como es su caso) que residen en esa ciudad.
El giro a la izquierda entre otros significa: como positivamente lo ha hecho el gobierno portugués del socialista Antonio Costa acabar con los recortes y la austeridad, que tanto daño causa a las familias medias y trabajadoras y sobre todo a los más humildes y desfavorecidos; derogar la injusta reforma laboral que ha desnivelado mucho más los ingresos de la capa alta de la sociedad y la baja, que aún teniendo ésta un puesto laboral, sus sueldos son tan escasos que ha originado el con toda razón denominado trabajador pobre; hacer políticas activas y efectivas en contra de la precariedad laboral introduciendo la figura de la cogestión entre los empresarios y los trabajadores en el seno de las empresas; Igualmente derogar la nefasta y reaccionaria “ley mordaza”, que tanto daño le está haciendo a nuestros derechos y libertades; renasionalizar servicios esenciales como el energético y remunicipalizar el de abastecimiento de agua; crear un banco del estado que sea referente para todos los españoles y nos posibilite optar por él, en detrimento de la arbitraria y abusiva banca privada; potenciar la sanidad y la enseñanza pública, recortando o mejor aún suprimiendo los conciertos privados.
Para combatir el absentismo y el fracaso escolar de los mayores de Europa, que conduce a la marginación y de ésta a la drogadicción (enfermedad) y a la delincuencia, que obliga al Estado a grandes inversiones en infraestructuras carcelarias con sus correspondientes mantenimientos y policiales, judiciales, sanitarias, sociales etc. El coste económico que representa éste problema es muy considerable, pero es mucho más el social causado a las victimas y sus familiares. Para erradicar éste problema o sustancialmente aminorarlo, se debe invertir en su origen. Como otros países de nuestro entorno, se tiene que implantar formulas más imaginativas y progresistas para luchar contra la drogadicción. Por su eficacia, tomar como modelo educativo el finlandés. Erradicar el carácter benéfico y que los servicios sociales sean considerados como un derecho integral y su aplicación por el Estado se haga desde la justicia social.
Los usuarios y consumidores estamos impotentes e indefensos ante tantas arbitrariedades y abusos que padecemos. Es hora de que dispongamos para nuestra defensa de leyes claras y contundentes que nos protejan de las empresas bancarias y de servicios energéticos, telefónicos, internet que son de los más caros y deficientes en Europa, etc. Como así mismo de la propia Administración, que con la celebre ley del silencio administrativo se inhibe de sus responsabilidades y mas que a ciudadanos, nos trata como súbditos. En tal sentido las quejas denuncias y reclamaciones de los ciudadanos a la Administración y empresas, se darán por validas y tendrán que satisfacerse si no son contestadas o tenidas en cuenta, en el plazo máximo de tres meses. Las resoluciones de los tribunales europeos de protección a los ciudadanos, tienen que complementarse con políticas y leyes efectivas de nuestro parlamento