Santiago Pérez
{mosimage}Nadie me consultó para colocar al Ayuntamiento de La Laguna en el primer puesto del ranking de transparencia. Pero cuando veo los alardes de transparencia, me viene siempre a la memoria cómo se preparaban las cosas en los cuarteles, en los de antes, para pasar la revista.
Me creería lo de la transparencia de Clavijo (y, de paso, de su mentora), si con una infinitésima parte del dinero que gastan cada año en publicidad y propaganda, si con una milésima del tiempo de trabajo de la docena de periodistas que trabajan para el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento hubieran informado a los laguneros sobre los 70 millones de deuda black que afloraron entre 2012 y 2013 y que dieron la vez al Ministerio de Hacienda para intervenir al Ayuntamiento hasta 2023. ¿Por qué no figuraban reconocidos oficialmente en 2011, cuando muchas de esas deudas –por ejemplo, con la empresa Urbaser, 15 millones de euros– se remontaban a 2003?
Si hubieran informado de que durante la próxima legislatura, La Laguna tendrá que pagar 13.700.000 euros al año “con carácter absolutamente prioritario” (Ley de Estabilidad Presupuestaria) para devolver los préstamos bancarios que hubo que solicitar para pagar un endeudamiento multiplicado súbitamente por tre.
Me creería lo de la transparencia, si hubieran informado de que la presión fiscal por habitante en La Laguna figura todos los años, según la auditoría del Gobierno de canarias, muy por encima (20%) de la media de los municipios canarios y, por el contrario, la inversión municipal ha llegado a estar por debajo de la mitad de la media de los ayuntamientos del Archipiélago.
Me creería lo de la transparencia si hubieran informado de que el gobierno municipal CC-PSOE se ha venido gastando más de un millón de euros al año en publicidad y propaganda, cuando (a título de ejemplo) apoyan la agricultura y la ganadería con solo 200.000 euros o a Cáritas con 28.000 al año.
Me lo creería si, en medio de la campaña propagandística del PGO que intentaron aprobar, hubieran puesto sobre la mesa que iba a destruir más de 6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola en La Vega de Aguere, Guamasa, Tejina, Valle de Guerra, Los Rodeos o Los Baldíos que deben ser protegidos con la legislación canaria en la mano, para calificar tanto suelo urbanizable que La Laguna podría albergar 338.000 habitantes en lugar de los 151.000 actuales (Informe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento). Dar esa mera información en lugar de estar cacareando todo el día que “vamos a hacer más ciudad de la ciudad y más campo del campo”, a través de la propaganda oficialista.
Me lo podría creer si hubieran informado a los laguneros que, entre 2008 y 2013, es decir a lo largo de la Crisis, han incrementado en 65 millones de euros la recaudación del IBI (según el Informe de Intervención al Presupuesto para 2015) aprovechando la actualización de valores catastrales, cuando la Ley de Haciendas Locales les permite suavizar el esfuerzo fiscal de familias y empresas a base de reducir el tipo impositivo como he propuesto reiteradamente.
Me lo creería si no siguieran desobedeciendo (Informe de Intervención al Presupuesto de 2015) la Ley general de Subvenciones, que es una Ley estatal, y hubieran aprobado el Plan de Subvenciones, para garantizar la objetividad y la igualdad de oportunidades de entidades, personas, familias y empresas a la hora de recibir ayudas públicas del Ayuntamiento y desterrar el reparto arbitrario de dinero público.
Podría seguir con un interminable etcétera, pero aquí me quedo: me lo creería si Fernando Clavijo no hubiera sido discípulo dilecto de su mentora a la hora preparar –aprovechando los tiempos de crisis– un cóctel, explosivo contra la libertad y el pluralismo informativos, a base de derroche en publicidad y propaganda, precariedad financiera de les empresas editoras y precariedad de los profesionales de la información.
Seguramente este artículo no tendrá ni de lejos la difusión que ha tenido el artículo “La Transparencia en La Laguna…”, de Clavijo. Pero así es la vida.