Ante el anuncio realizado por el concejal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Sergio Millares Cantero de que la fosa común del cementerio de Las Palmas no se va a exhumar de momento, en base a los informes del Consejo sesor de Memoria Histórica, las familias exigen el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y su inmediata exhumación.
Consideran que, de aceptarse la propuesta del concejal, Sergio Millares Cantero, para que la fosa común del cementerio de Las Palmas no sea exhumada, el grupo de gobierno municipal estaría incurriendo en un gravísimo delito de prevaricación que denunciarán en los tribunales «desde que nos confirmen por la vía oficial dicho atentado terrorista a los derechos de las víctimas del franquismo».
La Plataforma Familiares Fusilados de San Lorenzo y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo, consideran vergonzosa la propuesta del concejal, Sergio Millares, para que la fosa común del cementerio de Las Palmas jamás sea exhumada «colocando el monolito millonario del buen ‘amigo’ escultor del concejal Millares, sobre los huesos de más de 120 republicanos asesinados por defender la democracia y la libertad».
Las familias de las personas asesinadas y enterradas en esta fosa común, acusan al Ayuntamiento de Las Palmas GC y a su alcalde Augusto Hidalgo, de ocultarles información sobre los informes presentados para la exhumación de dicha fosa, donde el estudio contratado por Millares dice que no se puede exhumar y el de la ARDF Desaparecidos, con una inmensa experiencia en cientos de exhumaciones por todo el estado español, certifica la perfecta viabilidad de dicha exhumación.
Para las familias de las víctimas el alcalde Augusto Hidalgo está incurriendo en un gravísimo delito de prevaricación al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por su propio partido el PSOE, al no informar a las familias de dicho proceso y dilatar en el tiempo este acto de justicia histórica, cerrando las puertas a una exhumación que ya se ha demostrado sobradamente que es viable por informes de la propia ARDF y del arqueólogo jefe de Patrimonio Histórico del Cabildo, Javier Velasco.
Estas organizaciones tienen previsto, una vez se confirme oficialmente que el Ayuntamiento de LPGC no permite que la fosa común se exhume, presentar en los juzgados una denuncia contra el alcalde Augusto Hidalgo y el concejal Sergio Millares por delito de prevaricación y encubrimiento del genocidio fascista en Canarias.