La prohibición imposible de los Barones

{mosimage}Santiago Pérez.- El PSOE tiene la obligación de intentar formar gobierno. Un gobierno estatal que sea, mesianismos aparte, consciente del escaso margen de maniobra que le deja la ley de la selva de esta globalización e intente apurarlo  para representar los derechos de quienes no tienen otro poder que les defienda.
No creo que sea fácil llegar a un acuerdo con Podemos,  que es imprescindible. Ni que sea sencillo gestionar ese gobierno; pero muchísimas personas que hemos votado psoe o podemos preferimos esa opción a cualquier otra.
Me sorprenden los barones.

He oído tantas veces en los mejores momentos del PSOE que “los partidos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento de la sociedad”  o  “el PSOE no es de los militantes, sino de los ciudadanos”,  como en la última semana  el exorcismo histérico “Podemos lo que quiere es destruir el PSOE, quedarse con su electorado”. ¿Y?
No han sido menos las lisonjas de Iglesias a los votantes socialistas que la zalamerías  de Felipe a  quienes han votado Podemos. Lo que me lleva a pensar que se trata de la contienda feroz de dos dirigencias  en pugna por el mismo espacio sociológico; es decir, por representar a los mismos sectores de la ciudadanía española.

Esa pugna es legítima. Forma parte de la lucha política. Pero, si de conseguir o retener el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía ligados   tradicionalmente  al PSOE, sólo los preservará o los fidelizará  quien sea capaz de actualizar la  política socialdemócrata  a estos tiempos del cólera.

Eso significa compromiso con la democracia pluralista y representativa. Significa también democracia participativa; pero no cesarismo, ni plebiscitarismo,  ni cualquiera de las variantes del régimen de asambleas o consejos  populares  que   acaban  (con la historia y el presente  a la vista)  en “democracia” de partido único. Y, por tanto, en dictadura.

Implica lucha contra la corrupción. Para ganarla   –nunca los éxitos  serán definitivos–  hace falta la complicidad de   una sociedad comprometida con la “tolerancia cero” frente a los corruptos. Y por cierto, democratizar internamente los partidos  para que,  en lugar de expulsar o excluir de las listas electorales a los disidentes,  echen sin remilgos   –pero con todas las garantías– a los  corruptos. Sin miramientos, aunque tengan una hoja de servicios muy acreditada en la captación de financiamiento  electoral.

Significa resistir a la revolución conservadora, a la globalización del capitalismo salvaje y al desmantelamiento de los servicios públicos del Estado Social. Y habrá que hacerlo con los mecanismos tradicionales de la fiscalidad progresiva,  a los que la liberalización de capitales ha acotado mucho el terreno,  y  por tanto  con realismo. Y, además,  persiguiendo denodadamente el fraude fiscal.

Y gestionando con la máxima eficiencia los recursos disponibles,  erradicando  –para empezar–  cualquier forma de colonización partidista de la Administración Pública y de las Instituciones. ¡Y miren que va a ser difícil! No hay mejor coartada para los que creen que la mejor Administración Pública  es la que no existe, que toparse con cualquier ejemplo de derroche o de malversación  perpetrados por quienes decimos defender el papel de los poderes públicos en la lucha por una sociedad más justa.

Y  logrando   las ventajas comparativas que siempre acompañan al país    que cuente con un buen  sistema educativo. Porque hoy, más que nunca, la educación no es sólo garantía de igualdad entre las personas, la  que libera al ser humano de la esclavitud de la ignorancia; sino la premisa esencial del éxito económico. La que permite ser competitivos sin el recurso constante a las devaluaciones. A las de tipo de cambio, como antaño, o a las devaluaciones internas de reducción de salarios y precariedad laboral al estilo PP.

Ahora: lo mejor de los barones es  prohibirle a  Pedro Sánchez que sea investido con la abstención de ERC o de Artur Más  y los suyos.  No le están exigiendo que no les  haga concesiones, ni que intente el apoyo de los independentistas a su investidura (lo cual sería lógico). No. Pretenden que Pedro Sánchez les impida abstenerse en su investidura. Como si eso dependiera del propio Pedro Sánchez y no de la inquina que le tienen los nacionalistas catalanes al PP y a Rajoy.

Bueno: a veces la solución de los problemas  está en el Código Civil, tan lleno de ese sentido común que le gusta al presidente del gobierno en funciones.

Artículo  1116, párrafo segundo:  “La obligación de no hacer una cosa imposible se entiende por no puesta.”
Y ya está.