El periódico Diario de Avisos se hace eco del atropello contra Radio San Borondón
{mosimage}Transcribimos a continuación, íntegramente, las declaraciones que ha publicado el Diario de Avisos este domingo, en su sección de cultura, a una portavoz del Centro de la Cultura Popular Canaria, denunciando la persecución política del Gobierno Canario contra este medio.
DA. J.F.J
Anabel Leal, portavoz del personal del Centro de la Cultura Popular Canaria, denuncia el empeño obsesivo del presidente Paulino Rivero por cerrar la emisora
El personal de la casa lo tiene claro: “Esto es una persecución política”. Y todos apuntan al mismo responsable: el presidente del Gobierno, Paulino Rivero. “Desde hace tiempo, se marcó como objetivo cargarse nuestra emisora”, asegura la portavoz del equipo del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) y Radio San Borondón (RSB), Anabel Leal.
La puntilla podría estar a la vuelta de la esquina: el pasado lunes fueron embargadas las cuentas de la asociación. Casi 40 años de actividad y todos los puestos de trabajo se tambalean. El expediente sancionador que le abrió en septiembre de 2013 el Ejecutivo autónomo, por seguir emitiendo tras quedar eliminados en el concurso de licencias de radio de 2011, no admite más pleitos ni dilación.
Abonan los 122.476,05 euros que se les reclama en concepto de multa más recargos o en fechas próximas se verán abocados a echar el cierre. Una medida tan desproporcionada como ilegal, denuncian los afectados. “Pese a que hay más de 100 emisoras en las mismas condiciones que nosotros, somos prácticamente los únicos a los que se les plantea está drástica penalización”, cuenta Leal.
“Les preguntamos cuál era el criterio objetivos y el plan de inspección y nunca nos lo han comunicado. Primero nos dijeron que era por orden alfabético, luego al azar. Está claro que su única voluntad es cerrar esta emisora”. De nada han servido las sucesivas alegaciones y recursos presentados, ni la última solicitud de un periodo de aplazamiento, al objeto de intentar reunir, con la colaboración popular, la cantidad reclamada.
“No tenemos el dinero ni los bancos nos avalan por ese importe. Lo que hemos hecho es pedir cuatro meses de prórroga, presentando la hipoteca de nuestra sede como garantía, ya que vale más que la sanción propuesta. Pero tampoco nos han hecho caso”. Las cuatro fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias (CC, PSOE, PP y NC) también han intentado mediar en el conflicto, expresado en la cámara su apoyo a Radio San Borondón, y tampoco ha servido de nada.
“Lo hemos intentado todo hasta la extenuación, incluso nos hemos sentado con el señor Hernández Spínola. Todos los grupos del Parlamento pidieron la paralización de las sanciones hasta que haya sentencia firme del concurso , pero el gobierno hizo caso omiso. Sería un escándalo que, al final, unos representantes públicos que se autodefinen como democráticos y que defienden lo de aquí se acaben cargando una institución como esta”. Ante tanto atropello, han decidido judicializar el caso, con la colaboración desinteresada de varios abogados, entre ellos, Felipe Campos.
Leal está segura de que la Justicia acabará dándoles las razón, pero teme que ésta llegue cuando ya sea tarde. “Aquel concurso de licencias estuvo lleno de chanchullos e irregularidades, y se judicializó por lo penal. Todavía hoy el proceso está abierto. Solo pedimos tiempo hasta que se aclare este asunto. Si el embargo llega sería la inmediata desaparición de la radio y, seguidamente, del Centro de la Cultura Popular Canaria. Aun sin sanción, ya estábamos en una situación muy complicada: hoy somos seis trabajadores pero llegamos a ser cincuenta”.
No disponen de subvenciones ni ayudas. “Hay emisoras con una décima parte de nuestra audiencia que, sin embargo, están llenas de publicidad institucional. Hay empresas que nos han llegado a reconocer que no nos contratan publicidad para no incomodar al Gobierno”. Sus únicos ingresos proceden de la edición y venta de libros y discos y el alquiler de equipos de sonido. El personal del Centro de la Cultura Popular Canaria no pierde la esperanza de que el cambio de Gobierno, tras las próximas elecciones de mayo, sirva de punto de inflexión. “Cualquier gobierno que sustituya al actual, si es democrático, debe paralizar este proceso. Va en contra de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.
El apoyo que están recibiendo de la sociedad civil es lo que más valoran. “Hemos sido apoyados por más de cien colectivos y miles de personas. También estamos pidiendo firmas y hemos abierto una cuenta bancaria para recoger financiación. Ese dinero, si ganamos el proceso judicial, lo devolveremos”. La portavoz del personal de RSB se declara muy orgullosa del trabajo realizado en estos años: “No se puede hablar de Cultura canaria sin tener en cuenta la ingente labor desarrollada por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Somos la mayor editorial y discográfica del archipiélago, organizamos un acto cada día y hemos dado voz a cientos de colectivos y ciudadanos que no encontraban eco en otros medios. Radio San Borondón también ha sido clave para dar luz a las corruptelas que había en casos como los planes generales de Santa Cruz y La Laguna, el Puerto de Granadilla o el asunto del mamotreto de Las Teresitas”, subraya.
Denuncia contra el Ejecutivo autónomo
Fue el pasado día 30 marzo, cuando Radio San Borondón conoció que sus cuentas han sido embargadas por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. La multa inicial de 101.000 euros ha pasado así a convertirse en más de 122.000 euros, al añadirse un extra en concepto de recargo. La medida puede volverse ahora en contra el propio Ejecutivo de Paulino Rivero. Mañana, lunes, los abogados de San Borondón presentarán denuncia contra el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia , al considerar que este paso es claramente ilegal. “Hasta que el juez no se pronuncie sobre nuestra ultima solicitud, en la que hemos presentado la sede de la asociación como garantía, no pueden ejecutar nada. Es ilegal. Mientras esto no suceda, el expediente permanece suspendido. Incluso nos han reconocido, en diversas conversaciones que se han extralimitado”. La denuncia va dirigida a los funcionarios responsables de ejecutar una sanción suspendida judicialmente, por prevaricación y delito contra los derechos fundamentales, dice Anabel Leal.
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