La dignidad humana es el derecho inherente que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Se oponen a la dignidad los tratos humillantes, indecorosos y discriminatorios.
Nuestros representantes públicos han olvidado, o nunca lo han sabido, que la dignidad no puede identificarse como un derecho fundamental sino que todo derecho fundamental tiene sentido en cuanto gira en torno a la dignidad de la persona y no en un plano individual sino en su total integración y dimensión social.
Los actuales gobernantes han regresado a los oscuros años de la beneficencia pública de los ayuntamientos del siglo XIX, regidos por la clase burguesa. Una beneficencia financiada con fondos públicos que no comporta derechos sino sumisión. El mensaje que quieren transmitir es que el pobre es el que posee poco, nada vale y por tanto está desamparado y es incapaz mientras que su opuesto es el benefactor, el que es capaz porque es potente, poderoso e influyente. El objetivo es lograr pobres sumisos y por lo tanto no rebeldes.
Estas beneficencias públicas que nos venden como “ayudas” son trampas de la pobreza y el desempleo además de crear estigmatización, control social y clientelismo político. Asimismo es inestable y carente de patrones estables en el largo plazo además de no contar, en la mayoría de los casos, con una sostenibilidad financiera.
Frente a este sistema totalmente indigno, contradictorio con un Estado social de Derecho e incoherente con los artículos 1,10 y 41 de la Constitución que consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental está la propuesta de una Renta Básica que garantice a todas las personas un ingreso monetario suficiente para cubrir sus necesidades básicas como un derecho, no un beneficio.
En Canadá, durante los años 1974 y 1979, una comunidad agrícola de Dauphin (Manitoba) desarrolló el conocido como experimento Mincome cuyo objetivo era averiguar si un pago mínimo mensual mejoraría la vida de los ciudadanos o los impulsaría a la ociosidad, como pregonan los detractores de esta medida. Se generaron miles de páginas de bibliografía que permanecieron dormidas en un almacén de Winnipeg hasta que la socióloga Evelyn Forget publicó en 2011 un estudio sobre el experimento canadiense.
Las conclusiones expuestas en un artículo llamado “El pueblo donde no existía la pobreza” fueron altamente positivas. Desmintió la principal preocupación de los detractores de la medida puesto que la motivación para buscar y rendir del principal trabajador de la familia no declinaba sólo hubo un pequeño descenso en la ocupación de los adolescentes y las madres de unos pequeños, seguramente porque los primeros ya no tenían que apoyar económicamente a sus familias y las segundas porque podían dedicarse a cuidar de sus hijos.
Demostró que los ciudadanos elegían con mayor libertad el trabajo que podían llevar a cabo. Las visitas al médico se redujeron en un 8,5%, la salud mental de los ciudadanos mejoró, un mayor número de adolescentes terminó sus estudios, descendió la violencia doméstica y el número de accidentes de coche. Se constató, tal como algunos habían previsto, que los costes del Estado de bienestar podían reducirse lo que compensaba la inversión.
Próximamente, a partir de 2017, Finlandia, uno de los países más ricos del mundo, según el Banco Mundial, aplicará una renta básica universal para que todos los finlandeses mayores de edad tengan derecho a una renta básica que suprimiría muchos subsidios y ayudas actuales. La aportación será de entre 600 y 800 euros mensuales por persona.
En España la renta básica aparece recogida en el Estatuto de Autonomía Andaluz, en su artículo 23.2, “todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna”. Durante la IX Legislatura el Parlamento andaluz creó un grupo de trabajo en materia de renta básica cuyo objetivo era “analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica al objeto de poder fijar el alcance de una ley que pudiera regular en Andalucía de una manera progresiva la incorporación de este derecho”. Con la disolución del Parlamento se dio por cerrado el grupo sin elaborar un informe, incumpliendo el artículo 54 que obliga a su elaboración y posterior debate.
Posteriormente, en Andalucía, se ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 40.000 firmas, para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la inclusión en Andalucía que ha sido rechazada “por implicar aumento de los créditos presupuestarios”.
Ante este rechazo y ninguneo por parte de los responsables políticos el compañero Paco Vega, en Málaga, ha presentado un escrito a la Presidenta de la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo recordando y exigiendo el cumplimiento de un derecho reconocido hace diez años, en el Estatuto de Autonomía aprobado por el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007.
El compañero les recuerda que Andalucía sigue a la cabeza del paro en la Unión Europea y la pobreza infantil alcanza cotas tremendamente preocupantes. Asimismo les informa que ante la gravedad de la situación actual de seguir el incumplimiento se verá abocado a iniciar, el día 2 de noviembre, coincidiendo con los diez años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, una huelga de hambre indefinida con el problema que ello conllevará para su salud y la de sus familiares, compañeros y amigos.
Acciones y propuestas como éstas nos animan a seguir luchando y constituirán el eje central de la Asamblea que se celebra este 1 y 2 de octubre en Madrid porque la democracia es una cuestión de dignidad humana.