Que España lidera el ranking de los países más corruptos de la eurozona es algo que ya nadie cuestiona. La corrupción parece ser una característica indisoluble de la marca España. Desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles, desde ayuntamientos a diputaciones, así como gobiernos autonómicos y estatales, cuyo coste, según publicaba en febrero de este año un medio, supera los 7.500 millones de euros. Con una característica relevante, su total pluralidad, prácticamente todos los partidos que han ostentado responsabilidades de gobernabilidad están inmersos en alguna trama de corrupción.
La lista de casos de corrupción la encabeza el Partido Popular (PP) con 68 casos, siguiéndole muy de cerca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 58, Convergencia i Unió ha aparecido en nueve casos, la desaparecida Unión Mallorquina en siete e Izquierda Unida (IU) en seis. Por supuesto que también aparecen en el listado partidos minoritarios como el GIL, fundado por el exalcalde de Marbella, Jesús Gil, que apareció en cinco o Coalición Canaria que ya va por cinco casos detectados. Según algunos autores, hablamos de más de 1.900 imputados y unos 200 condenados, dato que está pendiente de la resolución de unos 85 casos que aún permanecen abiertos y de que se culminen investigaciones en proceso.
En la actualidad no existe ningún análisis que determine la cuantía exacta que supone la corrupción. Sin embargo se han publicado algunos estudios a este respecto. En 2013 la Universidad de Las Palmas contabilizó el coste social del fraude a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos y la cifraba en unos 40.000 millones de euros. Ya constataba, la citada Universidad, que “la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional”. En el 2015 la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) publicó un informe sobre el Análisis de la Contratación Pública en España determinando, de forma somera, que la corrupción supone una pérdida de 47.500 millones de euros anuales, lo que podría implicar hasta un 4.6% del PIB anual.
Un informe de Transparencia Internacional determinaba que la principal forma de corrupción se producen en la fase de adjudicación del contrato, cuando el responsable público deja de ser imparcial al existir sobornos, comisiones o algún tipo de conflicto de intereses. En lo que respecta a la fase de ejecución del contrato apuntaba que lo más habitual son los sobrecostes que surgen mientras se ejecuta el contrato. También en 2015 el Cemfi, centro creado por el Banco de España, determinó que el llamado capitalismo de amiguetes y la corrupción que se desarrolló durante el ciclo expansivo han impedido que España sea un 20% más rica, o sea, nuestro potencial económico se ha reducido en 200.000 millones de euros. Esto significa, cuantitativamente, que cada español podría ser 5.000 euros más rico, o sea, la corrupción roba 5.000 euros a cada español.
Decía Mark Twain: “es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”. Y esta debe ser la máxima de este país que, pese a haber sido engañado durante cuatro años, no parece haber cambiado la intención de voto. Este hecho proporciona a los políticos una gran prepotencia. ¿Cómo si no se explica que el expresidente Aznar, cuyo partido está sumido en múltiples escándalos relacionados con corrupción y él mismo ha sido multado por irregularidades fiscales, haya ido a El Salvador a impartir una conferencia sobre “corrupción y populismo”? El diputado salvadoreño, Blandino Nerio, manifestó “…han traído al ladrón a enseñarles a ser ladrones” definiendo a Aznar como “emblema de la corrupción”. Y esto ocurre la misma semana que el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, apunta a Génova en la financiación ilegal del PP valenciano. Como dicen las redes sociales “Aznar no sabía que en su partido había una Caja B, pero sí que en Irak habían armas de destrucción masiva”. Claro que la prepotencia de algunos políticos llega a tales extremos que no dudan en decir que los votantes son más propensos a la corrupción que los políticos. Esta apreciación la hizo el Presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, Fernando Clavijo, quién no pudo ser juzgado por el “Caso Corredor” tras archivarse la causa por la extraña desaparición de un Auto ordenando unas escuchas telefónicas.
Tampoco los partidos llamados de “nuevo cuño” parecen diferenciarse de la “vieja política”. El partido Ciudadanos se enfrenta a denuncias sobre posible financiación irregular al utilizar, de manera supuestamente fraudulenta, el dinero de las asignaciones públicas de grupos municipales y autonómicos para el pago de contratos o créditos que tiene el partido con bancos, como el contrato irregular con su grupo municipal de una Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, o los pagos de gastos y créditos de campaña con el dinero de las subvenciones, así como el salario del delegado territorial de Ciudadanos en el País Vasco que estaba siendo abonado a cargo del Grupo Parlamentario del Parlamento de la Rioja. Prácticas prohibidas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y por la Ley de Financiación de Partidos que determina en qué deben emplearse las subvenciones públicas que reciben los partidos.
En el Caso del partido Podemos, que tanto denunciaba los privilegios de “la casta política”, tanto en Madrid como en Canarias han realizado viajes a eventos del partido con el dinero de los contribuyentes. Y el nepotismo, que tanto denunciaban, lo han olvidado al “enchufar” en el Ayuntamiento de Madrid a 44 personas entre las que se encuentran el sobrino político de la alcaldesa, una expareja de un concejal, el padre de una concejal, el hermano de Alberto Garzón, líder de IU-Unidad Popular, tal vez este contrato sea la clave y la antesala del acuerdo al que parece que va a llegar Garzón con Pablo Iglesias de concurrir en unidad, un hijo de una candidata en las primarias de Ahora Madrid y así podríamos seguir con la lista de los 44 asesores con sueldos tan generosos como son 90.000 euros, cantidad que se aleja enormemente de las limitaciones que ellos proponían y que era no sobrepasar los tres salarios mínimos interprofesionales. También en Alicante su concejal adjudicó contratos por importe de 17.000 euros a una empresa de su entorno personal y político, concejal que se ha negado a dimitir siguiendo el estilo de lo que ellos llaman la vieja política y a la que rápidamente han emulado. O cómo el Código Ético de Podemos es papel mojado, pues lo incumplen cuando les interesa ya que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella contra la diputada de Podemos, Victoria Rosell, por prevaricación, cohecho y retardo maliciosos en la administración de justicia y según su norma interna debería renunciar al cargo público o a cualquier candidatura en caso de ser imputada, procesada o condenada pero Pablo Iglesias ya ha expresado que será candidata.
Y con este panorama político nos enfrentamos a la disolución de las Cortes Generales y a nuevas elecciones. En el ambiente de la calle, desde la izquierda hasta la derecha, el descontento, el desánimo, la incredulidad y la indignación son la tónica general por lo que se nos avecina, más de lo mismo mientras los problemas de la gente son relegados al ostracismo y a la indiferencia de unos representantes que nos han defraudado.