Todo lo que los medios de comunicación han informado en las últimas semanas sobre los denominados papeles de Panamá constituye solo una pequeña muestra del funcionamiento de los paraísos fiscales en todo el mundo. Ni es ese país el único ni mucho menos el despacho Mossack Fonseca el canalizador exclusivo de los movimientos de capitales por distintos edenes fiscales del planeta.
Lo que sí es cierto es que estas actividades las lleva a cabo el crimen organizado y una minoría adinerada que, de esta manera, logra reducir de manera muy significativa el pago de impuestos. Asimismo, los perjudicados son las inmensas mayorías que ven gravemente dañadas su educación, su sanidad o sus servicios sociales por la insolidaridad de quienes buscan todas las argucias para no contribuir al bienestar de todos.
Se ha centrado el foco sobre los nombres que diariamente han ido desvelando estas semanas los medios de comunicación, del mundo de la política, el deporte, el cine y la empresa. En algunos casos, muy pocos, con consecuencias para las personas implicadas.
Pero lo esencial es que los estados y, especialmente, a nivel internacional, se establezcan normas para acabar con el refugio del dinero negro y combatir el masivo fraude, posibilitando un mundo con menos desigualdad, con mejor distribución de la riqueza.
Para eso es imprescindible modificar unas reglas de juego que solo benefician a unos pocos. Lo que incluye, necesariamente, impedir la actual colaboración de las entidades bancarias en estos procesos de externacionalización de capitales y de opacidad.
Los datos más recientes señalan que más del 90% de las empresas que conforman el IBEX 35 cuentan con sociedades mercantiles registradas en paraísos fiscales.
Legales
Algunos se agarran a que sus actividades son legales. Cierto en buena medida. Pero la dimensión es otra. Legal era la esclavitud hasta que se abolió e ilegal era el voto femenino hasta que el impulso de las mujeres feministas conquistó este derecho.
Que los paraísos fiscales se mantengan y que las sociedades offshore sean consideradas hoy legales solo demuestra la capacidad de presión sobre los legisladores y sobre los organismos internacionales de una minoría privilegiada, que pretende colocar sus intereses económicos fuera de todo tipo de control. Ni más ni menos.
Cuando se coloca dinero en los paraísos fiscales se pueden pretender varias cosas. Intentar no pagar impuestos o hacerlo de una manera casi simbólica. Ocultar la titularidad en determinadas transacciones financieras internacionales o lavar dinero procedente del narcotráfico, de la corrupción política o del tráfico de armas. También las organizaciones terroristas, como sucede hoy con el ISIS, utilizan sociedades pantalla ubicadas en centros financieros extraterritoriales para mover los miles de millones que obtienen por el contrabando de petróleo, el tráfico de obras de arte o el de armas.
Aunque el G20, en su acuerdo del año 2009 en Londres y en medio de la grave crisis financiera y económica internacional, hablaba de la necesidad de combatir y acabar con los paraísos fiscales, la realidad es que los distintos organismos internacionales no han mostrado, en la práctica, interés alguno en revertir la actual situación.
En su momento, Hervé Falciani señaló que del Estado español salen anualmente unos 40.000 millones de euros con destino a distintos paraísos fiscales. Falciani, que trabajó en la filial suiza del banco HSBC, ha aportado información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, entre ellos, varios miles de ciudadanos españoles. Se estima, asimismo, que en Europa hay acumulados más de 5,8 billones de euros en paraísos fiscales.
El fraude fiscal dentro de los estados y la evasión fiscal detraen enormes recursos, tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos. Según Intermon Oxfam, “el fraude fiscal cuesta a España unos 59.000 millones de euros, el 72% de los cuales pertenece a grandes empresas y grandes fortunas. Una cifra mayor que el presupuesto de Sanidad”. Y añade que en el caso de los países en desarrollo se pierden más de 100.000 millones anuales.
En consecuencia, esta ONG exige a las formaciones políticas que incluyan en sus programas una ley contra la evasión fiscal “y a los líderes del mundo una cumbre fiscal mundial para empezar a construir un sistema de reglas justas para todos los países”.
Transparencia
En el programa con el que concurrimos a las elecciones generales del 20D en la coalición PSOE-NC se afirma que el Estado español debería liderar internacionalmente “una agenda ambiciosa en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos fiscales”. Es imprescindible que desde las Cortes Generales y desde el Gobierno estatal se insista en esa línea.
Considero que debe ser así porque la lucha contra la delincuencia internacional, el fraude y la evasión fiscal, el combate contra los paraísos fiscales y las sociedades offshore, resultan esenciales si queremos construir unas sociedades más justas, con mejores servicios públicos y con una mejor distribución de la riqueza. Impidiendo que el egoísmo de unos pocos se traduzca en el forzado sufrimiento de la mayoría y, especialmente, de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.