{mosimage}SB-Noticias.- Lola Padrón subraya que el PSOE “continuará apostando por un modelo basado en la renovación y en los incentivos, como forma de preservar la fragilidad del territorio, generar empleo y mantener un sector que representa el 30 por ciento del PIB y es referente dentro de los estándares de calidad internacionales”.
Como recordó, el artículo 12 de la ley 2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo se modifica en la disposición adicional segunda de esta ley, que permite el traslado de determinadas infraestructuras hoteleras a suelo patrimonializado para recuperar suelo urbano y cualificar la zona con otro tipo de servicios. Además, respecto a los hoteles de cuatro estrellas, dijo que “no existe barra libre para construirlos, ni para éstos ni para ningunos, porque se tendrán que construir en suelos calificados ya turísticamente y con los derechos urbanísticos adquiridos”.
Padrón resaltó que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en flexibilizar la edificabilidad y densidad máxima de parcela. “Aún así, creemos que en zonas muy obsoletas y colmatadas como Puerto de la Cruz habría que plantearse rebajar la densidad máxima por parcela establecida en un 40 por ciento, algo que se podría plantear en el trámite de enmiendas”, señaló.
Durante el debate parlamentario, Padrón aseguró que esta norma “no pone en peligro el futuro del sector en las islas, como sí lo hace aventar las trasnochadas banderas del insularismo que algunos grupos de la Cámara, en connivencia con determinados intereses económicos, empuñan contra el Gobierno de Canarias”. Aseguró que el Grupo Socialista “continuará apostando por un modelo basado en la renovación y en los incentivos, como forma de preservar la fragilidad del territorio, generar empleo y mantener un sector que representa el 31,2 por ciento del PIB y es referente dentro de los estándares de calidad internacionales”.
Como recordó, el PSOE defendió en octubre pasado, cuando se conocieron los resultados de la evaluación la ley, que se realizasen las modificaciones necesarias para mejorarla, “y las hemos hecho buscando el consenso con los partidos de la oposición, que se han cerrado a cualquier intento de acuerdo, y con todas las partes implicadas, ninguna de las cuales pide la devolución del documento”. Tras subrayar el afán conciliador del PSOE en cuanto a los modelos de desarrollo turístico de cada isla, lamentó que “otros” sigan “anclados en un modelo liberalizador que nada tiene que ver con el objetivo de aspirar a situarnos en parámetros de futuro y de excelencia”.
Lola Padrón recordó la defensa constante de los socialistas por la prohibición de clasificar nuevos suelos y vincular el consumo de los ya clasificados a la renovación y la calidad. Explicó que con la evaluación de octubre “quedó claro que se había cumplido ese objetivo, pero también que había aspectos que debían mejorarse”. El uso de otros parámetros urbanísticos, la revisión de cada uno de los ámbitos a rehabilitar, la adopción de mecanismos para agilizar los trámites o la disposición de incentivos para atraer la apuesta empresarial por la modernización frente a la nueva construcción fueron algunos de los aspectos, dijo, que requerían una mejora, así como la inclusión de sanciones para los infractores de la norma.
“Por todo ello, se ha modificado el apartado a) del artículo 4.2 para incidir en que los establecimientos deben apostar por un modelo de excelencia y ecoeficiencia con el mínimo impacto medioambiental en consumo de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos, por poner ejemplos”, continuó Padrón, quien reiteró que “máxima calidad y máxima eficiencia energética es que defiende esta reforma”.
Por otra parte, destacó la necesidad de que Canarias, como uno de los primeros destinos turísticos de calidad, logre hacer frente a las cifras del paro, “motivo por el que los establecimientos deberán suscribir con el Servicio Canario de Empleo un convenio para la formación continua de su personal y para facilitar la formación de desempleados, en el marco de la estrategia de empleo de Canarias, para incorporarlos posteriormente a su plantilla”.
La diputada negó que la norma favorezca el intervencionismo o impida el ejercicio de la libertad empresarial. “Lo que existe es un intervencionismo partidista para frenar esta apuesta por un desarrollo en equilibrio, un liberalismo mal entendido que conduciría al consumo a la carta del suelo de Canarias”, afirmó. Frente a ello, dijo, “tenemos a un Gobierno que salvaguarda el interés general por encima de algunos empresariales concretos”. Subrayó que “no todas las empresas creen que se esté vulnerando la igualdad de oportunidades” y recordó que “las normas del juego son para todos”.
En definitiva, hizo hincapié en que el PSOE “no es inmovilista y ha apoyado cambios que benefician al conjunto de la sociedad, mientras que otros siguen instalados en el no porque no”. Padrón quiso reiterar la necesidad de que la mejora de la norma se vincule a la creación de empleo e insistió en el rechazo de los socialistas a las “apuestas por un inmovilismo arcaico” de los grupos de la oposición.
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Lola Padrón, afirmó este jueves que la ley de municipios de Canarias “será un ejemplo de participación, transparencia y cercanía a los ciudadanos”. Añadió que constituye un “hecho histórico” su aprobación por consenso y resaltó el hecho de que haya sido posible en esta legislatura, con el PSOE formando parte del Gobierno regional tras 18 años en la oposición.
“Con esta ley, nuestro parlamento dota a los municipios de una buena herramienta para garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y abandera la proximidad y cercanía de éstos a la ciudadanía, demostrando su sensibilidad y preocupación por lo local, lo cercano, lo más real”.
También aludió al texto como una “norma fundamental, pues será un pilar básico de la ordenación administrativa de los próximos años”. En su intervención parlamentaria para defender la postura del PSOE, destacó la labor de consenso desarrollada con los municipios canarios a través de la Fecam para sacar adelante la iniciativa, así como su impulso desde la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional.
De entre las virtudes de la norma, Padrón resaltó el hecho de que clarifique el sistema competencial de la administración municipal en relación con la autonómica e insular, que impulse la descentralización competencial para acercar la prestación de los servicios públicos, que simplifique el funcionamiento de los municipios y demás entes municipales, adaptando su administración a las nuevas tecnologías y que incorpore la transparencia a las administraciones locales.
La parlamentaria del PSOE también puso en valor que con esta ley se pretenda mejorar la situación del sector público municipal canario en todos los órdenes: competencial, organizativo y de funcionamiento, incluyendo aspectos de procedimiento administrativo y de régimen jurídico y, al mismo tiempo, establecer los instrumentos necesarios para fortalecer la autonomía local, condicionada en gran medida por la ley estatal de racionalización y sostenibilidad local.
Expuso que la regulación comienza proclamando la autonomía municipal en sus distintas manifestaciones y regulando las materias de competencia municipal, estableciendo, en primer lugar, los principios a que se sujeta su atribución e incidiendo especialmente en aquéllos que completan los ya establecidos por la ley básica. A partir de estos principios, continuó, la ley reconoce un elenco de materias en las que se ha detectado la presencia de un interés preponderantemente municipal porque afectan al círculo de intereses específicamente local, de orden vecinal, cubriendo y solventando los vacíos que en la materia figuran en la ley básica estatal.
“Se ha configurado un conjunto normativo armónico con el ordenamiento básico que, sin reproducirlo, lo completa en aquellos aspectos que se considera que precisan de una mayor regulación en lo que atañe a la organización, funcionamiento y régimen jurídico de los municipios y demás entidades que integran el sector público municipal de Canarias”, expuso. Destacó que la ley persigue una mayor presencia de la ciudadanía en los asuntos del sector público municipal de Canarias.
Para ello, precisó, dedica un título a la participación ciudadana y a la transparencia. En el primer caso, se desarrollan los órganos de participación y los instrumentos para hacerla efectiva, y en el segundo, tras establecer el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, se hace una remisión a la legislación canaria en materia de transparencia para la determinación de los sistemas que han de ser objeto de publicidad administrativa.
Por último, hizo hincapié en la interesante previsión que hace de los presupuestos participativos, que permitirán a los vecinos que puedan formular programas de necesidades que serán analizados por la corporación, constituyendo un ejemplo claro y contundente del ejercicio de una democracia verdaderamente participativa.
