1. Ya han pasado 3 años desde que el Gobierno aprobó una reforma sanitaria mediante el RDL 16/2012 que puso fin a la universalidad del derecho a la salud en España y dejaba a las personas migrantes en situación irregular, sin acceso a la atención sanitaria gratuita, salvo algunas excepciones (urgencias, embarazo, parto y posparto, menores de edad, personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata en periodo de restablecimiento y reflexión) las incidencias en los servicios sanitarios en estos supuestos está plagada de irregularidades y trabas.
2. Diferentes mecanismos de protección de derechos humanos como el Defensor del Pueblo, el Comité Europeo de Derechos Sociales y más de diez mecanismos de Naciones Unidas han emitido advertencias y recomendaciones al Gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los grupos de población más vulnerables y han instado a que las autoridades deben garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas, sin discriminación, independientemente de su situación administrativa.
3. La reforma sanitaria es contraria al derecho internacional de los derechos humanos que establece que España tiene la obligación de respetar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en su territorio y garantizar el igual acceso a los servicios de salud, preventivos, curativos o paliativos. En este sentido, todos los partidos políticos con presencia en las Cortes y otros sin presencia en las mismas, salvo dos partidos, han firmado este año un acuerdo para incluir en sus programas electorales y restablecer la universalidad del derecho a la salud. Sin embargo, ésos partidos siguen sin cumplir sus promesas.
4. Desde la Coalición hemos denunciado en numerosas ocasiones que las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para facilitar el acceso a la salud a las personas que se les había retirado la tarjeta sanitaria no garantizan el acceso a la salud de las personas residentes en el territorio. Al contrario, generan un entramado burocrático difícilmente franqueable, que impide a las personas el acceso a la atención médica incumpliendo sus derechos fundamentales.
5. Asimismo, la Coalición sigue denunciando los casos en los que se ha excluido de la atención sanitaria a personas que estaban amparadas por el RDL; continuamos detectando irregularidades en las que se ha facturado la atención médica en urgencias, a mujeres embarazadas, hospitalización de neonatos en UCI y cobro de partos, lo que está contribuyendo al efecto disuasorio en el acceso a los centros médicos. Igualmente ha denunciado que, tres años después de la reforma, no haya ningún análisis del impacto de la misma en el derecho humano de las personas migrantes.
Las organizaciones firmantes reclaman:
Al Gobierno de España que cumplan con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, más de diez mecanismos de protección de Naciones Unidas y Consejo de Europa, modifique el RDL y garantice el derecho a la salud de las personas migrantes, sin discriminación ni copago o repago sanitario.
A día de hoy la situación de las personas excluidas del derecho a la salud en la Comunidad Autónoma Canaria sigue siendo la misma que el año pasado.
A los partidos políticos canarios que firmaron el acuerdo cumplir su compromiso de garantizar la restitución efectiva del derecho universal a la salud sin discriminación, es decir, la cobertura sanitaria integral para todas las personas que viven en España en todos los ámbitos territoriales donde están participando en el gobierno como resultado de las pasadas elecciones municipales y autonómicas y en las próximas elecciones generales.