Miles de parados podrán solicitar la revisión de las solicitudes denegadas

Ante las denuncias sindicales, el Gobierno corrige algunos criterios restrictivos en la aplicación de la prestación económica del Programa de Activación para el empleo

{mosimage}SB-Noticias.– El Acuerdo de Diálogo Social suscrito por las organizaciones sindicales, empresarios y el gobierno el pasado 15 de enero dio lugar a una nueva prestación para personas desempleadas de larga duración con responsabilidades familiares. Estas personas, cerca de 400.000 en todo el Estado, pueden solicitar el Programa de Activación para el Empleo.

Quienes reúnan los requisitos recibirán una ayuda de 426 euros durante 6 meses, a la vez que participan en las medidas contempladas en el itinerario personalizado de inserción que defina el tutor asignado por el servicio público de empleo. La duración del programa es, en principio, hasta abril de 2016.

COO ha venido denunciando desde el inicio del programa algunos problemas de interpretación de la norma, que podían dejar fuera a personas que cumplen los requisitos. Estos problemas eran, fundamentalmente, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) consideraba que la última prestación percibida tenía que ser necesariamente el PRODI, el PREPARA o la RAI. CCOO nos dirigimos al Ministerio de Empleo y Seguridad social denunciando que la norma no recoge este requisito.

El sindicato ha vuelto a denunciar esta situación en la última Comisión Ejecutiva del SEPE celebrada en el mes de marzo. En dicha reunión la Administración ha confirmado que se ha atendido esta reclamación y cambiado el criterio restrictivo original, dando instrucciones a las oficinas de prestaciones para que reconozcan esta prestación a los solicitantes que hayan agotado cualquier prestación y cumplan el resto de requisitos. Este cambio permitirá revisar de inmediato más de 3.000 personas que ya habían visto denegada su solicitud por esta causa y podrán volver a solicitarla. Asimismo afectará a otros muchos miles de personas que cumplirán los requisitos durante el resto de vigencia del programa, hoy fijada hasta abril de 2016.

CCOO ha insistido también en la necesidad de contar con una información periódica, clara y detallada del desarrollo del programa. Los últimos datos señalan que hasta mediados de marzo se han recibido cerca de 70.000 solicitudes, de las que han sido aprobadas definitivamente en torno a un tercio y han empezado a cobrar los 426 euros. Aún no hay datos  sobre el desarrollo de los itinerarios a cargo de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas y sobre los contratos que se puedan haber realizado al amparo del programa.

Para CCOO el cambio de criterio responde a lo establecido en la norma y permitirá el acceso a mayor número de personas. El desarrollo del programa está en sus comienzos pero ya se detectan problemas, principalmente por el incremento de la carga de trabajo para los trabajadores de las oficinas de empleo y por criterios administrativos, que ahora parecen empezar a corregirse, que estaban dificultando el acceso a muchas personas con problemas para encontrar empleo y para subsistir.

CCOO reitera la necesidad de que se aborde una solución para estas situaciones y exige al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Social en los términos en los que fue suscrito, de forma que se garantice de forma inmediata y ágil el acceso a esta prestación de los desempleados de larga duración con cargas familiares que tienen derecho a ello.

 

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El Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado, en un auto conocido este jueves, todas las medidas cautelares solicitadas por los dirigentes de Comisiones Obreras Canarias a los que esta organización suspendió cautelarmente de militancia. Entre otras medidas, se pedía la suspensión del congreso de Comisiones Obreras Canarias previsto para el mes de junio.

Como se recordará, la suspensión cautelar de militancia fue la consecuencia del congreso de fusión de la Federación de Comercio y Hostelería y Turismo (Fecoht) y la Federación de la Banca y Servicios Financieros (Comfia). Comisiones Obreras fundamentó la suspensión cautelar en el incumplimiento de los requisitos de legalidad necesarios en la celebración del congreso.

Los dirigentes expedientados pidieron el amparo de los juzgados de lo social de Tenerife invocando el derecho fundamental a la libertad sindical y pidiendo a la justicia que se les restituyera en la militancia y que se suspendieran cautelarmente los congresos de fusión de Comfia y Fecoht de Canarias y el Congreso regional de Comisiones Obreras previsto para el próximo mes de junio. El Juzgado de lo Social ha venido a desestimar estas tres medidas por entender que, con la suspensión cautelar de militancia, no se produce ninguna vulneración de derecho fundamental y, mucho menos el de libertad sindical. Según entiende el juez, la medida disciplinaria adoptada por Comisiones Obreras no produce ningún perjuicio a los intereses general de los trabajadores, que es lo que protege ese derecho fundamental.

Comisiones Obreras Canarias reitera su confianza en los procedimientos de resolución de conflictos puesto en marcha por la ejecutiva federal, procedimientos que, como confirma el presente auto, no vulneran derecho fundamental alguno.