La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional califica de espectacular la ocupación de las viviendas vacacionales en fin de año, colgando el cartel de «lleno total» en todas las islas.
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| Doris Borrego, Presidenta de ASCAV |
Sin embargo, lamentan que, a pesar de poder entonar el «no hay camas para tanta gente», el Gobierno de Canarias sigue sin dar una respuesta a la práctica prohibición de esta modalidad y sigue anclado de trimestre en trimestre en la promesa de modificar el Decreto 113/2015 vigente.
Afirman que a nivel político, ni las promesas del anterior presidente Paulino Rivero y las del actual presidente Fernando Clavijo, ni las Proposiciones No de Ley (PNL) debatidas y votadas por unanimidad a favor de la vivienda vacacionales en el Parlamento, una presentada por el PP y otra por los mismos partidos que sustentaban el Gobierno de CC y PSOE, han conseguido que el ejecutivo mueva ficha en el asunto.
De especial interés es el extenso informe que encargó la propia Consejería de Turismo, revelando que a parte,que esta modalidad hace partícipe al residente en materia turística, la vital importancia del reparto de riqueza entre las empresas locales que genera la vivienda vacacional y que se cifra en torno a los mil millones de euros al año. De ahí que -aseguran- no es de extrañar, que asociaciones y federaciones de empresarios, se hayan unido a ASCAV reclamando la modificación del Decreto. Especialmente en las zonas turísticas y mixtas es, donde la vivienda vacacional está prohibida, pero donde más contrarresta los efectos del «Todo Incluido».
Asimismo ponen en valor los informes de ambas Universidades de Canarias, en materia turística y de derecho, informes de la CNMC, las sugerencias de la Unión Europea, ect. Incluso importantes hoteleros de la provincia de Las Palmas respaldan las reivindicaciones de ASCAV, pero el Gobierno sigue sin reaccionar. Como si el canario y residente no tuviera derecho a participar en los beneficios del turismo «curioso el proteccionismo que ejerce el ejecutivo en pro de los grandes empresarios turísticos especialmente de la provincia de Tenerife, que la mayoría incluso son de fuera de Canarias», afirman.
Sin embargo, el dato más relevante para ASCAV del informe de la Consejería de Turismo, es que la cuota de camas que adquieren las viviendas vacacionales en Canarias es del 22%. A día de hoy el 80% se encuentra en la más absoluta ilegalidad. No hay seguridad jurídica para el turista, ni para el propietario de la vivienda vacacional en un destino líder a nivel mundial como Canarias.
La normativa ha sido impugnada por ASCAV, la CNMC y FEVITUR y está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Mientras tanto, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV sigue creciendo a un ritmo espectacular, sumando en su corta andadura a más de 800 socios en las islas y sigue dando soporte jurídico y administrativo a los propietarios de viviendas vacacionales, además de proveerlos de servicios ventajosos para su actividad. Para el año 2017 se pretende ampliar también la formación, ya que la vivienda vacacional tiene que dar el mejor de los servicios a sus huéspedes y la calidad y excelencia tiene que estar garantizada.
«¿Nos traerá el año 2017 la tan ansiada modificación de Decreto 113/2015 o seguirá el Gobierno de Canarias mirando para otro lado? «, se preguntan.