José Ramón Carrillo
{mosimage}Canarias está sumida en una profundad incertidumbre, el momento político en el que estamos es que nadie es ya capaz de predecir cómo será nuestro futuro a largo plazo. Las políticas que se han llevado a cabo hasta las fechas, tanto económicas como sociales o de otro tipo, han sido nefastas e incapaces de acertar en la mayoría de los casos. En consecuencia los canarios padecemos un retraso absoluto en todas las áreas en comparación con las más avanzadas autonomías del resto del estado.
Ahora con la irrupción de nuevas fuerzas políticas que llevan en sus programas auténticos cambios de modelos sociales y económicos, que de ser viables políticamente afectaran en mayor o menor medida a los actuales sistemas culturales, a las personas y a las empresas, habrá que observar hasta qué punto la clase gobernante estará predispuesta a asumir esos cambios y adaptarse a hacer una nueva política, más transparente y democrática, escuchando la voz del pueblo que exige muchos cambios y siendo coherentes con los planteamientos de las fuerzas minoritarias, que a buen seguro plantearan diversas incomodas cuestiones, para no dejarlos a unos y a otros aparcados en los discos duros de sus ordenadores, como ya ha ocurrido en pasadas centurias con muchos planteamientos políticos de la oposición y ILP impulsadas por la propia ciudadanía.
El papel de las cámaras de comercio será fundamental para esta próxima legislatura, no se puede seguir legislando bajo la presión empresarial, porque no son estos los únicos agentes activos de nuestra sociedad. El sector empresarial debe empezar a asumir los cambios y no a exigir como está acostumbrado para sacar adelante sus suculentos proyectos que hasta la fecha solo han servido para enriquecer muchísimo a unos pocos privilegiados, y empobrecer al resto, con fórmulas como la oscurantista RIC.
Las cámaras de comercio y otras asociaciones empresariales, deberán buscar nuevas fórmulas adaptándose y evolucionando para controlar lo que realmente les compete, no irrumpiendo en la política con exigencias que no benefician al interés general, sino a sus grupúsculos de inversores.
Las empresas que operan en Canarias deberán trabajar en la búsqueda de un escenario más amplio que el meramente económico, tienen que asumir que su tejido productivo también está formado por personas y que detrás de estas personas existen familias que tienen la responsabilidad de educar a unos hijos que son el futuro y la esperanza de nuestra tierra.
Pero todo esto es imposible hacerlo bien si no se plantea adecuadamente la diversificación de la riqueza y se permite la sobreexplotación del proletariado por las grandes multinacionales, donde en muchas de ellas no existen a día de hoy ni sindicatos para velar por los intereses de los trabajadores.