El letrado no sale de su asombro por las chapuzas de un gobierno que demuestra una vez más que está desesperado por conseguir que desaparezca Radio San Borondón
{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista
SB-Noticias.- Este lunes por la mañana volvía a marcarse un nuevo hito en la historia de Canarias al perpetrar el gobierno regional otro acto contra la democracia y derechos fundamentales de Radio San Borondón al dar orden de embargo de las cuentas sin que se haya pronunciado el juez sobre el aval presentado hace días.
Ante este hecho, anuncia que en representación de los intereses de la emisora este martes se interpondrá un recurso de nulidad ante el Gobierno regional, dicho lo cual muestra su indignación por la celeridad del gobierno en ejecutar una multa antes de que se pronuncie el juez sobre el tema del aval.
Recuerda Campos que la decisión de denegar las medidas cautelares fue recurrida, pero es que en esa decisión el juez suspendió la multa temporalmente para que Radio San Borondón pudiera presentar garantías (aval), siendo un hecho que el TSJC no ha levantado esa suspensión, pero la Administración ya ha ejecutado este lunes la multa.
“Estamos ante una absoluta ilegalidad cometida por el gobierno de Canarias, por ello mañana interpondremos recurso”, añadiendo que están estudiando las acciones jurídicas pertinentes, porque insiste que cada día está más probada la persecución existente contra Radio San Borondón, conculcando derechos fundamentales, consagrados en la constitución y saltándose las propias leyes.
Tras recordar que el Gobierno ya trató de cerrar de forma ilegal Radio San Borondón hace algunos meses, por lo que estamos ante un segundo paso ilegal, por lo que sugiere tomar medidas penales por acciones de unos funcionarios que se desviven por dar cumplimiento a la orden gubernamental de acabar con Radio San Borondón, saltándose la Ley.
“La sanción contra Radio San Borondón está suspendida por el TSJC, pese a lo cual el gobierno de Canarias la ha ejecutado este lunes”, tras lo que llama la atención sobre el hecho de que cuando Remedios Sosa, coordinadora del CCPC, fue a pedir copia de la resolución del embargo, la funcionaria le dijo que no conocía el auto judicial que ha suspendido la sanción, cuando a la Administración se le ha notificado ese hecho.
Criticó también que la Administración haya denegado una copia de la resolución del embargo con el argumento de que solo se lo pueden dar al representante legal, cuando se lo tienen que dar al ser representante de la empresa afectada: “No quieren dar copia de la resolución porque son conscientes de la ilegalidad que han cometido”
Ningún demócrata puede entender la inquina y la celeridad que el gobierno de Canarias tiene por tratar de cerrar un medio de comunicación, saltándose la legalidad y añade que lo peor es que detrás de esta chapuza está el PSOE, partido que presume de defensor de los derechos democráticos.
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