El TSJC emite un comunicado para explicar que rechazó las medidas de protección solicitadas por la mujer asesinada por falta de pruebas
{mosimage}SB-Noticias.- La joven asesinada en Santa Cruz presuntamente por su exnovio lo había denunciado dos veces por maltrato y recibía apoyo psicológico. Iris Francés Luis, tinerfeña de 35 años, había denunciado a su expareja de hecho, Carlos Gaspar Hernández, herreño de 36 años, hacía tan solo 15 días por presunto acoso y maltrato continuado. Lo hizo en la Comisaría de la Policía Local de Santa Cruz. Apenas unos días después se celebró un juicio rápido pero el juez rechazó la orden de protección. El motivo: falta de pruebas. Poco más de una semana después, el pasado jueves, a eso de las 23:00 horas, Carlos Gaspar acudió a la Avenida de Los Majuelos del barrio chicharrero de El Sobradillo, donde ella vivía con sus padres, la esperó como había hecho otras veces, le gritó y la asesinó presuntamente a cuchilladas en plena calle. En su huida provocaría heridas a la madre de Iris, varios cortes hechos con el mismo cuchillo.
El TSJC explica en un comunicado las razones por las que no se impuso orden de alejamiento a la persona detenida por la muerte de su ex pareja en Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 2015.-
En relación con la persona detenida por su posible relación con la muerte de su ex pareja en Santa Cruz de Tenerife, hay que señalar lo siguiente:
Constan tres denuncias, dos de las cuales se archivaron por falta de indicios probatorios. La tercera denuncia se basaba en que el detenido no había devuelto las llaves de un coche. Tras la denuncia, fueron devueltas.
Con respecto a esta última denuncia, la Policía no estimó que el riesgo de agresión fuera grave, por lo que no fue detenido. Se comprobó además que el contenido de los mensajes a la víctima no eran amenazantes, al contrario de lo que la víctima declaró en su momento. Asimismo, la víctima rechazó ser derivada a un centro de acogida. También se daba la circunstancia de que la imposición de medidas de alejamiento habría supuesto, dado que el detenido trabajaba en una gasolinera que se encuentra cerca de la vivienda de la víctima, el poner en riesgo su puesto de trabajo y, por ende, la satisfacción de la pensión por los hijos en común. El informe del fiscal fue favorable a la decisión del juez de no imponer tales medidas.