Iñaki Gil de San Vicente se felicitaba en las ondas de Radio San Borondón tras conocer el hecho: "es una buena noticia. Era un movimiento popular muy potente, muy fuerte que querian cerrar. Han hecho una defensa muy biena, el célebre dilema de juzgar a España en lugar de ser ellos juzgados por la burguesía española. Han tomado la ofensiva y han demostrado lo que era Askapena, un movimiento internacionalista".
El tribunal señala que Askapena debe situarse en el núcleo de «organizaciones sectoriales, feministas, de solidaridad, internacionalistas que, aunque en general siguen los planteamientos del MLNV» no existe «vinculación directa» con ETA.
Los actos que la Fiscalía imputaba a todos ellos para probar su supuesta colaboración con ETA se corresponden, a juicio de los magistrados, con «su actividad como dirigentes de Askapena» y se refieren «a presentaciones públicas, al funcionamiento de las brigadas, a la participación en Foros Sociales y al impulso de los Comité de Solidaridad y de Amigos de Euskal Herria».
En el juicio, los acusados sostuvieron que Askapena realizaba labores de solidaridad antiimperialista con otros países y con causas como las de los idiomas oprimidos y el comercio justo, pero negaron cualquier vinculación con la organización armada.
El fiscal Pedro Martínez Torrijos, además de seis años de cárcel, pedía también inhabilitar durante catorce años e imponer sendas multas de 7.200 euros a Walter Wendelin, a quien consideraba el «máximo responsable» de Askapena, así como para David Soto, Aritz Ganboa, Unai Vázquez y Gabi Basañez.
El representante del Ministerio Público exigía también declarar la ilegalidad y disolución de Askapena, Askapeña y de la organización cultural Herriak Aske, así como las sociedades Herriak Aske y Elkartruke.
