En dicho informe España sufre un varapalo al haber quedado probado la APLICACIÓN RETROACTIVA Y ARBITRARIA de la ley, la CONFISCACIÓN selectiva y masiva de miles de propiedades privadas, la existencia de una grave INSEGURIDAD JURÍDICA, la INEXISTENCIA DE COMPENSACIÓN ADECUADA Y JUSTA…
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) informa de que el “Proyecto Mare Nostrum” da una serie de recomendaciones a la la ONU, la Comisión Europea y los Estados rivereños. Su objetivo es analizar la laguna legal-institucional de la implantación del Protocolo de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) y contribuir a identificar y superar dichos obstáculos – ligados principalmente al planeamiento y la ordenación del litoral – que dificultan la implementación de los principios del Protocolo en los países ribereños del Mediterráneo obteniendo conclusiones a partir del estudio de realidades locales muy concretas. Este proyecto está co-financiado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza en el Mediterráneo ENPI – CBCMED.
El Informe Final, recopilación de varios años de trabajo e investigación, fue realizado después de la Conferencia Final realizada en Valencia los días 24-26 de noviembre de 2015 y ha sido publicado hace unos días en la pág. web http://marenostrumproject.eu/
Con respecto a España se resumen en:
- Hacer uso de la Ley de Expropiaciones para dar una compensación adecuada y justa
- No aplicar la ley con retroactividad en grado máximo: no aplicar la ley a los edificios preexistentes
- Impedir el limbo jurídico: o se es legal o ilegal, no se puede ser ambas cosas a la vez
- Crear a nivel europeo una base clara que impida la inseguridad jurídica
- Crear un fondo para compensar a los propietarios particulares
- Evitar las situaciones legales en las que las fuerzas ambientales cambien el estatus legal de los terrenos sin tener en cuenta la arbitrariedad y responsabilidad pública.
En dicho informe España sufre un varapalo al haber quedado probado lo que tantas veces ha denunciado la AEPLC: la APLICACIÓN RETROACTIVA Y ARBITRARIA de la ley; la CONFISCACIÓN selectiva y masiva de miles de propiedades privadas; la existencia de una grave INSEGURIDAD JURÍDICA; la INEXISTENCIA DE COMPENSACIÓN ADECUADA Y JUSTA; todo ello prohibido por la propia Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
No hay ni un sólo Foro internacional donde se haya conocido y tratado el tema de la Ley de Costas española que, habiendo alabado la ley, acabe condenando a España por la aplicación que se hace de ella, contraria a todos los principios básicos del Derecho Internacional (Informe Auken, Informe Werthmann, Mare Nostrum…) y se recomiende insistentemente que se ha de proteger los derechos de los propietarios legales de la zona costera y acabar con el limbo jurídico al que estamos sometidos.
No hay nadie, absolutamente nadie con un poco de sentido común, con conocimientos jurídicos y con sentido de la justicia que no acabe criticando la Ley de Costas española, incluyendo su modificación… excepto en España que parece se lee una ley distinta a la que leen los expertos extranjeros.