No se puede hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin definir el modelo de distribución de la renta que queremos tener. Mientras las pensiones públicas establecen mecanismos de solidaridad entre generaciones y grupos sociales, las pensiones privadas, seguros de vida privados, no establecen elementos de solidaridad dado que se cobra individualmente por lo que se ha depositado.
A principios de los noventa, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lanzaron una campaña cuestionando la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones e incentivando su conversión a modelos privados. El trasfondo de esta campaña pudiera ser el lucrativo negocio que constituyen los planes de pensiones para el capital bancario que ya han ganado, en comisiones, según datos de la patronal del sector, 1.830 millones de euros además de tener cautivos 104 mil millones de euros aportados por los ahorradores. Los fondos de pensiones gestionan más del 35% de todas las acciones existentes en el mundo y a pesar de ser incapaces de vencer el IPC se embolsan un 30% de las aportaciones en concepto de gastos de gestión.
Se trata de un producto muy atractivo dada las especiales características de este instrumento de ahorro. Analizando los datos queda patente que la reforma de las pensiones planteada en 1994 por el Banco Mundial no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más este suculento negocio. La realidad es que las pensiones privadas son un negocio para los bancos pero un fraude para los pensionistas.
Según los últimos datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverso) a 30 de junio de 2016 la rentabilidad promedio, de los planes de pensiones privados con activos de renta fija, en los últimos 12 meses es del -0,67%. Además sus estadísticas muestran que en un periodo de 10 años, desde 2006 hasta junio de este año, de 117 fondos de planes individuales sólo 40 han conseguido que el usuario no pierda poder adquisitivo, o sea, dos de cada tres productos no superan el IPC y los rendimientos van desde casi el 7% anualizado en el mayor de los casos hasta la pérdida del 3% anual.
Asimismo, un equipo de profesores del IESE, una escuela de negocio de referencia perfectamente insertada en la ortodoxia liberal, que monitoriza, de forma independiente, la rentabilidad del sector ha concluido que los planes de pensiones privados han sido, en general, un pésimo negocio en España para las personas que los han contratado. Las conclusiones son estremecedoras: casi el 10% de los fondos acumulan pérdidas, o sea, el ciudadano tiene hoy menos dinero en la cuenta que la suma de aportaciones que ha ido realizando durante 15 años. La causa principal, en esto coincide con la OCDE, son las elevadas comisiones que se embolsan los gestores, una media del 1,5% anual sobre la inversión. Además, un estudio publicado por la misma Escuela de negocios destaca que la rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (1,90%) fue inferior a la inversión de los bonos del Estado español a 15 años (5,4%) y a la inversión en el IBEX 35 (4,6%).
Utilizan, para impulsar los planes privados, además del temor a un futuro incierto, alegando la quiebra del sistema, argumentos falsos y sesgados como la esperanza de vida o la inversión de la pirámide poblacional. A este respecto, el Catedrático de hacienda pública de la Universidad del País Vasco, I. Zubiri, ha manifestado: “Este es uno de los debates más sesgados que he visto nunca. Se están aceptando como hechos incontestables posiciones puramente ideológicas”.
En España hay menos mayores que en las principales economías de la UE, ocupamos el séptimo lugar con población de más de 65 años, y gastamos menos en pagar impuestos, de hecho somos el décimo quinto en gasto de pensiones. Dedicamos menos gastos en términos de PIB a pagar pensiones que la media europea; un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) desvela que los países de la Eurozona gastaron en 2012, últimos datos completos, una media del 13,5% del PIB en abonar prestaciones y España sólo llegó al 11,5%.
También omiten el fracaso de las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países del Este y particularmente en Chile. En la mayoría de estos países, donde se implantaron estas experiencias privatizadoras, se están estudiando reformas al haber sido descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines. Entre otras consideraciones la implantación del modelo privado propuesto por el Banco Mundial adolece de graves defectos al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impidan tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables. Hay que reunir cantidades imposibles para gran cantidad de trabajadores. Por ejemplo, para tener una pensión de unos 898 euros al mes el trabajador debe ahorrar unos 272.000 euros. ¿Quién puede ahorrar estas cantidades?
Sin embargo, pese a estas informaciones personajes como el Gobernador del Banco de España, nombrado por el Partido Popular, Jesús María Linde, siguen recomendando, en cualquier foro que le brinde la ocasión, incluso en el Congreso de los Diputados, la necesidad de “estimular” la parte privada de las pensiones. Es más, ha planteado que para solucionar la economía española deben bajarse los salarios, abaratar el despido y ofrecer unas pensiones públicas mínimas para que sea el sector privado, bancas y aseguradoras, las que se lucren con el negocio de las pensiones privadas. Y esto lo propone el mismo que se subió el sueldo un 6% pese a estar en crisis, siendo su salario bruto, según publican diversos medios de comunicación, de 176.060 euros unos 6.743 euros mensuales.
En contraposición a estas declaraciones tenemos a economistas como Miren Etxezarreta, Catedrática emérita de Economía aplicada de la UAB, que explica que la crisis de las pensiones no es porque faltan recursos, es debida a una distribución perversa de la renta. La riqueza producida está muy mal repartida. Plantea una pregunta ¿cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas? Si queremos reforzar la sostenibilidad del sistema se debe aumentar los ingresos que podría hacerse anulando las progresivas reducciones que durante los últimos años han experimentado las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Además el sistema público de pensiones puede ser financiado mediante impuestos generales además de las cotizaciones sociales.
Siguiendo con su política, el Ejecutivo de Rajoy, ha vuelto a pegar otro hachazo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, de un tercio de lo que quedaba, 9.500 millones de euros. Durante su mandato ha sacado 66.401 millones de euros quedando apenas unos 16.000 millones y la única solución que ha efectuado es aprobar, en la pasada legislatura, una reforma de las pensiones que constituye una rebaja generalizada de las mismas introduciendo dos ejes, el factor de sostenibilidad y el factor de revalorización anual. El factor de sostenibilidad, que se aplicará a partir del año 2019, introduce la esperanza de vida a la hora de calcular la pensión inicial que cobrarán los nuevos pensionistas, es decir, si la esperanza de vida aumenta la pensión inicial se reducirá con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Dado que la esperanza de vida va en aumento a lo largo del tiempo este factor siempre restará sobre el importe de la pensión. El factor de revalorización anual supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones sólo suben si aumentan las ingresos del sistema por encima de la base de crecimiento del número de pensiones. Este factor se moverá entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,5%. Con el factor de revalorización las pensiones dejan de revalorizarse en función del IPC y pasan a hacerlo en función de un Índice de Revalorización construido por un comité de expertos, compuesto por representantes de bancos y aseguradoras, cuyo único objetivo es mermar las pensiones públicas.
Todo un trabajo de ingeniería económica encaminada a favorecer la implantación de los planes privados de pensiones obviando que las pensiones públicas constituyen un mecanismo de solidaridad y no son un gasto sino una inversión ya que muchas familias están sobreviviendo gracias a la pensión “del abuelo” estimulando la economía productiva en forma de consumo y demanda.
El Partido Popular está destruyendo el Estado del bienestar favoreciendo a las élites económicas y financieras. La constatación de esta afirmación es que somos el país de la OCDE donde más ha avanzado la desigualdad durante la crisis. El informe “Una economía al servicio del 1%”, publicado por Oxfam Intermon, determina que “la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros”. La demolición del sistema social en el que vivíamos ha sido sistemática y programada.
Lo más irónico es que recientemente las gestoras están iniciando movimientos para conseguir que el Estado pague también las pensiones privadas. Inverso quiere que las empresas reciban dinero público para aportar a planes de pensiones que cubran las jubilaciones privadas de su plantilla.
Cada vez es más evidente que tenemos que recuperar el Estado del bienestar como instrumento de redistribución entre personas y grupos sociales ya que constituirá un seguro contra las adversidades de la vida y una hucha para el futuro. El objetivo de la Seguridad Social no es actuar como una empresa privada e igualar ingresos y gastos, sino garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación.