En Canarias, la mayoría de las personas jubiladas recibe menos de 700 euros al mes y la pensión no contributiva está por debajo de la media estatal y se sitúa en 351,35 euros.
Según datos de Cáritas, el 57% del total de las pensiones está por debajo del umbral de la pobreza y el 12,8 de los y las pensionistas cobran menos de 350 euros. Estos datos, euro arriba, euro abajo, son extrapolables al resto de Comunidades del Estado Español. Estos números deberían ser suficientes para que las Instituciones del Estado estuvieran empeñadas en mejorar esta situación. Lamentablemente no es así.
Las últimas reformas y congelaciones no sólo han traído consecuencias negativas para el poder de compra de los actuales pensionistas, sino que afectarán mucho más negativamente a los futuros por el endurecimiento de las condiciones aprobadas en la reforma de Zapatero de 2011 (jubilación a los 67 años, de 35 a 37 años de cotización para tener derecho a la pensión máxima, el pase de 15 a 25 años para el cálculo de la pensión…) a lo que hay que añadir, para quienes se jubilen a partir de 2019, la aplicación de un coeficiente que invariablemente reducirá su expectativa de pensión inicial, al contemplarse en su cálculo el aumento de la esperanza de vida de la población española. Las mujeres, que parten de una peor situación (400 euros menos de pensión media que los hombres) sufrirán especialmente las consecuencias de estas últimas reformas, por las frecuentes lagunas de cotización a lo largo de su vida laboral. Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, concluye con que las pensiones serán un 35% más bajas en el futuro como consecuencia de las reformas de 2011 y 2013 y advierte de un constante empobrecimiento de los ancianos a medida que van cumpliendo años. Para evitarlo propone eliminar los índices de revalorización y de sostenibilidad contemplados en la última reforma, y volver a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
¿Estas reformas eran necesarias? ¿No hay dinero para pagar las pensiones? Las pensiones públicas se pagan con cotizaciones sociales y durante los 47 años de funcionamiento del sistema, los ingresos han sido muy superiores a los gastos. A finales del 2011 la hucha de las pensiones acumulaba 66815 millones de euros, ahora, después de cuatro años de gobierno del PP apenas alcanza los 25000 por el desfase registrado entre ingresos y gastos, pero este desfase no tiene nada que ver ni con el aumento de la expectativa de vida, ni con el bajo nivel de natalidad entre la población española. Por el contrario, está directamente relacionado con el aumento del paro, con la precariedad laboral, consecuencia de las últimas reformas laborales, y con el saqueo a que la ha sometido el PP al financiar las políticas activas de empleo con las cotizaciones empresariales a la SS para evitar hacerlo, como corresponde, con los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, la ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social establece, en la Ley 28 de 2003 que el límite de utilización anual del fondo será el equivalente al 3% del gasto en pensiones contributivas, es decir, algo más de 3000 millones de euros anuales, pero esa ley ha quedado suspendida hasta el punto de que en 2015 el gobierno dispuso de mas de 13000 millones del fondo de reserva, a la vez que disminuía los impuestos a los empresarios de manera innecesaria e injusta. Con estas políticas, el fondo de reserva de las pensiones se agotará en muy poco tiempo con lo que estaríamos abocados a nuevas reformas que reducirían drásticamente los ingresos de las personas pensionadas.
Sin embargo esto no tiene por que ser así. Tenemos que recordar que es el Estado quien está obligado por el artículo 50 de la Constitución a garantizar pensiones suficientes y periódicamente actualizadas. Nada obliga a que sea la seguridad social la responsable absoluta de garantizar las pensiones. De hecho, en la mayoría de países las aportaciones del estado complementan las cotizaciones sociales e incluso en algún país se financian exclusivamente vía impuestos. En España hay recursos sobrados para para garantizar pensiones dignas, sólo hay que recordar que el fraude fiscal ronda los 90.000 millones de euros anuales, la presión fiscal está siete puntos por debajo de la media de la UE y el volumen de la economía sumergida se eleva a más de 250.000 millones de euros anuales, según el sindicato de técnicos del Ministerio de hacienda (Gestha), lo que nos sitúa a la cabeza del fraude entre las grandes economías de Europa. Tampoco podemos olvidar que el gasto en pensiones en España está en torno al 12% del PIB, muy por debajo de lo que dedican a este concepto otros países de nuestro entorno.
¿Qué problema hay entonces para que el Estado garantice una pensiones dignas? En realidad, ninguno. Basta con que cumpla con su obligación de combatir la corrupción, controlar el insoportable fraude a la Hacienda Pública y desarrollar políticas fiscales proporcionales y justas.
Si de verdad queremos un Sistema Público que garantice pensiones que permitan vivir con dignidad a quienes ya no pueden trabajar, tenemos que impulsar un Gobierno que ponga por delante los intereses de la mayoría a los de los grupos de presión empresariales y financieros… El Partido Popular no es ese Gobierno.