Ramón Trujillo insistió en que el texto busca “humanizar las normas y no es cerrado”
Eloy Cuadra, de la Plataforma por la dignidad, participó en el Pleno representando a los colectivos que trabajan el sinhogarismo en la ciudad
La plataforma pidió la dimisión del concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, que se defendió diciendo que el funcionamiento del albergue es “óptimo y razonable”
De nuevo, Coalición Canaria y el Partido Popular rechazaron la modificación del reglamento del albergue municipal de Santa Cruz planteada por Izquierda Unida. El reglamento actual ha sido denunciado como “abusivo, injusto e inconstitucional” por distintas plataformas vecinales y colectivos sociales y la moción presentada hoy ante el pleno de la corporación por Izquierda Unida planteaba una serie de medidas para hacerlo “más garantista”, explicó durante su intervención el concejal de Izquierda Unida Ramón Trujillo.
CC y PP adujeron que los servicios técnicos deberán revisar el texto “siguiendo las vías adecuadas”, en palabras del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez: “la Comisión técnica de personas sin hogar y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales”. Todos los grupos de la oposición, Sí se puede, Ciudadanos y el PSOE, respaldaron la propuesta de Izquierda Unida, porque como dijo Evelyn Alonso de Ciudadanos “el reglamento vigente tiene graves deficiencias y cuenta con un profundo rechazo social”.
Ramón Trujillo explicó que las propuestas recogidas en la moción son de “sentido común”: ampliación del periodo de estancia, un reglamento más garantista que recoja las bajas o salidas del centro, la graduación de las sanciones o la creación de un Consejo del centro representando a trabajadores, concejales y los propios usuarios y usuarias del centro. “Es una propuesta muy flexible, que tiene perfecta cabida en los deseos de mejora de los centros que debemos compartir todos”.
El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García afirmó que en el albergue “no se expulsa a la gente” y que el “día a día del centro no es represivo porque a las personas se les hace un gran proceso educativo antes de reprenderlas”. “El funcionamiento en el albergue es óptimo y razonable”, dijo, a lo que el concejal de Iuc, Ramón Trujillo, contestó que “al hablar con las personas que viven en el Pancho Camurria, afirman que no recurren al albergue porque las condiciones son bastante precarias, con gente durmiendo en el suelo o siendo expulsada sin más”.
Asún Frías, de Sí se puede destacó la falta de “autocrítica” de Óscar García. “No hay autocrítica”, dijo Frías, que le recordó que “si hay colectivos ciudadanos pidiendo su dimisión, sólo le pido una cosa: autocrítica”.
Ramón Trujillo destacó que la propuesta de Izquierda Unida es “abierta” y recordó que la moción fue presentada en mayo pasado para que los técnicos del Ayuntamiento hicieran los cambios precisos y pudiera llegar al Pleno respaldada por todos los grupos. “Como no ha sido así, volvemos a traerla”, dijo.
Eloy Cuadra, de la Plataforma por la dignidad, que trabaja la problemática del sinhogarismo en la ciudad, intervino para explicar cómo en el albergue municipal “rige la norma más restrictiva y punitiva posible” y denunció que en albergue “hoy duerme gente en el suelo. Hoy se expulsa a la gente a la calle sin contemplaciones”.
Cuadra exigió la dimisión del concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, y afirmó que si la propuesta de cambio en el reglamento presentada por Izquierda Unida “no se aprueba hoy en el pleno, es porque los usuarios y usuarias de este albergue no dan votos”.
El actual Reglamento de régimen interior del Centro Municipal de Acogida, que regula el funcionamiento del albergue municipal de la ciudad, fue aprobado en 2014 por el anterior grupo de Gobierno (CC y PSOE) con las abstenciones de Sí se Puede y el Partido Popular.
Paradójicamente, el Reglamento fue aprobado bajo recomendación del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra Acevedo, como resultado de una investigación de oficio iniciada a partir de expedientes de queja y de noticias publicadas en la prensa tinerfeña sobre “ciertos hechos que evidenciaban deficiencias e insuficiencias, en el funcionamiento y en la situación interna en general de los centros de acogida de personas sin hogar, o los comúnmente conocidos como albergues”.
El Diputado del Común recordaba en su escrito que “el Centro de Acogida de Persona de Santa Cruz de Tenerife, es el único centro de naturaleza pública de la isla de Tenerife, y que es centro de referencia, (entendiéndose por tal al que todos los demás centros se refieren y miran), entendemos que debe ser dotado de la más básica normativa de funcionamiento interno, conforme es mandato establecido en la legislación local vigente, pero sobre todo por propia necesidad interna, para el buen desarrollo y funcionamiento de las actividades del centro”.
Dos años después de su aprobación, el texto del Reglamento de régimen interior del Centro Municipal de Acogida ha vuelto a la mesa del Diputado del Común, pero esta vez acompañado de una denuncia sobre su carácter “abusivo, injusto e inconstitucional”. Colectivos sociales y asociaciones vecinales que viven directamente el problema del sinhogarismo en Santa Cruz denuncian desde hace tiempo la dureza de este reglamento, que impone como única sanción la expulsión del centro y la consiguiente pérdida de derechos (ducha, comida, atención médica) sea cual sea el sea la graduación de la falta.
Según datos facilitados por el Ayuntamiento a Izquierda Unida el pasado 12 de mayo, durante los últimos cinco años han sido sancionadas en el albergue municipal 6 personas. En todos los casos, la sanción fue la expulsión.
La más reciente de estas expulsiones concitó el pasado 27 de abril el interés de la prensa ante la denuncia de la Plataforma por la Dignidad sobre la situación de extrema necesidad en la que se encontraba. Se sumaron a esta denuncia la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, la AAVV Azorín y la Plataforma Vecinal 29E.
El Reglamento del albergue y su excepcional dureza se hicieron públicos. Al compararlo con otros reglamentos, como el de los centros de acogida de Sevilla, las diferencias se hacen evidentes porque en estos últimos las sanciones son graduales, más leves y menos punitivas. El reglamento del centro municipal de acogida de Santa Cruz establece una única sanción: la expulsión, cuya duración sí es gradual dependiendo de la infracción.
La propuesta presentada hoy por IU planteaba mejoras en el texto actual, tales como ampliar el tiempo de estancia, modificar el régimen de sanciones para hacerlo menos duro y crear un Consejo del Centro municipal de acogida abierto a la participación de usuarios, trabajadores y ayuntamiento.
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