El camino recorrido no ha sido fácil, pero tenemos que reconocer que si estamos aquí es por el trabajo ímprobo e incansable de muchas personas, especialmente de los colectivos de la memoria histórica. Estas asociaciones han hecho del reconocimiento y la reparación de las víctimas y sus familiares su razón de ser, pues no han parado de agitar conciencias, de remover obstáculos y de perseverar en la búsqueda de los restos de las personas represaliadas y asesinadas en Canarias.
Ahora es el Parlamento autonómico el que recoge el testigo. Tal como anunciamos a finales de la semana pasada, todos los portavoces de los grupos parlamentarios y la Mesa del Parlamento nos hemos comprometido, tras una reunión con las representantes de las asociaciones de la memoria histórica, a impulsar una ley de memoria histórica en Canarias, reafirmando así nuestro compromiso ético y político para que la memoria no quede sin memoria.
Para ello, cada grupo parlamentario designará un ponente que participará en una comisión parlamentaria encargada de consensuar y redactar una proposición de ley para su debate y aprobación en el pleno. El propósito es que Canarias cuente con una ley, que entre otras cuestiones aborde la búsqueda, la exhumación, la identificación y la entrega a sus familiares de los desaparecidos.
Nos corresponde continuar buscando a quienes aún no han sido encontrados, conocer sus identidades y sus historias, contar, narrar, relatar y conservar los testimonios para concienciar, para que se conozca nuestro pasado y que los pasajes más oscuros de nuestra historia no vuelvan a repetirse jamás. Hay que buscar la verdad, obtener justicia y conseguir la reparación. Como decía Saramago, debemos recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque “se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”. Trabajemos para que esto no suceda.