Odalys Padrón
{mosimage}El refranero popular español señala que hay personas que actúan como el perro del hortelano que “ni comen, ni dejan comer, ni están fuera, ni están dentro”. Una descripción plausible de Mariano Rajoy. En estos momentos, donde ha quedado claro y reconocido por el propio Rajoy, que no cuenta con apoyos suficientes para ser reelegido, se dedica a boicotear cualquier posibilidad de formar gobierno. Ha advertido que es “un imposible” que el Partido Popular facilite un ejecutivo presidido por Pedro Sánchez absteniéndose en su votación de investidura, aunque tenga un acuerdo con Ciudadanos.
Rajoy, como buen obstruccionista político, intenta por todos los medios estorbar e impedir la formación de un gobierno. Para ello no ha dudado, utilizando esa falacia de que tiene legitimidad para formar gobierno al ser el partido más votado, ofrecer, de manera desesperada e infantil, vicepresidencias a Sánchez y a Rivera. Y es que el cinismo demostrado por Rajoy alcanza cotas inimaginables llegando a asegurar que “la corrupción no tiene por qué dificultar un pacto de Gobierno” aseverando que su formación, el Partido Popular, ha sabido reaccionar y ha sido implacable ante los casos de corrupción. Inaudito. Mientras, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha sacado los datos que confirman que el paro y la corrupción siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles. Seguramente para Rajoy este será un dato baladí, un dato que no hay que tener en cuenta. Como tampoco parece preocuparle que en el último mes de legislatura su Gobierno adjudicara contratos por valor de 37 millones de euros al grupo de empresas que su Ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió antes de entrar en el cargo; convirtiéndose el 2015 en el mayor año en contratos a este grupo desde 2009. En total este grupo ha recibido adjudicaciones por valor de 76 millones de euros desde la llegada del actual Ministro de Defensa al cargo. Coincidencias.
Hechos como el comentado no parece preocuparle a un Rajoy que cierra la legislatura con una deuda pública al borde del 100% del PIB. Bajo el mandato de Rajoy la deuda pública ha crecido en más de 326.000 millones de euros. Un mandato que ha perpetuado un crimen social con la excusa de pagar la Deuda Pública y la consiguiente reducción del déficit público. Un Gobierno que ha impuesto brutales recortes acabando con las conquistas sociales e imponiendo un retroceso histórico a los trabajadores y las clases medias, condenando a amplios sectores a la pobreza. Sin embargo la Deuda Pública ha aumentado. Como diría Shakespeare, algo huele mal… y no es precisamente en Dinamarca.
Es necesario un gobierno progresista que acabe con esta etapa de austeridad, combatiendo la pobreza y reduciendo la desigualdad social con servicios públicos de calidad, universales y accesibles que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. El documento presentado por Pablo Iglesias, líder de Podemos, se aleja mucho de la progresía que necesitamos. Un documento que denota, según lo publicado en los medios de comunicación, una voluntad intervencionista más propia de regímenes autoritarios que democráticos. Iglesias pretende tener bajo su control directo una estructura policial paralela y propia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o sea, los servicios de espionaje del Estado Español, un órgano para dirigir a los jueces y fiscales que combaten la corrupción política y el crimen organizado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Secretaría de Relaciones con las Cortes Generales, la Secretaría de Estado de Comunicación y el Control de RTVE. Lo que algunos analistas políticos han denominado como “comisario político”. Además, Podemos plantea que los puestos clave de la justicia, como el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Especial Anticorrupción, el Fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado, sean designados, además de por los criterios de mérito y capacidad, por su “compromiso con el programa de gobierno”.
Las asociaciones de jueces y fiscales, de todo signo ideológico, consideran que esta exigencia de adhesión política supone un ataque a la independencia del Poder Judicial. Lo que supondría otro retroceso. En un estado democrático es fundamental que se garantice la separación de poderes. Esto ocurre casi paralelamente a un comunicado emitido por cuatro asociaciones de jueces, avalado por una reciente sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de arbitrariedad y de actuar en contra del interés público, contra el Magistrado elegido, por el Partido Popular, para liderar el CGPJ por actuar con falta de rigor y arbitrariedad en los nombramientos. La independencia judicial del poder político es crucial para evitar daños y saqueos a las arcas públicas como hemos constatado en el “Caso Pujol”. En 1984, tras la quiebra de Banca Catalana, el Banco de España certificó el enriquecimiento de Pujol que había sido consejero ejecutivo desde 1974 a 1976 y principal accionista hasta 1982 cuando ya llevaba dos años en la Generalitat. Las auditorias del Bando de España tras intervenir Banca Catalana sirvieron de base para la querella que presentaron dos fiscales y que el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona exculpó por 33 votos a ocho, en noviembre de 1986, en un proceso judicial donde nunca se cuestionó la veracidad de los informes del Banco de España, a pesar de ello Pujol salió absuelto. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Pero si esto nos parece inquietante, el “programa para un gobierno progresista y reformista” del Partido Socialista Obrero Español donde reconoce que “han sido cuatro años en los que el malestar ciudadano se ha traducido enana desconfianza creciente hacia representantes públicos” es la antesala de una indignidad anunciada. ¿Cómo puede el partido que incluyó la derogación de la Ley Mordaza en su Programa electoral y cuyos representantes electos han presentado en municipios, diputaciones o en comunidades autónomas mociones exigiendo la derogación íntegra renunciar a derogarla completamente? ¿Cómo no derogar una ley que vulnera derechos fundamentales, que silencia utilizando sanciones económicas o privativas de libertad, que no tiene justificación? El Partido Socialista Obrero Español no puede hablar de gobierno progresista ni reformista mientras no derogue completamente las leyes que coartan libertades y derechos fundamentales. Mientras el Partido Socialista Obrero Español desdibuja muchos de sus compromisos electorales, traicionando a la mayoría de sus votantes, en pos de un acuerdo con Ciudadanos que le permita gobernar, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, comenta en un medio digital “nosotros estamos trabajando para tener un acuerdo global, que a día de hoy no se tiene…la postura respecto a la votación es que votaremos en contra o nos abstendremos y eso no se ha modificado a día de hoy”. Posiblemente mañana cambie de opinión. No es que sea indeciso es que no está seguro y como todos está ya en campaña electoral.