“Pretender oponer, como alguna vez se ha intentado, en sus variadas aplicaciones (político, presupuestario, legal o jurídica, preventivo sucesivo) la necesidad de un desembarazo de los gobernantes para poder actuar con eficacia, resulta en la situación actual de la democracia a la que nos hemos referido una completa ingenuidad.
La famosa eficacia, si pretende hacerse a costa del Derecho y como una alternativa al mismo, no es más que la fuente de la arbitrariedad como enseña la experiencia humana ya más vieja y hoy vívidamente renovada. Es necesario, como ya observó Locke, confiar el gobierno a personas sobre las que resulta inevitable desconfiar.” García de Enterría (Democracia, Jueces y control de la Administración)
Hay muy pocas decisiones políticas que puedan tomar las Instituciones del Archipiélago más importantes que la de revisar a fondo la legislación canaria sobre ordenación del territorio, urbanismo y medioambiente. En el panorama actual, ni la reforma del Estatuto de Autonomía tiene tanta trascendencia.
Porque ordenar el uso del territorio de las Islas condiciona intensamente el modo de ser y de estar de la sociedad canaria: la forma y límites de sus ciudades; la preservación de la biodiversidad y del patrimonio geológico y paisajístico, del litoral y de las costas; la protección del suelo agrícola como recurso estratégico, esté o no actualmente en explotación; la dimensión, el trazado y la ubicación de infraestructuras y equipamientos públicos; el espacio apto para las actividades económicas. Y eso tan real como inmaterial –y tan patrimonializado por algunos canarios, aunque nos pertenece por igual a quienes somos hijos de esta tierra y a quienes se sientan canarios de corazón– que es la identidad canaria. Es una decisión determinante. Y si, como es el caso, le corresponde a las propias Instituciones canarias, es una decisión que autodetermina.
Las Leyes más importantes del Código territorial canario, como la de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales o la de Directrices de Ordenación General y del Turismo, no fueron fruto de ocurrencias sino de una amplia reflexión sobre los problemas que plantean el desarrollo económico y el crecimiento poblacional sobre un territorio escaso, con una gran riqueza biológica y un gran patrimonio paisajístico que constituye la materia prima –junto con la benignidad del clima– del motor de nuestra economía: el turismo.
La trascendencia de la nueva Ley del Suelo es, por ello, difícilmente exagerable. El propio presidente del Gobierno, con amplio alarde propagandístico y el entusiasmo de influyentes sectores empresariales y profesionales, la ha convertido en tema estrella de legislatura.
Los dos principales eslóganes oficialistas para justificar la “Ley” son la simplificación de la maraña legislativa, la agilización de los trámites burocráticos y el fortalecimiento de la autonomía local, eliminando la tramitación de los Planes Generales en dos fases y atribuyendo a las Ayuntamientos la competencia para la aprobación definitiva, que hasta ahora correspondía al Gobierno de Canarias.
Hay que aclarar que, actualmente, corresponde a los ayuntamientos canarios formular autónomamente el “modelo de ciudad” a través de la aprobación inicial y provisional del Plan General de Ordenación. Y al Gobierno, solamente el control de legalidad, le guste más o menos la opción elegida por cada ayuntamiento. Si el Gobierno se ha excedido una y mil veces, la causa habrá que buscarla en los intereses o razones políticas de Coalición Canaria, que ha monopolizado el liderazgo del Ejecutivo y la Consejería de Ordenación del Territorio (ellos saben muy bien por qué) desde el tiempo de los romanos. Pero no en las leyes vigentes, como pretexto para echarlas abajo.
Algunos pensamos que la propuesta del Gobierno debilitará profundamente las garantías reales de respeto a la legalidad en una materia tan delicada, ya que el control previo (y más efectivo) de legalidad que hasta ahora correspondía al Gobierno de Canarias, a través de la COTMAC, desaparece.
Sólo quedan en pié el control previo a través de los Informes de la Secretaría y los Servicios Técnicos y Jurídicos de los Ayuntamientos, que no disponen frecuentemente de los recursos técnicos ni –en la vida real– de la independencia necesaria, ni son vinculantes.
Y el control judicial que es posterior a la aprobación del los Planes Generales, que son inmediatamente ejecutivos y pueden producir transformaciones irreversibles en el territorio. Pero el control judicial se produce siempre a instancia de parte. Por el camino quedará frecuentemente desamparado el interés general. Porque, la responsabilidad de defender judicialmente los intereses generales y la legalidad es de todos. Y, en realidad, no es de nadie.
Y porque la legislación procesal, que habría también que renovar para agilizarla, garantizando la tutela judicial efectiva, y reequilibrar la posición privilegiada de la Administración cuando es demandada por la ciudadanía, es competencia estatal y no autonómica.
También pensamos que la proclamada apuesta por la autonomía de unos municipios “mayores de edad y no necesitados de tutelas” tiene truco: la propuesta de Ley consagra definitivamente el urbanismo de proyecto frente al urbanismo de planeamiento (como ha denunciado reiteradamente el Consejo Consultivo en los últimos años), permitiendo al Gobierno o a los cabildos insulares aprobar proyectos de interés autonómico o insular que, además de referidos a sistemas generales, dotaciones o equipamientos estructurantes, podrán autorizar “actividades industriales, energéticas,culturales, deportivas sanitarias o de otra naturaleza” contra las determinaciones de los Planes Generales “en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación o calificación urbanística”.
La autonomía municipal que se proclama con mayúsculas, podrá ser atropellada por decisiones de la superioridad de alto carácter discrecional. Y la prohibición, básica en el Derecho Administrativo, de derogar singularmente los Reglamentos (y los Planes Generales son normas jurídicas de naturaleza reglamentaria) podrán saltársela a la torera poniendo en jaque valores y principios constitucionales como la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Es un asunto que por su trascendencia presente y futura y porque nos afecta a los canarios por igual, es decir como “un solo pueblo”, no debiera ser decidido por un Parlamento, en cuya composición el voto de cada canario pesa de forma muy desigual, sin que en este asunto haya intereses distintos entre los canarios de unas islas y los de otras, que es la razón de ser del principio de la triple paridad que ha venido condicionando la composición de la Cámara regional. Es decir, quiero como canario –porque que tengo derecho a ello– a pronunciarme en condiciones de absoluta igualdad con todos y cada uno y cada una de los canarios y canarias, sobre la Ley del Suelo del Gobierno.
La Ley del suelo que propone el Gobierno no afecta, en principio, ni a competencias del Estado ni a las de otras comunidades autónomas. Es, por tanto, un asunto específica y exclusivamente canario, de autogobierno del Archipiélago, a diferencia de lo que ocurría con las prospecciones petrolíferas, en las que concurrían visiblemente competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En los últimos tiempos, los referéndums –de verdad o de tapadillo, en forma de consultas populares orquestadas desde los gobiernos autonómicos– se han puesto de moda entre los nacionalistas originales y los de imitación. Pero todas las iniciativas han tenido dos rasgos en común: que nunca se refieren a temas relacionados con la gestión política de los gobiernos presididos por los nacionalistas, menos dispuestos a rendir cuentas a la ciudadanía que un gato escaldado al agua. Y que siempre encierran un conflicto potencial con el Estado, que es el terreno donde los nacionalismos periféricos se mueven como peje en el agua.
Pero resulta que la contrarreforma de la legislación canaria de ordenación territorial que Clavijo se trae entre manos es un asunto mera y trascendentalmente canario, política y competencialmente. Y no existe el menor impedimento jurídico constitucional ni estatutario para someterlo mediante referéndum al pueblo canario, que es el titular del derecho al autogobierno, antes o después de la decisión definitiva del Parlamento. Es evidente que el resultado del pronunciamiento popular tendrá sólo –y nada menos que– valor político.
Por eso creo que los canarios que nos sentimos comprometidos con el presente y el futuro de esta tierra nuestra y creemos que ya está bien de que la agenda política y las decisiones de las Instituciones que nos afectan a todos se dicten una vez tras otra por los mismos lobbys de siempre, tan respetables e influyentes como minoritarios, debemos exigir que el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias sea sometido a referéndum con todas las garantías democráticas.
Yo, desde la vieja Aguere, lo exijo.
Santiago Pérez.