Una de las preocupaciones más extendidas ante las próximas elecciones generales del 26 de junio es el nivel de participación ciudadana en las mismas. Existe el temor de que la cercanía de los comicios del pasado mes de diciembre y, sobre todo, el fracaso de los partidos, al no haber logrado ponerse de acuerdo y conseguir formar Gobierno, lleve a un aumento de la abstención.
Así lo apuntan algunos estudios sociológicos que señalan, asimismo, que este fenómeno de bajada de la participación electoral beneficiaría a las fuerzas más conservadoras, por la estructura de su voto tradicional. En consecuencia, éstas podrían mejorar ligeramente sus expectativas en relación con los resultados del 20D. Sea o no así, siempre es una mala noticia que acuda menos gente a ejercer su derecho al voto.
Pero, en democracia, participar no es solo y exclusivamente votar. Una sociedad avanzada, que aspira a incrementar la calidad de su vida democrática, debe, además, establecer cauces de participación que vayan más allá de la periódica cita con las urnas. Introduciendo, también, elementos de control de la actividad política. Así como del cumplimiento de los programas electorales, ese contrato con la ciudadanía tantas veces vulnerado.
Desde Nueva Canarias siempre hemos dado mucha importancia a los programas, abriendo en 2015 cauces de debate y participación –sobre fiscalidad y servicios públicos, modelo de desarrollo económico, democracia y transparencia, nacionalismo o juventud- en la elaboración de los mismos. Planteando siempre programas rigurosos, realistas y alternativos, alejados tanto de los brindis al sol, de las promesas incumplibles, como del inmovilismo acomodaticio.
Considero muy importante el hecho de posibilitar una mayor implicación de las personas y colectivos, que así lo deseen, mediante el planteamiento de iniciativas que contribuyan a mejorar la vida colectiva. La democracia no puede ser una asunto solo de los políticos.
Cultura democrática
Canarias cuenta desde 2010 con una Ley de Fomento de la Participación Ciudadana. Entre los objetivos que se plantea figuran el perfeccionamiento de la vida y la cultura democrática y alcanzar “una democracia más deliberativa y próxima a la ciudadanía”.
En su preámbulo se destaca que con esta ley se reafirma el compromiso de la comunidad canaria “de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar”, y “comprobar el grado de aceptación y aplicación de sus políticas”.
La democracia representativa, en la que se delegan las tareas legislativas y ejecutivas, es compatible con fórmulas que permitan enriquecer la vida democrática generando alternativas a problemas concretos.
En este marco funcionan, desde hace décadas, las leyes de iniciativa popular (ILP) que exigen un mínimo de firmas de apoyo a los textos trasladados a los parlamentos. En el caso de Canarias, han supuesto llevar a la Cámara preocupaciones en torno al territorio y la protección medioambiental, como Veneguera y El Rincón, y también en relación a la limitación del incremento del número de camas turísticas.
Más recientemente, distintas asociaciones vinculadas con el sistema educativo impulsaron la Ley Canaria de Educación, luego desarrollada por un intenso trabajo de los grupos parlamentarios, y que se ha convertido en un texto de referencia –pese a los incumplimientos gubernamentales- en la mejora del sistema educativo de las Islas.
Además, la Presidencia del Parlamento canario creará este año una plataforma virtual que permitirá a los ciudadanos y ciudadanas participar en el trámite de una iniciativa legislativa, pudiendo intervenir en el proceso de enmiendas, trasladando a los grupos sus propuestas. La futura ley del suelo, por su enorme relevancia, es un asunto que merece abrir todas las oportunidades para la máxima participación ciudadana.
Consultas
También forman parte de los elementos para pulsar el sentir ciudadano las consultas ciudadanas. En la referida Ley Canaria de Participación, en su artículo 20, se recoge que el Gobierno, a instancias del presidente, podrá “recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”.
Se intentó activar con el asunto de las prospecciones petrolíferas pero el Gobierno central rechazó cualquier tipo de consulta, al entender que se trataba de un tema de exclusiva competencia estatal. El mismo Ejecutivo, del PP, que tampoco quiso escuchar el mayoritario posicionamiento de las instituciones y de la ciudadanía canaria. Esta fórmula de realizar consultas funciona desde hace tiempo en democracias tan consolidadas como Suiza, Italia y EEUU.
Nueva Canarias (NC) lo ha planteado respecto al monumento de Tindaya, controvertido proyecto sobre el que debería poder pronunciarse el pueblo de Fuerteventura.
Además, entre nuestras propuestas de modificación del Estatuto, incluimos la modificación del artículo 32.5 para que la autorización y realización de consultas en materias de competencia autonómica corresponda al Parlamento canario.
En definitiva, cabe incorporar muchos planteamientos para incrementar la participación y el protagonismo de la gente. Máxime en tiempos en que algunos pretenden convertir la democracia en algo puramente formal donde las decisiones relevantes se encuentran en manos de una minoría, de poderes económicos que no dudan en saltarse el veredicto de las urnas, imponer presidentes tecnócratas, determinar programas económicos y plantear duros sacrificios a poblaciones cada vez más depauperadas.