
El desmantelamiento del campamento empezó en su parte sur, bajo la presencia de un fuerte dispositivo policial, como consecuencia de una decisión judicial del tribunal administrativo de Lille, en Francia.
El pasado martes expiró el plazo concedido por las autoridades para que más de un millar de refugiados abandonaran la parte sur del asentamiento.
Esta decisión fue recurrida ante la justicia por varias organizaciones humanitarias, pues consideran que no hay espacios preparados para acoger a todas las personas que se quiere desalojar.
Según expertos, este albergue improvisado ha significado un capítulo embarazoso y a menudo chocante en la crisis de refugiados más grande de Europa, y el Estado francés anunció este mes que la sección sur, densamente poblada, tenía que ser arrasada.



