{mosimage}SB-Noticias.- Las Plataformas de Canarias se dirigieron ayer a diferentes instituciones para pedir junto con los afectados y afectadas por inminentes desalojos este mes, y ante las circunstancias extremas en las que se encuentran muchas familias, para solicitar la aprobación inmediata del protocolo de medidas urgentes ante desahucios en el archipiélago.
En Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, se registraron escritos, dirigidos al Instituto Canario de la Vivienda, la FECAI y la FECAM, para que se aplique el artículo 21.4 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública del Instituto Canario de la Vivienda, para la intervención en casos de extrema necesidad, como la medida que el gobierno canario debió aplicar hace años. Intervención con la que habría evitado el sufrimiento de miles de familias que se han ido a la calle, sin atención, sin recursos y sin encontrar amparo legal ante su situación de precariedad. Viendo vulnerado, no sólo su Derecho a la Vivienda, sino muchos otros derechos estrechamente vinculados con este. La propia Constitución Española, interpreta el derecho a la vivienda y la prohibición de desalojos arbitrarios de la forma más garantista posible. Lo que supone hacerlo, por un lado, en conexión con otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su contenido, como el principio del Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), la integridad física (artículo 15) o la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro, con lo establecido por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de estos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera explícita (artículo 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que no lo hacen de manera directa, pero reconocen otros derechos que guardan una estrecha conexión con éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes (artículo 3) o al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (artículo 8).Algo que no ha dejado de ser papel mojado para nuestros gobernantes que hasta ahora han mirado para otro lado, o como en el caso de algunos de nuestros mandatarios, que en época de campañas electorales, juegan al despiste, frivolizando y falseando la realidad con declaraciones tan desafortunadas como que “ya no se producen desahucios de primera vivienda”
Las Pahs hemos querido responder a esta farsa electoralista, para visibilizar el problema, porque la primera medida efectiva por parte de un gobierno coherente y honesto, es reconocer el problema, para luego analizarlo y aplicar la solución. Algo en lo que las plataformas les llevamos una buena ventaja ya que hemos sido las que hasta ahora, hemos dado respuesta a la grave emergencia habitacional que se sufre en las islas, mientras que las administraciones públicas, que además disponen de los recursos necesarios, han respondido con medidas muy sonadas pero poco efectivas. Tal es así, que sus propios Servicios Sociales aconsejan a los afectados acudir a nuestras plataformas cuando se ven atados ante la inexistencia de protocolos adecuados de intervención ante las situaciones de emergencia en casos de extrema necesidad.
Uno de los casos actuales más graves, se da en Tenerife, que se dirigió en el día de ayer al Instituto Canario de la Vivienda y registró más de cincuenta casos que requieren de una intervención urgente, entre ellos dos desalojos que se producirán simultáneamente, en el mismo día. Un desahucio por alquiler, de una unidad familiar compuesta por dos discapacitados psíquicos y un hombre mayor de cincuenta años que convive con ellos, y de todo un bloque de Obra Social de la Pah, en el que habitan cuatro familias con menores, una de ellas, una niña de cinco años con una grave enfermedad crónica. Además de haber señalados otros tantos para este mismo mes, desalojos por ocupación en viviendas de la SAREB, entre los que se encuentra el caso de una señora de 104 años, que convive con su sobrina nieta y una menor, hija de esta. Todas estas familias se irán a la calle sin alternativa habitacional y sin la intervención de ninguna institución pública. A pesar de que han sido asistidas por los servicios sociales de sus municipios y estos son conocedores de las circunstancias que padecen desde hace tiempo.
Por eso y retomando medidas meramente electoralistas, brindis al sol con los que generar portadas en los medios de comunicación, recordamos la Ley de Vivienda Canaria que estuvo en vigor en el 2014 pero no se llegó a aplicar por la falta de desarrollo y aprobación de los protocolos de emergencia. Ejemplo práctico de las formas de hacer, de gobiernos que cumplen sólo, aquello que les interesa. Como muestra de tal desidia, tomaremos el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, para la intervención en casos de extrema necesidad, que permite la adjudicación directa de una vivienda protegida en circunstancias de excepcionalidad, que desde su aprobación, jamás los ha desarrollado, a pesar de que es una medida imprescindible para dar respuesta al drama de los desahucios
Si finalmente este gobierno, se decidiera a cumpliera la normativa vigente, que es lo que se exige en las solicitudes presentadas, sería un avance que pondría solución a muchos casos de desahucio por alquiler y ocupación de viviendas, que van en aumento precisamente por efecto de esa falta de intervención antes mencionada, permitiendo a muchísimas familias normalizar sus vidas, pues vivir criminalizado por el hecho de ser ocupantes y no tener recursos para cubrir sus necesidades más básicas, es una doble condena para ellas.
Exigimos la aplicación de medidas ya. Queremos muestras de que todos esos titulares en prensa no son otra tomadura de pelo Y queremos que se deje de engañar a la ciudadanía trasmitiendo una falsa realidad entorno a los desahucios. Los bancos siguen jugando a engañar y a sobreendeudar, la gente se sigue quedando en la calle, por y para evitar ejecuciones hipotecarias. Los desahucios de alquileres han aumentado alarmantemente, y como consecuencia de la falta de prevención e intervención de las administraciones públicas, han aumentado las ocupaciones en precario. Pero luego se permiten el lujo de hacer valoraciones fuera de la realidad, encaminadas a criminalizar la pobreza. ¿Acaso el hecho de que Canarias esté siempre entre las primeras comunidades donde cabe destacar la pobreza y los desahucios, el fracaso escolar, la precariedad de los servicios, etc… es por efecto de la picaresca de la ciudadanía, o es más bien por el efecto de la picaresca de quienes han mal gestionado todo lo público en su propio interés? Basta ya!
Por todo esto, las Pahs queremos situar en el centro del debate, la necesidad de activar de manera urgente los protocolos de emergencia que han sido obviados hasta hoy. Y solicitar el apoyo de todos los grupos políticos, a las mociones que las Pahs Canarias están presentando en las islas, y la moción que La Pah Tenerife y Stop Desahucios Gran Canaria registrarán en el Parlamento de Canarias, este viernes día 9, a las 10:00 horas, en compañía de los casos más graves que actualmente atiende. Moción en las que plasmamos nuestras exigencias. Además interpelamos a estas mismas fuerzas políticas y al propio Gobierno de Canarias para que interceda por las familias que van a ser desalojadas este jueves y por todas las familias que tienen desalojos sin alternativa habitacional, para lograr la paralización de los desalojos, hasta que se garantice la alternativa habitacional. Que no traten de engañarnos más, sabemos que no hay oficinas antidesahucios que valgan, mientras exista gente sin casa, y casas sin gente.