La Justicia condena al Ayuntamiento de Santa Cruz a pagar al expersonal de Mararía

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Más de 100 sentencias obligan de forma solidaria al Consistorio a asumir los sueldos que no abonó la empresa de ayuda a domicilio

{mosimage}Laopinión.- El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido condenado solidariamente en más de un centenar de sentencias del Juzgado de lo Social a abonar parte de los sueldos que la Cooperativa Mararía debía a sus trabajadoras cuando en agosto de 2012 cerró sus puertas por una deuda con la Seguridad Social, la cual asciende a tres millones de euros. Esta era la empresa a la que el Consistorio chicharrero tenía encargada la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio.

En 2014, la Corporación local tuvo que destinar al cumplimiento de estos fallos judiciales 346.000 euros y ya en la que va de año, el Ayuntamiento ya se ha gastado otros 105.000 euros. Aún quedan unos treinta procedimientos judiciales por resolver, pues las 180 empleadas de Mararía presentaron el recurso correspondiente. En total el Consistorio tendrá que abonar más de 500.000 euros.

La concejal en funciones de Asuntos Sociales, la socialista Alicia Álvarez, quiere dejar claro que la Justicia ha condenado al Ayuntamiento de manera "solidaria", es decir, porque la Cooperativa Mararía no realizó sus obligaciones. "El Consistorio no ha hecho nada malo, pero la Justicia entiende que alguien debe pagar los sueldos pendientes a estas trabajadoras, pues Mararía se ha declarado insolvente. Lo positivo de estas sentencias es que las empleadas de la Cooperativa por fin cobrarán el dinero al que tienen derecho y lo negativo es que el Ayuntamiento tiene que volver a abonar lo que ya en su momento ingresó a Mararía para que lo destinara a los sueldos y a la seguridad social. Sin embargo, la empresa no lo hizo y, ahora, la Corporación local se ve obligada a pagar dos veces", explica la concejal socialista.

La también responsable del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) asegura que el Consistorio chicharrero hará todo lo posible para recuperar todo ese dinero a través de Mararía, una empresa que ha desaparecido como tal. Asimismo, aclara que estas sentencias condenan al Ayuntamiento de Santa Cruz a abonar una parte de los sueldos, pues el resto se cobrará a través del Fogasa (Fondo de Garantía Social).

"Sin duda, las víctimas de lo que pasó con la Cooperativa Mararía fueron las 180 trabajadoras y los 1.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio. El Ayuntamiento debe responder ante estas personas, pero se debería castigar al culpable. El Consistorio no tiene culpa de que Mararía no haya cumplido con sus obligaciones y que haya tenido que cerrar sus puertas porque tenía una deuda con la Seguridad Social de tres millones de euros", apunta Alicia Álvarez.

Seguridad Social

Precisamente, la concejal de Atención Social en el municipio chicharrero admite que el procedimiento judicial que realmente le preocupa es el que el Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene con la Seguridad Social, porque esta le exige que abone los tres millones de euros que le debe la Cooperativa Mararía. "Este si nos da miedo porque estamos hablando de una elevada cantidad de dinero. El Consistorio peleará hasta donde sea necesario para no tener que volver a abonar una cantidad que ya en su momento entregó a Mararía", indica la edil. Añade que muy pronto se dará a conocer la sentencia sobre este caso, "y esperamos que nos sea favorable", dijo.

La responsable del Instituto Municipal de Atención Social recuerda que lo que sí consiguió la Corporación local tras las negociaciones con el sindicato UGT fue que las trabajadoras retirasen la denuncia con la que exigían la reversión del servicio. Casi dos años después de que Mararía cerrase sus puertas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en junio de 2014, tras un largo y polémico proceso, adjudicó a una nueva empresa la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio, dirigido a vecinos dependientes, personas mayores o que tienen alguna discapacidad.

Contratos

La seleccionada entre las nueve entidades que se presentaron al concurso público convocado por el Consistorio chicharrero fue Eulen, cuya propuesta fue la que más puntuación obtuvo sobre todo porque se comprometió a contratar a como mínimo 162 personas. Entre estos trabajadores, destaca la concejal de Atención Social, se encuentran muchas de las exempleadas de Mararía. Ahora también podrán cobrar el dinero que la Cooperativa no les pagó.

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