Román Rodríguez. Portavoz del grupo parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
{mosimage}Aunque, después de varios años de retroceso económico, este año vivamos una reactivación de la economía y un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), la situación económica y social de Canarias continúa siendo grave. Nos situamos, con un 30% de paro según la Encuesta de Población Activa (EPA), a la cabeza estatal del desempleo y, asimismo, de parados que ya no reciben prestación alguna. Mientras, estamos a la cola en salarios privados, un 15% por debajo de la media, y en la cuantía de las pensiones de jubilación.
Asimismo, la evolución del coeficiente de Gini (que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos dentro de una colectividad) ha empeorado en Canarias y nos coloca como la segunda comunidad autónoma con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Canarias tiene, además, servicios sociales escasamente dimensionados, muy por debajo de la media estatal, pese a la magnitud de los problemas que sufre.
Fractura social
La salida de la crisis económica se está saldando con una mayor desigualdad y una preocupante fractura social. Como se comprueba en los distintos informes, indicadores y estudios, en Canarias el aumento de la desigualdad en los ingresos y de la pobreza es mayor que en el Estado español, y no debemos olvidar que este se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea (UE).
Las circunstancias han empeorado con la aplicación de las políticas de austeridad y recortes. Políticas que han ahondado en los abismos sociales, diseñando una sociedad más injusta y con más desigualdades. Políticas que desde Nueva Canarias (NC) hemos combatido desde el primer momento.
Desde nuestra llegada al Parlamento canario la pasada legislatura, la lucha contra la pobreza fue una de nuestras prioridades en la acción parlamentaria. En consecuencia, en la Cámara canaria planteamos en febrero de 2013 una proposición no de ley que exigía la puesta en marcha de un plan de choque contra la pobreza, que fue rechazada por los grupos que apoyaban al Gobierno, CC y PSOE.
Aunque pocos meses después, y en buena medida por las críticas que levantó su decisión, el Ejecutivo canario presentó la estrategia canaria frente a la pobreza. Una propuesta claramente insuficiente. Pocas acciones de las planteadas entonces tuvieron una plasmación práctica eficaz, con la excepción de la apertura de los comedores escolares en verano.
Compromiso
En esta legislatura demandamos que se corrijan los errores de la anterior. Consideramos imprescindible poner en marcha un plan con el adecuado compromiso financiero que posibilite mejorar significativamente las condiciones de vida de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
No basta con buena voluntad. Ni con estudios sobre el origen de la elevada pobreza que padece Canarias, por interesantes que estos sean. Se precisan, sobre todo, compromisos firmes en distintos ámbitos de actuación. Mejorando la dotación del plan de empleo social, en colaboración con los ayuntamientos de las Islas, con un mayor esfuerzo financiero por parte del Ejecutivo canario, competente en esta materia.
Dotando adecuadamente a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), triplicando al menos su actual partida, y agilizando sus procedimientos, incrementando la financiación de las políticas sociales, especialmente aquellas que se dirigen a las personas y colectivos más vulnerables.
Creando las oficinas antidesahucios, que posibiliten mediar con las entidades financieras para evitar que la gente pierda su vivienda por no poder afrontar el pago de sus hipotecas, y, asimismo, disponiendo de un fondo específico para el alquiler social, de manera que se pueda hacer frente a la cruda realidad de las familias que se ven desahuciadas de sus hogares.
Contando con partidas que den respuestas a los casos más graves de exclusión social y haciendo frente a la pobreza infantil, que daña el presente de muchos menores, condicionando también gravemente su futuro.
La sociedad canaria no puede vivir de espaldas a esa realidad tan dura que padece más de un tercio de su población. Desde todas las instituciones, coordinadamente con las ONG que intervienen en este ámbito, se deben priorizar políticas que combatan la pobreza y la creciente desigualdad.
Un ejemplo positivo lo tenemos en la decisión adoptada por el Cabildo de Gran Canaria, sacando adelante un plan de empleo social que, dotado con cinco millones de euros, permitirá contratar durante seis meses a un millar de personas desempleadas, que estén sin ayudas y en situación de emergencia. Además ha impulsado un plan de choque contra la pobreza, también con cinco millones de euros, a desarrollar en 2015 y 2016, en coordinación con ayuntamientos y ONG. Sin ser la institución con más competencias en la materia se ha implicado por responsabilidad y cumpliendo su programa.
Desde NC trabajamos por una Canarias con mayor equidad, lo que exige medidas para generar economía y empleo, así como una más justa distribución de la riqueza y potentes servicios públicos. Estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno, dentro y fuera del Parlamento, para afrontar la pobreza y la exclusión social. Exigimos que el Ejecutivo proceda a corregir las insuficiencias y disfunciones del anterior plan, para que las distintas acciones ayuden a la mejora de las condiciones de vida de los que hoy tan mal lo están pasando.