{mosimage}Canaiasahora.- Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que ingresó en prisión por no haber derribado la casa que construyó hace más de una década en un espacio protegido, saldrá previsiblemente de la cárcel la próxima semana, según ha estimado este miércoles el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Ayer, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció que en el Consejo de Ministros del próximo viernes se aprobará el real decreto por el que se concede el indulto a Josefa Hernández y que le permitirá salir de prisión.
Catalá ha precisado que el impacto social que ha generado este asunto y la sensibilidad social que conlleva también han sido hechos determinantes para la concesión de dicha gracia.
De este modo, después de la aprobación del real decreto, la administración tendrá que notificar a Prisiones la decisión del Gobierno y completar una serie de trámites, tras los cuales la anciana podrá salir de prisión, algo que el ministro calcula que ocurrirá la semana que viene, aunque no ha precisado una fecha concreta.
El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, ha propuesto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y al alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, una vivienda de renta libre para que de forma provisional se pueda trasladar Josefa Hernández con su familia una vez que salga del Centro Penitenciario de Tahíche y mientras se proceda a la ejecución de la orden de demolición que pesa sobre una parte de su casa de Campo Viejo, en Betancuria. Así se lo comunicó la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, a Marcial Morales y Marcelino Cerdeña durante un encuentro que mantuvieron hoy, miércoles, 26 de agosto, en el Cabildo de Fuerteventura.
El presidente de la Corporación insular, Marcial Morales, aplaudió la propuesta y anunció que "ya se trabaja con el Ayuntamiento de Betancuria en el proyecto de demolición de la parte de la vivienda de Josefa Hernández Góez afectada". A su juicio, "lo importante es que ella y su familia, con tres nietos menores a su cargo puedan seguir viviendo en Campo Viejo, donde han vivido siempre". Además. Marcial Morales destacó la coordinación entre instituciones que ha existido y existe sobre este asunto, "de lo que es un buen ejemplo la rápida respuesta de hoy".
Ahora, el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, le transmitirá a la familia de Hernández Góez la propuesta de vivienda alternativa planteada hoy por la viceconsejera. Cerdeña dijo que Josefa Hernández Góez "y su familia donde mejor pueden vivir es en Campo Viejo". Por ello, agradeció la colaboración prestada por el presidente de la Corporación insular, Marcial Morales, en la elaboración del proyecto para proceder a la demolición de una parte de la vivienda de Josefa Hernández Góez afectada por una orden judicial "porque donde mejor puede vivir esta familia es en Campo Viejo".
Por su parte, la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, recordó que el Gobierno de Canarias lleva días coordinándose con el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria para "garantizar que en ningún caso la familia de Josefa Hernández Góez quede en situación de desamparo" una vez que llegue el indulto.
Protocolo antidesahucios
El encuentro celebrado hoy entre el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales y la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, estaba previsto para la próxima semana con el objeto de abordar el protocolo para la oficina antidesahucios coordinado entre Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. En este sentido, se anunció que el día 15 de septiembre se celebrará una reunión de la FECAI, que preside Marcial Morales, con la vicepresidenta del Ejecutivo canario, Patricia Hernández, para alcanzar un acuerdo sobre el documento que establecerá la organización y funcionamiento de las oficinas antidesahucios.
La entrada en prisión de Josefa Hernández por construir un chamizo en el Parque Rural de Betancuria pone de manifiesto la doble vara de medir de la Justicia
Josefa Hernández entró en prisión este lunes al negarse a derribar la vivienda en la que residía junto a dos de sus hijos, uno desempleado y la otra discapacitada, y tres nietos menores de edad, acatando así una sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario que le condenaba por haber realizado un delito medioambiental a pagar 700 euros, demoler la casa y cumplir seis meses de prisión.
Aunque este mismo martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el Consejo de Ministros de este viernes le concedería el indulto que le permitirá salir de la prisión lanzaroteña de Tahíche, son numerosos los casos de hoteles que fueron edificados en el Archipiélago, bien en un paraje natural, bien incumpliendo la Ley de Costas, algunos con sentencias que demuestran su ilegalidad pero que a pesar de ello siguen funcionando, como advirtió el pasado viernes el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.
El caso más flagrante en el Archipiélago es el del Sandos Papagayo Beach Resort, en Playa Blanca, un complejo de cuatro estrellas en la playa de Afe que limita con el Monumento Natural de Los Ajaches. Su construcción, como recoge Diario de Lanzarote, estuvo marcada por la polémica e incluso llegó a paralizarse por orden de la Dirección General de Costas porque invadían una parte del dominio público. La instalación, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la playa amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística.
Aparte, este complejo hotelero incumple la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un viario protegido por Costas que sirve de acceso a la playa con la que colinda. Precisamente por este acceso en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.
En Puerto del Carmen, también en Lanzarote, está el hotel Las Costas, con 18.700 metros cuadrados en la playa de Los Pocillos. Durante su construcción, a finales de los 80 quedó una de las imágenes más destacadas de César Manrique, artista conocido en las Islas por la defensa a ultranza de los valores medioambientales de Lanzarote, en la que se le podía ver encabezando una manifestación contra la construcción del hotel. El deslinde de la playa está en tramitación desde 1998, e incluso en 2008 Medio Ambiente elaboró una "estrategia para la sostenibilidad de la costa" que contemplaba la "eliminación de ocupaciones del dominio público" en Lanzarote y, en concreto, "la demolición del Hotel Las Costas", aunque por el momento solo son intenciones y nada en concreto.
En el norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, la cadena RIU construyó dos hoteles encima de las Dunas de Corralejo, el Club Hotel Riu Oliva Beach Resort y el RIU Palace Tres Islas. Ambos complejos fueron levantados en los 70 con una concesión administrativa del Estado por 30 años. Sin embargo, en 1982 las dunas fueron declaradas espacio protegido con la categoría de Parque Natural y diez años más tarde la Dirección General de Costas realizó el deslinde que demuestra que los dos hoteles están dentro del dominio marítimo-terrestre. Ante esto, tanto RIU como el Consistorio del norte majorero recurrieron la sentencia, pero en 2003 Costas, antes del fallo del Supremo, concedió una concesión a la cadena hotelera por 60 años.
Posteriormente, en 2005, Medio Ambiente emitió un listado de edificios que, en orden de cumplir la Ley de Costas, debieran ser demolidos, entre ellos estos dos de Fuerteventura. Ya en 2007 Riu logró, a través de un acuerdo con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años. A cambio, cedía al Estado la titularidad del islote de Lobos, que era en parte propiedad de la cadena hotelera. Así, con este acuerdo, el más pequeño de los dos hoteles, el Oliva Beach, culminaba su concesión en 2017, pero a ley de Costas aprobada por el PP en 2013 permite una renovación casi automática por 75 años de las concesiones.
Una veintena de hoteles ilegales en Lanzarote
Volviendo a Lanzarote destaca la veintena de hoteles ilegales en Yaiza y Teguise, entre ellos el Hotel Volcán en el que ha veraneado los últimos cuatro años el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria. Los edificios fueron declarados ilegales en sentencia firme por la justicia española después de un largo proceso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo Insular de la isla en sucesivas denuncias.
Todo comenzó en 1991 cuando se revisó el plan de ordenación insular y continuó nueve años más tarde cuando Lanzarote limitó el número de plazas turísticas que se podían construir. Aquí entra en juego los dos consistorios ya que se saltaron esta moratoria y permitieron la construcción de miles de plazas turísticas más. Uno de los culpables fue el ex alcalde de Yaiza, el independiente José Francisco Reyes, que cumple prisión en estos momentos por varios casos de corrupción, y que se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de otros 25 de años de prisión, con petición judicial de ocho millones de euros de fianza, por la concesión masiva de estas licencias urbanísticas ilegales.
No relacionado con hoteles pero sí con construcción en suelo no permitido con ello tiene que ver la mansión del arquitecto Carlos Morales, marido de la prima de Felipe VI Alexia de Grecia. El Juzgado Número 5 de Arrecife archivó la causa penal que le imputaba en marzo de 2013 después de haber construido en suelo rústico una vivienda de 1.511 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y piscina. La justicia decretó que las obras eran "claramente ilegales" y que "nunca" se debió autorizar la construcción, aunque le libró porque determinó que la actuación de Morales no alcanzaba "la infracción penal sino la administrativa". El por entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, admitió que prevaricó para dar esta licencia.
Rajoy también ha dicho que sería "bueno e imprescindible" que el Gobierno canario pudiera resolver el asunto de la vivienda y poner a disposición de la familia de Josefa Hernández una nueva.
En esta línea, esta mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en el Congreso con las diputadas canarias del PP Matilde Asian y Celia Alberto para abordar el caso.
La Fiscalía se dirigió el pasado sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto.
El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reveló también que el Ministerio Público pidió en dos ocasiones este verano que Josefa Hernández, que mantiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después el 22 de agosto.
Considera el anuncio como el resultado de la presión social y se muestra crítico con la tardía reacción del Gobierno “que ha llevado a la cárcel a una mujer inocente”
El anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del indulto que le será concedido el próximo viernes a Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura de 62 años condenada a seis meses de prisión por no derribar su vivienda, ha sido recibido con satisfacción por parte de Podemos, si bien, la organización recuerda que la prioridad es encontrar una solución habitacional.
Según el consejero del Cabildo majorero, Andrés Briansó, “esta vez la presión social –reflejada en esas 100.000 firmas de apoyo recogidas en pocos días y las distintas concentraciones celebradas en todas las islas- ha conseguido su objetivo, hemos forzado una respuesta y desde luego, el indulto es la única medida sensata para empezar a reparar esta injusticia”. Cabe mencionar que la propia Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Hernández, mientras se tramitaba el indulto.
No obstante, el consejero ha querido subrayar que, “se trata de una reacción tardía, porque una mujer inocente nunca debería haber entrado en prisión”, y en segundo lugar, con ello “el drama familiar de Josefa no se soluciona, cuando salga seguirá sin un techo para su familia, habrá tres menores en situación de desamparo, y eso es inaceptable”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que el Gobierno estudiará abordar "en los próximos días" el indulto a Josefa Hernández, que desde este lunes cumple en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) una pena de seis meses por no derribar su casa, construida en un paraje protegido.
"El indulto, del que tanto hemos hablado, tiene sentido para estos casos que tienen unas circunstancias sociales relevantes, como son las de Josefa Hernández", ha dicho Catalá en los pasillos del Congreso, donde se ha reunido con las diputadas canarias del PP Matilde Asián y Celia Alberto para abordar el caso.
El ministro ha dicho que el cumplimiento de la pena puede tener "un impacto sobre su familia y sobre las personas que conviven con ella", y ha añadido que el Gobierno y la Administración deben abordarlo con "responsabilidad".
La Fiscalía se dirigió el pasado sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto.
El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reveló también que el Ministerio Público pidió en dos ocasiones este verano que Josefa, que mantiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después el 22 de agosto.
