Santiago Pérez.- Aunque el informe de Intervención Municipal declara ilegal esta práctica, en este y otros 22 decretos, el Gobierno municipal no responde a las críticas de la oposición.
El Grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna denuncia la contratación verbal y a dedo de cinco patrulleras para la Policía Local y de otros cinco vehículos para la Policía secreta. Así lo denuncia el portavoz de esta formación, Santiago Pérez, quien asegura que el informe de Intervención Municipal hace constar la ilegalidad de esta práctica.
Santiago Pérez especifica que tanto el alquiler de los cinco vehículos vehículos Citroën C3 Picasso para la Policía secreta a la empresa Special Prices Auto Reisen SL, como el de cinco patrulleras para la Policía Local, a la empresa Intervención Rápida S.L, se realizó desde el 15 agosto 2015, aunque el decreto de autorización del gasto y de adjudicación del contrato se dictó el 15 de octubre de 2015, cuando la empresa presenta la factura por los servicios ya prestados.
Estos decretos forman parte de otros 21 de los que se dieron cuenta en el pleno ordinario del 10 de marzo “para intentar dar una apariencia de legalidad a toda una serie de contrataciones verbales y a dedo que la Intervención Municipal considera completamente al margen de la legalidad”, añade Pérez.
Según dicta el informe de Intervención Municipal, “se ha prestado un servicio que no ha sido legalmente autorizado mediante resolución del órgano competente y para el que tampoco existía un crédito previamente comprometido, por lo que ha existido una contratación verbal no amparada jurídicamente (sólo procede en caso de emergencia) con el fin de que el proveedor realice el servicio, sin la tramitación previa del correspondiente expediente…”
En la misma línea, Intervención Municipal, aclara que “los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia” y, en consecuencia, formula oficialmente reparos a este modo de proceder por la “omisión de requisitos esenciales” de carácter legal.
Buena parte de los 23 decretos tiene que ver con el gasto en fiestas que se han celebrado en el mes de agosto de 2015 y con trabajos de publicidad y propaganda institucional, unos servicios que por su objeto y naturaleza no tienen nada que ver con emergencias de ningún tipo, recalca el edil de XTF-NC.
Santiago Pérez ya denunció esta irregularidad en el último Pleno, sin embargo, indica que obtuvo, “como tantas otras veces, la callada por respuesta”, al tiempo que concluye que “si en un ayuntamiento la función de control está degradada porque los gobernantes se niegan a dar explicaciones y continúan con este tipo de prácticas ilegales, entonces la democracia está pervertida”.
“Mucho blablá de que “de aquí en adelante” y al final lo mismo de siempre: manejar el dinero público y las contrataciones al margen de la legalidad, haciendo caso omiso a los informes de Intervención y comportándose como si el Ayuntamiento fuera su finca particular”, sentencia.