La solicitud se ha registrado ante el juzgado número 5 de la capital tinerfeña y la demanda se ha realizado a título personal por parte de Ramón Afonso, Cándido Quintana, Julián Ayala, Lola Schneider y Carmen Rosa Santos ya que la Plataforma no tiene titularidad jurídica, explicó en rueda de prensa el primero de los citados.
El portavoz del grupo Socialista (y concejal de Urbanismo en el anterior mandato) José Ángel Martín dijo que no se puede desligar este asunto "del mayor caso de corrupción de la historia de Canarias", que es la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas en época del exalcalde Miguel Zerolo.
Señaló Martín que el Ayuntamiento no puede escudarse "en excusas y dilaciones indebidas" para intentar legalizar el inmueble a través del planeamiento y advirtió al grupo gobernante en la corporación de que "no toca esperar más, sino trabajar para derribar el mamotreto con la mayor inmediatez posible".
Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, afirmó que la lucha contra el mamotreto es el primero de los tres grandes objetivos en lo referente al litoral de San Andrés, pues los otros dos son impedir que se construya un hotel de cinco estrellas y la urbanización de Las Huertas.
Fernández Arcila transmitió además "un aviso a navegantes" al gobierno municipal por cuanto el edificio "no puede ser legalizado salvo que pretenda culminar un proceso delictivo que se inició en 2004", y reiteró que "bajo ningún concepto" puede legalizarse "este monumento a la corrupción que debe terminar en escombros".
El concejal de Izquierda Unida Canaria, Ramón Trujillo, consideró "surrealista" que los grupos políticos y sociales tengan que pedir "al ultranacionalismo ultraperiférico" que cumpla la ley, lo que comparó "al grupo de la decencia contra el grupo de la connivencia con la corrupción".
Cándido Quintana, de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto, reiteró que continuará "la lucha a brazo partido" para recuperar la zona costera ocupada por el inmueble "y que necesita el pueblo no precisamente para aparcamientos, sino para que no siga la rapiña" de este espacio del litoral.
Ramón Afonso mostró además su apoyo a los funcionarios municipales, pues teme que estén sometidos "a presiones" por parte de la corporación "para retorcer la legalidad y ponerle a los intereses de la oligarquía".
Criticó asimismo la intención "clara" del Ayuntamiento de dilatar el proceso de ejecución de la sentencia "sine die" porque, añadió, de forma "esquizoide" quiere "poner palos en la rueda" del procedimiento.
"Entendemos que Zerolo prolongase los tiempos pero no que Bermúdez se convierta en su digno sucesor al hacer lo mismo y no cortar la dinámica corrupta para abrir un nuevo espacio limpio, luminoso y de participación" en el Ayuntamiento, opinó Afonso.