No descartan que a buena parte de los gobiernos recientes del PSOE en Granadilla acaben imputándoles por delitos de prevaricación urbanística
{mosimage}SB-Noticias.- El concejal de Sí se puede en Granadilla, Antonio Cabrera, ha dado detalles del procedimiento judicial iniciado por el que se imputan a 15 personas, empezando por el actual alcalde del municipio, Jaime González Cejas, varios concejales actuales y de anteriores corporaciones, técnicos y empresarios.
En el caso se recogen diversas irregularidades de todo tipo que han dado como resultado, la apertura de juicio oral y la posibilidad, tal como están las imputaciones en la actualidad, a que los afectados queden inhabilitados para cargo público entre 7 y 10 años. Cabrera no descarta que el proceso final acaben imputándoles a buena parte de los gobiernos recientes del PSOE en Granadilla un delito de prevaricación urbanística, que podría acabar con penas de cárcel.
El edil ecosocialista recuerda que este caso se mantuvo vivo por el Ayuntamiento durante el mandato 2007-2011, donde Sí se puede formó parte del Gobierno, quedando posteriormente la formación de izquierdas granadillera como única acusación particular en esta causa.
Antonio Cabrera indica que estas imputaciones demuestran la falsedad de las declaraciones de los responsables del PSOE en el municipio en marzo de 2012, sobre que estos hechos estaban archivados y que solo era un ataque contra su organización. “La justicia encuentra en este asunto varios supuestos delictivos, esa es una realidad de unas prácticas que parecen al servicio de intereses privados, que esperamos vaya quedando ratificada por los siguientes pasos judiciales”, explica.
Desde Sí se puede aseguran que todavía no hay fecha para el juicio oral, aunque entienden que la magnitud de las imputaciones debería hacer actuar a los responsables del PSOE en Canarias y especialmente a su candidata, Patricia Hernández, que tuvo un gran apoyo de los alcaldes del Sur de Tenerife y que “ahora debería de responder aplicando el código ético que su partido está aplicando en otros procedimientos similares, si de verdad quiere hablar de regeneración política”.
Cabrera cree finalmente que el alcalde, Jaime González Cejas, “debería dedicarse menos a mentir y más a asumir sus responsabilidades como imputado de cara a las próximas elecciones, ya que en estos momentos está siendo procesado y se encuentra en la antesala del juicio oral”.
Sí se puede en Tegueste rechaza las justificaciones que esgrime el alcalde para no abrir la Escuela Infantil, alegando falta de financiación del Gobierno de Canarias, puesto que ningún municipio de Canarias recibe subvención para escuelas infantiles desde el año 2013 y sin embargo muchos de ellos mantienen ese servicio público tan importante para el adecuado desarrollo infantil y para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de una parte muy significativa de la población canaria, en general, y teguestera, en particular.
Manuel Antonio Martín, concejal de Sí se puede en Tegueste, declara que las excusas del alcalde, aludiendo a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad o la del Plan de Ajuste, que aprobó su equipo de gobierno con mayoría absoluta en el Pleno municipal, para no abrir esta instalación, son falsas. Recuerda que el Gobierno municipal ha puesto en marcha otros servicios que no son obligatorios para el Ayuntamiento, como el de información turística, algo que sucedió recientemente.
La formación política cuestiona por qué en Tegueste no se abre una Escuela infantil pública y en municipios como Buenavista, Candelaria, Puerto de la Cruz o Santa Cruz se mantienen abiertas a pesar de la inexistencia de subvenciones de estar regidos por las mismas leyes de racionalización económica.
El concejal teguestero cree que el equipo de Gobierno carece totalmente de ideas y de empuje para buscar soluciones innovadoras en la gestión pública en la coyuntura actual. “Permanecen estancados en una forma de hacer política arcaica y continuista que les permita mantener su estatus, a pesar del lastre que significan para el interés público”, manifiesta.
Mayca Coello, concejala de Sí se puede en Candelaria, manifiesta que el contrato de prórroga de Aqualia, aprobado en exclusiva por el PSOE en mayo pasado, permite que Aqualia gestione directamente el canon de 600.000 euros sin que éste sea ingresado en las arcas municipales.
Según Coello, “tras un minucioso estudio de los presupuestos que el Gobierno de Candelaria ha presentado para este año, descubrimos que en ningún sitio aparecen los 600.000 euros que la empresa privada Aqualia nos debe este año a todos los vecinos y vecinas de Candelaria en concepto de canon por la renovación del contrato”. La edil asegura que esto coincide con las condiciones pactadas entre el grupo de Gobierno y Aqualia el pasado mes de mayo, que culminó en la prórroga del contrato por 10 años más.
La concejala de Sí se puede cuestiona la legalidad de este acuerdo que abre la puerta a que Aqualia autogestione, como ya ha hecho en otras ocasiones, un dinero público sin control ni fiscalización municipal. Además las obras que se realicen con cargo a este dinero no cumplirán con la Ley de Contratos del Sector público y, por tanto, carecerán de la transparencia que esta norma básica conlleva”. En la formación ecosocialista se preguntan qué interés mueve “esta estudiada opacidad y cuántas obras va a realizar Aqualia con cargo a ese canon, teniendo en cuenta el elevado coste de las que ha ejecutado esta empresa, como es el caso del techo del depósito de Romano en Barranco Hondo, que costó la friolera de 150.000 euros”.
Otra cuestión denunciable – continúa la concejala- es por qué no se ha dado cumplimiento todavía al acuerdo adoptado por unanimidad, a propuesta de Sí se puede, en el Pleno de septiembre del año 2013. Indica que todos los partidos políticos acordaron que el Ayuntamiento de Candelaria asumiría a fecha uno de enero de 2014, el cobro de la tasa de la recogida de basura que viene realizando ilegalmente Aqualia ya que una empresa privada no puede recaudar una tasa pública, sin el control de un funcionario público. “Este incumplimiento de la legalidad y de un acuerdo plenario que la reconoce, es un claro ejemplo de prevaricación porque sabiendo de la ilegalidad manifiesta de un procedimiento, y existiendo un acuerdo plenario, éste se ha ignorado durante más de un año”, manifiesta.
Mayca Coello concluye que “el Ayuntamiento de Candelaria se ha puesto una vez más al servicio de Aqualia, y éstas son las consecuencias perversas de la publicitada quita de deuda acordada en mayo, que hipotecará el futuro de la gestión del agua en nuestro municipio”.
