EL SOCIALISMO ES REPUBLICANO
Odalys Padrón
{mosimage}La democracia en España se podría catalogar como una tragicomedia dada su confabulación entre tragedia y comedia. El Partido Popular aprueba, con sus únicos votos, la ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
Cuatro jóvenes de Lucena (Córdoba) son multados, con una sanción que puede llegar hasta los 300 euros por persona, por comer pizza y tomar refrescos en una plaza. No había alcohol, ni ruidos, ni suciedad, ni se quejó ningún vecino. Según relata el edil de Seguridad Ciudadana la legislación autonómica recoge como infracción leve “la permanencia y concentración de persona que se encuentran consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas”. Tenemos uno de los índices de paro más altos de Europa. Según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Población Activa (EPA) el número de parados asciende a más de 4 millones de personas. De ellos más de 3.7 millones de parados no recibe ningún tipo de prestación. Ante estas estadísticas ¿es lícito que te amonesten por utilizar, con urbanidad y civismo, el espacio público como lugar de esparcimiento?
En Güímar (Tenerife) un joven opina, desde su cuenta de facebook, sobre el traslado de la Policía Local a otras dependencias municipales: “La Policía Local de Güímar, que rescata pichones y gente atrapada en los baños pasará a tener unas instalaciones más grandes que las de la Guardia Civil. Cracks! (…) Por cierto, ¿para cambiar la función de un edificio público no hace falta un expediente? (las tonterías de la Administración) ¿Ya lo tienen? (…) Lo mejor para controlar a una casta de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos es alejarlos del centro de poder”. Según la denuncia, en un municipio gobernado por el Partido Popular, los preceptos infringidos son el art. 37 de la Ley Mordaza, en su apartado 4 sobre infracciones leves, que puede acarrear de 100 a 600 euros de multa, “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Es una incoherencia, por no decir una tragedia, no poder opinar libremente en una democracia. Es inconcebible considerar democrática una sociedad donde no hay libertad de expresión. Es el derecho fundamental que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos.
Y como si se tratara de un monólogo cómico la Constitución española de 1978, nuestra Carta Magna, establece en el art. 20 que se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción… el ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sarcasmo en estado puro.
En Málaga, durante un control de alcoholemia realizado por los Cuerpos de Seguridad del estado, un ciudadano utiliza la palabra “colega” para dirigirse a los agentes, según relatan de manera despectiva y desconsiderada, en presencia de otros viandantes y recibe una sanción de 300 euros en aplicación de la Ley Mordaza. Cuando buscamos en el diccionario de la Lengua Española la palabra colega encontramos dos acepciones: compañero en un colegio, iglesia, corporación o ejercicio y utilizada de manera coloquial amigo, compañero. Entendiendo que las formas al hablar y la pronunciación son importantes cuando se comunica o transmite algo también existe la resiliencia en el ejercicio de un servicio público.
Y esta situación contrasta, de manera tragicómica, con lo acontecido hace más de un año con la Presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, y su situación actual, jurídicamente hablando. En Abril de 2014, Esperanza Aguirre protagoniza un incidente con un agente de movilidad, tras haber aparcado indebidamente en el carril bus, dándose a la fuga, tras arrollar la motocicleta del agente, e ignorando el alto que posteriormente le indicó la Policía Municipal en el centro de Madrid. Hizo caso omiso de las señales de los agentes e ingresó el coche en el garaje de su casa donde dos agentes de la Guardia Civil, que custodian su vivienda a costa del erario público, intercedieron por la infractora provocando en los agentes de movilidad una crisis de ansiedad. La Audiencia Provincial de Madrid consideró que debía ser juzgada por un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. En estos días hemos leído, con absoluta sorpresa, como la Fiscalía de Madrid ha optado por considerar el hecho como una simple falta.
Es deleznable y sombrío que un cargo público, que ha jurado defender la Constitución, se mofe de la justicia y de los votantes. Estas presuntas ilegalidades no sólo se permiten, en determinados partidos, sino que se premian. En Madrid la protagonista de la fuga se presentó como Candidata a la Alcaldía por el Partido Popular y en Tenerife la actual Viceconsejera de Seguridad, Blanca Pérez, de Coalición Canaria, fue detenida y condenada por conducir en sentido contrario bajo los efectos del alcohol. Varios conductores evitaron choques frontales y al ser interceptada por agentes locales la susodicha bajó del coche y salió corriendo, obligando a los policías a perseguirla para ser detenida 40 metros más adelante. Con estos antecedentes es de risa, por no llorar, que sea nombrada por el Presidente de Canarias como Viceconsejera de Seguridad. Claro que tras su ebrio incidente fue nombrada, por el mismo que ahora es Presidente, Concejala de Drogodependencias. Si esto no parece un monólogo del Club de la Comedia…
Aunque el mejor chiste agrio de nuestra democracia lo constituye el art. 14 de la Constitución que establece la igualdad de todos los españoles ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento… o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Familia Real es la constatación. Por ello no es de extrañar que la Audiencia de Palma rebaje la fianza de la Infanta Cristina por su implicación en el “Caso Nóos” donde aparece como presunta cooperadora en dos delitos fiscales. Su esposo, Urdangarín, está acusado de malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
Tampoco nos sorprenderá en esta democracia “a la carta”, que el Partido Popular haga leyes para su interés y beneficio. A raíz del caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, el caso de las tarjetas de Caja Madrid,…. el Partido Popular aprueba un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los imputados pasen a denominarse investigados. Más manipulación implica mayor desinformación y mayor corrupción. Y tras las imágenes de detenidos como Bárcenas o Rato, altos cargos del Partido Popular, introduce una enmienda a la Ley para evitar que estas imágenes se puedan difundir en los medios según alegan para “asegurar el respeto a sus derechos constitucionales”. Tiene gracia que el Partido Popular hable de derechos constitucionales cuando los incumple continuamente. De vergüenza. El Partido Popular nos está encaminando hacia lo que la doctrina del Tribunal Constitucional, también asumida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denominan “efecto del desaliento”.
Con este panorama político Alternativa Socialista (AS) es un partido que lucha, sin desalentarse, por la igualdad en libertad y por una democracia verdadera y justa. A través de una labor constante, consecuente y dilatada en el tiempo Alternativa Socialista (AS) agrupa a colectivos territoriales y marcas locales socialistas. Personas con un objetivo común la justicia social que trabajan por sus vecinos y con sus vecinos desde la igualdad y la libertad. Nos conformamos y consolidamos día a día como una ALTERNATIVA SOCIALISTA.