Nicolás Guerra Aguiar
Con frecuencia, el Gobierno de España impone la norma constitucional cuando la Carta Magna le sirve para defender sus intereses. Pero se distrae de ella si distintos sectores sociales o políticos reclaman elementales derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos. Valgan dos ejemplos, uno para cada comportamiento: impide la tramitación parlamentaria propuesta por Esquerra Republicana de Catalunya sobre víctimas del franquismo (revisión de la Ley de Memoria Histórica de 2007). Y olvida, a la par, su obligación constitucional de promover “las condiciones favorables para el progreso social” y la realización de “una política orientada al pleno empleo” (artículo 40). No obstante, el artículo 134.6 lo deja claro: el Gobierno puede vetar “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos”.
Si la proposición de ley hubiera sido aceptada y, a continuación, aprobada por el Congreso, el importe rondaría los 4300 millones de euros. Habrían servido para compensar, al menos, terribles tragedias y recuperar la memoria de quienes fueron víctimas inmediatas de la barbarie franquista desde 1936 hasta los años cincuenta (fosas, pozos, simas…). Les afectaría también a represaliados por cuestiones políticas, sociales o sindicales hasta 1978 (tribunales de Orden Público, cárceles, profesores expulsados, madres cuyos hijos fueron robados tras el parto…). Y a directos descendientes: sus vidas también se vieron marcadas por las consecuencias represivas sobre padres o madres, víctimas de la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y Comisiones Provinciales, cuyas disposiciones les quitaron hasta la vivienda familiar. (No obstante, dicho sea de paso, también la Constitución guarda en sus entrañas impactantes desajustes: reconoce la igualdad entre todos los españoles. Lo cual, acaso, se contradice con el artículo 56.3: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.)
Por tanto, y según cálculos del ministerio de Hacienda, el aumento presupuestario ascendería a los 4300 millones, cantidad astronómica, dice. Sin embargo, muy por debajo de la que hemos pagado los ciudadanos –a fondo perdido- tras la “recuperación” de bancos y cajas de ahorros. Así, según fuentes, las cantidades invertidas oscilan entre 50 000 y 61 366 millones de euros. A finales de 2014 algún medio dio cifras de montantes jamás recuperables: 37 000 millones (cabe la posibilidad de un final más elevado: algunos economistas llegan hasta los 50 000).
¿A quiénes les ha afectado directamente tal despilfarro? ¿Quizás a los consejos de administración bancarios, cargos directivos, accionistas, dueños, puertas giratorias, infelices políticos abandonados por la voluntad popular, tan malagradecida ella? Más bien sospecho todo lo contrario: los siete bancos españoles destacados aumentan sus beneficios un 4% frente al año 2015 (en conjunto ganaban 10 246 millones hasta finales de octubre / 2016). Así, el BBVA, 2797 millones; el Santander, 4606; el Sabadell, 647; Bankinter, 100; el Popular, 94; CaixaBank, 970; Bankia, 731 (millones, claro).
Los bancos son empresas cuya única función es obtener beneficios: “La buena vida es cara; la hay más barata, pero no es vida”. (Así rezaba la sentencia popular en la sacrosanta pared de “La Oficina”, taberna lagunera de don Ramón y doña Carmen.) Por tanto, no se trata de centros benéficos, instituciones de auxilio ciudadano o socorro económico, en absoluto. Ni tan siquiera hay minimísimas posibilidades de sensibilidad vistos los despistes con las acciones preferentes en alguno de ellos e, incluso, el desliz involuntario frente a las cláusulas suelo (dicta el Tribunal Supremo –tras el recurso de alguna institución- que los bancos deberán devolver las cantidades íntegras cobradas incluso desde años anteriores).
Así, en nuestro sistema de funcionamiento los bancos son una realidad y, en momentos, el escaparate económico más importante. Me viene a la memoria mi pueblo, Gáldar: en el municipio norteño están ubicados los más importantes, y no son simples sucursales. Esto traduce intensa actividad mercantil frente a Guía, pueblo vecino, mucho más elemental en cuestiones industriales, agrícolas, comerciales… Como tal hecho consumado, me refiero a una actividad recuperada en la Edad Media y relacionada con las Cruzadas (los templarios terminaron convirtiéndose en banqueros de reyes, comerciantes…). Por tanto, la banca forma parte de nuestra sociedad, y a ella se acude. Hasta ahí casi normal, si normal es enriquecerse gracias a préstamos; pero cosa bien distinta son los dineros públicos, los nuestros, los posibles 50 000 millones a fondo perdido.
Mas el Gobierno –el mismo partido político que abrió la caja fuerte para los miles de millones- niega la tramitación en el Congreso para revisar la Ley de Memoria Histórica de 2007 (afectaría, recuerdo, a exhumación de fosas, identificación de víctimas y desaparecidos, a indemnizaciones, devolución de bienes incautados…). Argumenta, además de la cuantía económica, que la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya implica un incremento muy importante del gasto público. Y tacha de ambigua (‘puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones’) la proposición formulada como si palabras, razonamientos, inteligencias y diálogo no fueran suficientes para entenderse.
Un ejemplo: un número de la revista canaria Sansofé (1970) y su director (don Alfredo Herrera Piqué) fueron sancionados por la censura franquista. Habían reproducido el escrito enviado por intelectuales al gobernador civil de Las Palmas: denunciaban las descargas eléctricas sufridas en comisaría por un paisano de 19 años cuyo horrible delito –eso sí- fue doblemente sangrante: lo acusan de pertenecer al Partido Comunista y de haber repartido octavillas para apoyar la lucha de obreros portuarios. Aquel joven huyó de su tierra (como Salvador Sagaseta) antes de que el Tribunal de Orden Público ordenara su encarcelación. Hoy simplemente reclama el derecho a la indemnización por el daño sufrido, ya no solo el físico: también el personal y profesional.
Otro: en Gáldar, nuestro pueblo cebollero, dos hermanas y su madre fueron reprimidas hasta la saciedad, pues el padre y marido había sido concejal socialista en el Ayuntamiento. Ellas, durante decenios, sufrieron en silencio la más absoluta impunidad de sus asesinos. (Mientras, la señora ministra de Defensa reclama significados aumentos en los gastos militares.)