Cristina Zurita, miembro de la permanente de Unid@s se puede
{mosimage}Hace más de un mes que en nuestro municipio empezó el curso para todos los niños menos para uno, que no ha podido llevar los libros de texto. No quiere decir que no vaya a clase cada mañana con todos los demás, sino que sin libros no puede seguir el programa de sus compañeros. Y no los tiene por un cúmulo de circunstancias desafortunadas pero comunes: el centro educativo no los proporciona, la familia no puede hacerse cargo de un gasto que asciende a casi la mitad del salario mínimo, y las ayudas públicas no han llegado por una cuestión administrativa.
Debe de haber muchos casos similares, en realidad, y probablemente todos escondan situaciones terribles como las que se muestran habitualmente en los programas de la tele de media mañana bajo el epígrafe «historias humanas». Son humanas, desde luego, porque afectan a la vida de las personas, pero por muy conmovedores que sean los testimonios, su espacio no debería ser la crónica social, sino las páginas políticas. No hablamos de «desgracias familiares» sino de la vulneración por parte de las administraciones del derecho a la educación gratuita, sobrevenido además, en este caso, por la conculcación de otro derecho fundamental: el de la vivienda.
Narrar la ineficacia de las instituciones en clave de folletín, no sólo alimenta cierto interés morboso del público por la desgracia ajena, sino que ofrece al poderoso indudables ventajas. Desactiva la lucha social porque hace recaer sobre el pobre la responsabilidad de su propia pobreza, achacándola a la mala suerte o a defectos individuales, haciéndole creer que de alguna manera «no ha hecho bien las cosas». Permite al representante público mostrarse como una suerte de benefactor que otorga favores, –disponiendo graciosamente del dinero público–, y no como el que tiene la obligación de hacer efectivos unos derechos, otorgándose además la prerrogativa de cuestionar y juzgar a los ciudadanos a los que representa («¿cómo es posible que tengan televisión pero pidan ayudas para libros de texto?»). Como consecuencia, sostiene el caciquismo, de larga tradición y sistémico en Canarias.
La caridad sigue siendo el pilar fundamental de nuestro raquítico estado social. Según datos de la OCDE, en España las ayudas sociales que recibe el sector de la población de mayores ingresos excede con creces a lo que llega al grupo más desfavorecido. Esta transferencia efectiva de renta hacia los hogares más ricos se debe en gran medida a que va ligada a la historia laboral en el sector formal: sólo recibe ayudas quien ya tiene algo. Es decir, en nuestro país tenemos un estado del bienestar invertido o, como decía Julio Anguita, un estado del medioestar porque se queda a medio camino de lo que sería deseable y porque beneficia fundamentalmente a las clases medias. Mientras tanto, la vieja derecha continúa el proceso de desmantelamiento, invocando al esfuerzo individual e idealizando la figura del emprendedor contra toda lógica económica –¿de verdad alguien se cree que la suma de cien autónomos es más competitiva que cualquier mediana empresa alemana?–. La nueva derecha, además, apunta a Dinamarca como espejo en donde mirarse, olvidando que uno de los «secretos» del país nórdico es precisamente el estado social que deplora. Sólo la izquierda es capaz de reescribir el relato centrándolo en la justicia social. Podremos seguir enredados en nuestros particulares galgos o podencos dialécticos, discutiendo sobre la conveniencia de hablar de «clase obrera» o «los de abajo», pero tenemos claro que la vivienda y la educación son derechos inalienables. Tenemos claro que nuestro lugar está junto a los que luchan por defenderlos.